El reciente debate sobre el reparto de menores migrantes que llegan a las costas españolas, particularmente a Canarias, ha vuelto a poner sobre la mesa la complejidad de la gestión migratoria y la protección de los derechos de los más vulnerables. En este contexto, la posición del Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno, cobra especial relevancia al ser el encargado de dictaminar sobre la legalidad y constitucionalidad de las medidas propuestas.
La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha sido clara al afirmar que la protección del menor es un valor superior consagrado en la Constitución Española. Si bien el Consejo no entra en debates políticos, como el reparto de menores entre comunidades autónomas, sí tiene la responsabilidad de analizar la legislación que afecta a la infancia migrante, incluyendo las competencias transferidas a las regiones.
El Pacto de Migración y Asilo: Un nuevo marco legal a examen
La Unión Europea ha dado un paso importante con la aprobación del Pacto de Migración y Asilo, un conjunto de normas que buscan una gestión más justa y eficiente de la migración en el territorio comunitario. Este pacto, que España debe incorporar a su legislación nacional, será objeto de análisis por parte del Consejo de Estado.
La complejidad de este nuevo marco legal, que aborda desde la gestión de las fronteras exteriores hasta el reparto de solicitantes de asilo, requerirá un análisis exhaustivo para garantizar su correcta transposición al ordenamiento jurídico español. La labor del Consejo de Estado será crucial para asegurar que la nueva normativa se ajusta a la Constitución Española y al marco competencial autonómico.
El Procedimiento de Urgencia: ¿Un Atajo Necesario o un Riesgo para la Calidad Legislativa?
Un aspecto que siempre genera debate es el uso del procedimiento de urgencia para la aprobación de leyes, ya que reduce los plazos para la emisión de informes por parte del Consejo de Estado. Carmen Calvo, si bien justifica su uso en situaciones que requieren una respuesta rápida por parte del Ejecutivo, también ha hecho un llamado a que la urgencia sea «la justa» para no comprometer la calidad de los dictámenes.
El Consejo de Estado se enfrenta al reto de conjugar la necesidad de agilidad del Gobierno con la profundidad de análisis que requiere la legislación, especialmente en temas tan sensibles como la migración. La calidad de los informes del Consejo es fundamental para dotar de seguridad jurídica al marco normativo que regula la protección de los menores migrantes.
