El exalcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, ha sido citado a declarar como investigado por un presunto delito de prevaricación. Esta investigación, que se centra en la actuación de un asesor durante su mandato, abre un nuevo capítulo en la polémica que rodea a la gestión de Kichi en el Ayuntamiento de Cádiz.
¿Qué se investiga?
La investigación se centra en el papel de un asesor que, durante varios meses entre noviembre de 2018 y abril de 2019, analizó y manipuló documentos municipales sin formar parte de la plantilla ni tener un cargo oficial en el Ayuntamiento. Según fuentes del TSJA, el asesor habría llegado a Cádiz desde Madrid avalado por la organización nacional de Podemos, para la que trabajaba. Se le consideraba un experto en contratación y habría dado órdenes a funcionarios municipales, siendo respaldado por el equipo de gobierno.
Adelante Andalucía, el partido de Kichi, ha calificado la investigación como un nuevo intento de «lawfare», es decir, la utilización del sistema judicial para perjudicar a adversarios políticos.
«La investigación inicial la propicia la que fuera por aquel entonces delegada sindical de la Policía Local, con el continuo boicot que parte de la plantilla de este ente municipal ha propiciado a lo largo de los ocho años de gobierno, y dos excargos de libre designación del PP», afirman desde el partido, acusando a la oposición de manipulación y de querer recuperar el poder que consideran propio.
Un asesor sin cargo, ¿un caso de prevaricación?
La investigación se centra en determinar si la actuación del asesor sin cargo oficial, dando órdenes a funcionarios y manipulando documentos municipales, constituye un delito de prevaricación.
Es importante destacar que el asesor no era un simple empleado, sino que supuestamente tenía una posición de influencia dentro del equipo de gobierno, lo que podría explicar su capacidad para dar órdenes a funcionarios.
La investigación deberá determinar si las acciones del asesor se realizaron con la autorización del alcalde o si este tenía conocimiento de las mismas. En caso de que se demuestre que el asesor actuó sin autorización o conocimiento del alcalde, podría existir un delito de prevaricación por parte del mismo.
El caso de Kichi no es el primero en el que se acusa a políticos de «lawfare». La judicialización de la política es un tema que preocupa a muchos, especialmente en un momento en el que se acusa a los gobiernos de derecha de usar el poder judicial para atacar a la oposición.
El caso de Kichi podría ser un ejemplo de esta tendencia, o podría ser un caso aislado. Será la investigación la que determine la verdad.
Las declaraciones de Kichi y los otros investigados serán cruciales para determinar si existe un delito de prevaricación. El resultado de la investigación tendrá un impacto importante en la vida política de Cádiz y podría marcar un precedente para otros casos similares.
