La disolución y extinción de una empresa es un proceso complejo que requiere de una planificación cuidadosa y el cumplimiento de diversos requisitos legales. Desafortunadamente, en muchos casos, las empresas se ven obligadas a enfrentar este proceso de manera acelerada, lo que puede generar dificultades y costos adicionales.
Ante esta situación, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha presentado una enmienda a la Ley de Sociedades de Capital que busca ampliar el plazo que tienen las empresas en proceso de disolución para formalizar efectivamente la extinción de la sociedad. Esta propuesta, que ha sido incluida en la presentación de enmiendas parciales al proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, tiene el potencial de brindar un alivio significativo a las empresas que se encuentran en esta situación.
AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA CONVOCAR LA JUNTA GENERAL
Actualmente, la ley establece que las administraciones de las sociedades de capital (empresas) deben convocar una junta general en un plazo de dos meses cuando concurra una causa legal o estatuaria para disolver la empresa. Sin embargo, esta obligación desaparece si se solicita la declaración de concurso de acreedores o si los administradores informan al juez competente que están negociando con acreedores para alcanzar un plan de reestructuración de pasivo, activo o ambos.
La enmienda propuesta por el PSOE busca establecer un plazo de dos meses para convocar dicha junta general en caso de que decaigan las negociaciones con los acreedores. Esto representa una mejora técnica del articulado de la ley, ya que brindará a las empresas en proceso de disolución un mayor margen de tiempo para llevar a cabo los trámites necesarios y formalizar efectivamente la extinción de la sociedad.
FLEXIBILIDAD PARA NEGOCIAR CON ACREEDORES
Uno de los principales desafíos que enfrentan las empresas en proceso de disolución es la necesidad de negociar con sus acreedores para alcanzar un plan de reestructuración. Lamentablemente, el plazo actual de dos meses para convocar la junta general puede resultar insuficiente, lo que obliga a las empresas a tomar decisiones apresuradas o a enfrentar sanciones por incumplimiento.
La propuesta del PSOE busca brindar más tiempo y flexibilidad a las empresas para que puedan negociar de manera más efectiva con sus acreedores y llegar a acuerdos que beneficien a todas las partes involucradas. Al extender el plazo para convocar la junta general, las empresas tendrán la oportunidad de explorar alternativas, evaluar sus opciones y tomar decisiones más informadas, lo que puede contribuir a una transición más ordenada y exitosa hacia la disolución de la sociedad.
BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS Y LOS ACREEDORES
La enmienda presentada por el PSOE no solo beneficia a las empresas en proceso de disolución, sino que también puede tener un impacto positivo en los acreedores y en el sistema económico en general. Al brindar más tiempo y flexibilidad a las empresas, se aumentan las posibilidades de llegar a acuerdos de reestructuración que permitan la satisfacción de las deudas y la preservación de los activos de la empresa.
Esto puede traducirse en mejores resultados para los acreedores, quienes podrían recuperar una mayor parte de sus créditos, y para la economía en general, al evitar la pérdida de empleos y la desaparición de empresas que podrían ser viables con un adecuado proceso de reestructuración.
En resumen, la enmienda propuesta por el PSOE representa una oportunidad para que las empresas en proceso de disolución puedan afrontar este desafío de manera más efectiva y con mejores resultados para todas las partes involucradas. Al extender el plazo para convocar la junta general y brindar más tiempo para negociar con los acreedores, se abre la puerta a soluciones más sostenibles y equilibradas, lo que puede tener un impacto positivo en la economía y en la sociedad en general.
