El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha anulado finalmente la condena de nueve años de inhabilitación para cargo público impuesta a la ex ministra socialista y ex consejera de Economía de Andalucía, Magdalena Álvarez, por un delito de prevaricación en el denominado Caso ERES de Andalucía, tal y como adelantó MONCLOA.
La decisión no ha sido unánime y ha contado con el voto contrario de cuatro magistrados. A pesar de lo cual, la postura de Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del Constitucional, era similar a la de la Fiscalía, que proponía admitir el recurso de la Magdalena Álvarez. Hay que recordar que Montalbán fue medalla de oro de la Junta de Andalucía en 2012, con el presidente socialistas Juan Antonio Griñán al frente de la misma.
La Fiscalía informó principios del año a la corte de garantías en el sentido de que la eventual revisión de penas de los ERES solo debía afectar al delito de prevaricación «en relación con la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos» de Andalucía y su remisión al Parlamento autonómico. Para la Fiscalía, en este extremo tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo hicieron una interpretación excesiva del delito de prevaricación por tratarse del ejercicio de la iniciativa legislativa. Esta misma postura fue la adoptada por Montalbán.
El Constitucional ha abordado el caso de Álvarez tras casi un año y medio de estudio. Los magistrados admitieron a trámite el recurso de amparo al entender que tiene especial trascendencia constitucional porque plantea «un problema constitucional que incide en derechos fundamentales sobre el que no hay doctrina del tribunal y porque suscitan una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y tienen unas consecuencias políticas generales», según una nota informativa del tribunal.
Sin embargo y contra todo pronóstico, el Tribunal Constitucional (TC) desestimó este lunes por unanimidad el recurso de amparo que presentó el ex consejero de Empleo de Andalucía, José Antonio Viera, condenado a siete años de cárcel por el delito de prevaricación en concurso medial con malversación en el Caso de los ERES, al considerar un «defecto insubsanable» que no argumente su petición.
Según ha informado el propio TC, cuya ponente fue Inmaculada Montalbán, el Pleno ha adoptado esta decisión al entender que, aunque el recurso de Viera plantea una vulneración de derechos fundamentales, la queja se expresa en «términos genéricos», sin que vaya acompañada de explicación alguna o desarrollo argumental.
Sin embargo, la decisión que esta semana ha beneficiado en primer lugar a Magdalena Álvarez se ampara en un error jurídico que habría vulnerado algunos derechos fundamentales recogidos en la Constitución.
El fallo del Constitucional supone devolver la sentencia a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte otra nueva eliminando de la misma todos aquellos aspectos contrarios a los preceptos constitucionales. La ponente explica que el Tribunal Supremo, al considerar ilegales el sistema de ayudas de los ERES en los presupuestos aprobados previamente por el parlamento andaluz, se arrogó unas prerrogativas que la Constitución no otorga. Esta semana deberían conocerse también los recursos presentados en el mismo sentido por Manuel Chaves y José Antonio Griñan, ex presidentes de la Junta de Andalucía
