La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registando este viernes la sede de Correos y varias direcciones generales dependientes del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) en busca de documentación sobre varios expedientes de contratación pública relacionados con las detenciones el pasado 10 de diciembre de Leire Díez, el ex presidente de la SEPI y hombre de confianza de la ministra María Jesús Montero, Vicente Fernández y Antxón Alonso, dueño de la empresa Servinabar.
Estos registros n se enmarcan en la operación que está desarrollando el juzgado central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional sobre los presuntos amaños de contratos públicos en varias empresas del Estado.
La investigación, que aún está abierta, se encuentra bajo secreto de sumario y ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción.
Las diligencias que instruye el titular del juzgado central de Instrucción 6, Antonio Piña, han sido desarrolladas con gran sigilo y la operación sigue abierta. No se descartan nuevas detenciones con el avance de las pesquisas.
Las sospechas de los investigadores es que Fernández Guerrero pudo ser una de las personas que Cerdán usó como nexo para percibir las comisiones ilegales de la trama que investiga el Tribunal Supremo. El ex número ‘dos’ de María Jesús Montero en Hacienda trabajó entre 2021 y 2023 en la constructora Servinabar, que recibió el contrato de 72 millones de euros para llevar a cabo la reforma del túnel de Belate, en Navarra. De ese dinero, al menos seis millones acabaron en la constructora, de la que Cerdán llegó a tener el 45 % de las participaciones.
Los agentes de la Guardia Civil manejan la tesis de que el expresidente de la SEPI actuó como «persona interpuesta» para que Cerdán pudiera, al mismo tiempo, percibir fondos económicos de la nómina que Fernández Guerrero tenía en la constructora, unos 6.000 euros al mes.
Bajo el mandato de Vicente Fernández el Gobierno autorizó rescates como el de Air Europa o Plus Ultra y se gestó la participación estatal en Talgo. Fue nombrado por María Jesús Montero, que lo conocía por haber ocupado varios altos cargos en la Junta de Andalucía socialista, y fue presidente de la SEPI durante prácticamente un año y medio.
La periodista Leire Díez, de 52 años, es el epicentro de una investigación judicial en la que ministerio público le atribuye el “liderazgo” de un “plan delictivo” para “desacreditar” a la cúpula de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción con el objetivo de “anular” causas que “afectan a políticos y empresarios”. En esta ocasión al parecer la Guardia Civil quiere interrogarla por unos contratos públicos bajo sospecha de la SEPI sobre los que habría hecho declaraciones.
Ella se presentaba como una reportera de investigación que lleva años indagando en las llamadas cloacas del Estado, niega irregularidades y se defiende: “Parece que el activismo periodístico lo inventé yo”, exclamó el miércoles en una entrevista de televisión.
El pasado mes de noviembre Leire Díez declaró ante el juez Zamarriego y su abogada pidió que declarase la nulidad de dos grabaciones que obran como prueba en la causa en la que se la investiga por presunto tráfico de influencias y cohecho.
Se trata de los audios de dos reuniones que mantuvieron Leire Díez y otras personas con un empresario y un fiscal, ambas con un objetivo común. En los encuentros, solicitaron a sus interlocutores información sensible de la UCO o la Fiscalía Anticorrupción, que dirigen actualmente las investigaciones que afectan al entorno del presidente del Gobierno. Además, Leire Díez se presentó en las citas como enviada del Partido Socialista.
