El juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca investiga a Gabriel Mbega Obiang Lima, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang, por blanqueo de capitales y fraude fiscal. Una empresa portuguesa habría pagado hasta 10 millones de euros en sobornos por una obra en Guinea Ecuatorial, que fueron supuestamente blanqueados en inversiones inmobiliarias en Mallorca.
El investigado más conocido de los ocho imputados por el juzgado balear es el segundo hijo varón de Obiang, que tuvo con su segunda esposa, Celestina Lima. Se llama Gabriel Mbega Obiang y ocupa el cargo de Ministro de Planificación y Diversificación Económica de aquel país, aunque cuando sucedieron los hechos era ministro de Minas e Hidrocarburos. Teodoro Obiang gobierna con mano férrea Guinea Ecuatorial desde 1979 cuando dio un golpe de Estado para derrocar a su tío Francisco Macías Nguema.
La operación policial bautizada como Run out del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) se saldó la semana pasada con dos detenidos pero hay hasta ocho investigados, entre ellos el segundo hijo varón de Obiang. El SVA, dependiente de la Agencia Tributaria, junto a la Polícia Judiciária portuguesa y Europol, desmanteló el pasado jueves una trama que, presuntamente, habría blanqueado desde Mallorca más de diez millones de euros con origen en obra pública de Guinea Ecuatorial, gracias a un complejo entramado societario internacional. Los agentes han puesto la lupa sobre un inmueble de lujo en Son Gual, residencia de un ciudadano holandés, cabecilla de la supuesta trama.
En España se detuvo a dos personas, incluyendo al considerado organizador de la trama, un ciudadano holandés residente en Palma, y acusados de delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal vinculados con actividades de corrupción en los negocios internacionales.
EN PORTUGAL YA INVESTIGABAN A LA CONSTRUCTORA ARMANDO CUNHA POR UNA OBRA EN GUINEA ECUATORIAL
La operación Run out arrancó a principios del año 2021, con conexiones con una investigación penal que paralelamente se había iniciado en Portugal en relación con una empresa constructora lusa, Armando Cunha S.A., y su actividad de obra pública en Guinea Ecuatorial, en concreto la construcción de un edificio en Malabo. El caso fue destapado por las investigaciones del consorcio internacional de Prensa OCCRP y publicado en el Diario Rombe, de la oposición guineana. La Policía portuguesa llevó a cabo 21 registros domiciliarios, incautando abundante documentación.
En el marco de aquella investigación en Portugal se analizaba el posible desvío de mordidas a patrimonios personales de los allí investigados de un montante cercano a los diez millones de euros. La constructora Armando Cunha SA iba a construir el «Instituto Tecnológico Nacional de Hidrocarburos» del país, donde se capacitaría a estudiantes de toda África para trabajos en la industria petrolera mientras Gabriel Obiang era ministro de Minas e Hidrocarburos. El proyecto, fue presupuestado en 81 millones de dólares, pero terminó costando 139,5 millones de dólares.
Los investigadores del Servicio de Vigilancia Aduanera en España iniciaron, a su vez, una investigación financiera sobre el considerado organizador de la trama, con el impulso de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares y dentro de una causa actualmente judicializada, sobre la que yo no pende el secreto de sumario al haberse levantado el mismo por parte del juzgado portugués.
Tras un año de indagaciones que llevaron a encontrar serios indicios de la ocultación de fondos de presunto origen delictivo en propiedades inmobiliarias en España, mediante empresas pantalla e instrumentales, el juzgado acordó en marzo de 2022 el registro domiciliario de este ciudadano holandés.
CUATRO TERABYTES DE INFORMACIÓN
La entrada y registro permitió a los funcionarios de Vigilancia Aduanera, con la colaboración de la Policía portuguesa, el apoyo operativo del Centro Europeo de lucha contra la Delincuencia Económica y Financiera de Europol (EFECC) y la participación de la Unidad Central de Auditoría Informática de la Agencia Tributaria, recoger más de 13.000 documentos en papel de interés para la investigación, así como extraer información relevante de 43 dispositivos electrónicos, con casi cuatro terabytes de información.
Además, se intervinieron nueve cuentas bancarias con más de 200.000 euros de saldos, tres vehículos valorados en más de 100.000 euros, 15 relojes de alta gama por valor de 150.000 euros y también fue embargada la propiedad de unos derechos de uso vitalicio en un club de golf valorada en más de 100.000 euros.
Igualmente, se ejecutaron órdenes de embargo y prohibición de enajenación de once inmuebles situados en Mallorca y propiedad de las sociedades investigadas por el blanqueo de capitales, valorados en más de cinco millones de euros.
La investigación «realizada a partir de la documentación incautada muestra múltiples evidencias del concierto para delinquir entre los investigados, facturas emitidas por sociedades instrumentales y contratos presuntamente falsos de consultoría, documentos y pruebas que demostrarían el desvío o mordidas del 10% del valor de la obra pública ejecutada en Guinea Ecuatorial, su posterior blanqueo a través de un entramado societario y operativas de ocultación, y el remansamiento posterior en el patrimonio controlado de forma directa o indirecta por el organizador de la trama y otros investigados», según la Agencia Tributaria española.
De acuerdo con las investigaciones que obran en la causa judicial, la trama había formado una compleja estructura societaria internacional para canalizar las comisiones ilegales, controlada a través de fideicomisos y sociedades radicadas en países como Cabo Verde, Liechtenstein, Chipre, Belice y Holanda, entre otros, remansando los fondos en inversiones controladas por el presunto organizador de la trama en España y Holanda.
El vértice de esta estructura societaria para desviar y ocultar el origen de los fondos estaría radicado en un fideicomiso de Liechtenstein, y de ahí derivaba a otro controlado por el ciudadano holandés detenido, con roles de supervisor y beneficiario.
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Según la documentación analizada por los funcionarios de la SVA, un porcentaje relevante del desvío de fondos se habría ocultado en España mediante inversiones en una promotora inmobiliaria de Palma de Mallorca. Sus administradores habrían acordado con el organizador de la trama la cesión del control de los principales inmuebles, ubicados en una urbanización situada a las afueras de Palma, por una inversión de más de 3,5 millones de euros.
Otra parte importante habría sido invertida en Holanda, utilizando sociedades pantalla para ocultar inversiones en una conocida marca de productos cosméticos, por valor de más de siete millones de euros, entre otras inversiones en negocios holandeses.
Toda esta investigación «ha resultado de gran complejidad, tanto por la dificultad de los delitos investigados como por la elaborada estructura societaria internacional, que ha requerido diversas solicitudes de información a terceros países y un importante trabajo de análisis de la operativa financiera, mercantil y societaria, junto con el procesamiento y análisis de la documentación física y digital intervenida en los registros», según explica el propio SVA en una nota.
