La Comisión Europea ha abierto dos procedimientos de infracción diferentes contra España este jueves. El primero está relacionado con restricciones impuestas por la normativa nacional a los planes de pensiones, mientras que el segundo se refiere a la falta de notificación de las normas sobre sanciones administrativas y otras medidas aplicables a las infracciones del reglamento sobre el producto paneuropeo de ahorro para la jubilación.
Estos procedimientos ponen de manifiesto los desafíos que enfrenta España en cuanto a la armonización de sus regulaciones con las directrices de la Unión Europea. La Comisión Europea, en su papel de defensora del mercado interior, busca garantizar la libre circulación de trabajadores, servicios y capitales, así como el derecho de establecimiento en toda la Eurozona.
Restricciones a los Planes de Pensiones: Un Conflicto con las Libertades del Mercado Interior
La prohibición impuesta por España de cotizar a planes de pensiones de empleo y personales por encima de los importes máximos deducibles a efectos fiscales puede entrar en conflicto con las libertades fundamentales del mercado interior. Bruselas advierte que esta medida puede limitar la libre circulación de trabajadores y servicios, así como el derecho de establecimiento.
Además, el hecho de que España permita las transferencias individuales nacionales pero no transfronterizas de derechos de pensión en regímenes complementarios de pensión también puede ser contrario a las libertades del mercado interior. Esto podría restringir la capacidad de los ciudadanos españoles de trasladar sus ahorros para la jubilación a otros países de la Unión Europea.
Incumplimiento del Reglamento sobre el Producto Paneuropeo de Pensiones Personales
Por otro lado, la Comisión Europea ha abierto a España otro procedimiento por no haber notificado las normas sobre sanciones administrativas y otras medidas aplicables a las infracciones del reglamento sobre el producto paneuropeo de pensiones personales. Este plan de ahorro personal voluntario tiene como objetivo ofrecer a los consumidores una opción complementaria más competitiva para su jubilación.
El incumplimiento de esta obligación de notificación por parte de las autoridades españolas pone en duda el compromiso del país con la armonización regulatoria a nivel europeo. La Comisión Europea espera que España subsane estos defectos en un plazo de dos meses, de lo contrario, podría recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para hacer cumplir la normativa.
En resumen, los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea contra España evidencian la necesidad de que el país ibérico alinee sus regulaciones nacionales con las directrices de la Unión Europea. Estos desafíos regulatorios se enmarcan en un contexto más amplio de integración del mercado interior y la búsqueda de una mayor convergencia normativa en la Eurozona.
