La Audiencia Nacional juzga a partir de este martes a 13 personas acusadas de integrar una trama que adquiría gasóleo B, con una fiscalidad reducida por sus condiciones de uso, y lo transformaba y comercializaba después como gasóleo de uso general.
La Fiscalía les imputa delitos de pertenencia a organización criminal así como hasta nueve delitos contra la Hacienda Pública, solicitando hasta 36 años y medio de cárcel para los principales investigados.
El modus operandi de la trama del gasóleo B
La trama, denominada por los investigadores como «trama Alvarado», estaba liderada por José Alvarado Martín. Alvarado dirigía una de las células más activas y se apoyaba en otros seis colaboradores directos. El grupo se hacía con el gasóleo B a través de una empresa administradora, la cual lo desviaba desde su propio almacén fiscal hacia establecimientos de distribución de hidrocarburos.
Este gasóleo era transportado a un centro clandestino de transformación de hidrocarburos ubicado en Pinos Puente (Granada) para su posterior venta como gasóleo de automoción. En el proceso de transporte, participaban varios investigados que eran chóferes de la empresa Carburantes Ecosol.
El encargado de la recepción y transformación del gasóleo B era Javier Alvarado Martín, hermano del cabecilla. El carburante transformado no solo se vendía en gasolineras propiedad de Alvarado sino que también se distribuía a otras estaciones que eran «clientes habituales» y que pagaban en efectivo.
El fraude millonario en impuestos especiales, IVA e Impuesto de Sociedades
El beneficio del fraude para los encausados residía en la diferencia de precio entre el gasóleo B y el gasóleo A, debido a la carga impositiva. La organización de Alvarado se apropiaba de la diferencia entre el precio de compra del gasóleo B y el precio de venta del gasóleo desviado, lavado y transformado en gasóleo A. El Ministerio Público cuantifica las cuotas defraudadas en impuestos especiales por esta operativa entre 2012 y 2014 en casi 2,3 millones de euros.
El fraude en el IVA se eleva a casi 2 millones de euros, y el fraude en el impuesto de sociedades a 677.000 euros. El juicio que se inicia este martes en la Audiencia Nacional promete ser uno de los más relevantes de este año. La investigación, que comenzó en 2013, ha dado lugar a la detención de 13 personas y a la incautación de importantes cantidades de gasóleo B.
El caso pone de manifiesto la complejidad de las tramas que operan en el mercado del gasóleo y la necesidad de que las autoridades competentes luchen contra el fraude fiscal. La presión de las autoridades ha provocado un aumento de las medidas de control y de la lucha contra el fraude fiscal en los últimos años. Sin embargo, la aparición de nuevas tramas, como la de Alvarado, demuestra que el fraude sigue siendo un problema grave que afecta a la economía española.
Este juicio permitirá a la Audiencia Nacional sentar un precedente importante en la lucha contra el fraude fiscal y enviar un mensaje claro a los potenciales defraudadores. Se espera que el juicio se prolongue durante varias semanas y que se presenten pruebas contundentes que demuestren la culpabilidad de los acusados.
