La Oficina Antifrau de Catalunya ha admitido a trámite la denuncia contra el proceso que otorgó una plaza de agente de la policía local de Ripoll a la hija mayor de la alcaldesa, Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana. La institución confirma así una información publicada por ElNacional.cat y abre una fase de instrucción que puede durar hasta tres meses para determinar si hubo irregularidades administrativas o penales en la convocatoria de urgencia resuelta a finales de julio.
El proceso relámpago que levanta sospechas
La selección se realizó mediante un procedimiento de urgencia para cubrir vacantes en la Policía Local. La hija de Orriols fue una de las aspirantes que superó las pruebas y obtuvo plaza. La alcaldesa defendió la limpieza del proceso cuando trascendió el resultado, pero la coincidencia temporal con las vacaciones del jefe de la Policía Local, Francesc Campayo, ha añadido más interrogantes. Campayo, con quien la alcaldesa mantiene un enfrentamiento abierto desde que le abrió un expediente por una falta leve, no estuvo presente durante la selección.
Un particular presentó la denuncia ante Antifrau y la difundió en redes sociales, lo que ha amplificado el caso. La Oficina Antifrau, aplicando la Ley 2/2023 de protección del informante, ha iniciado la fase de instrucción. Durante este período el instructor puede solicitar documentación del expediente, interrogar a implicados y recabar informes. Finalizado ese plazo, el director de Antifrau podrá archivar el caso si no ve indicios, remitirlo a la Fiscalía si aprecia delito, o abrir una investigación más profunda con inspecciones y entrevistas.
La contratación de un familiar directo por parte de una alcaldesa que hizo bandera de la transparencia pone a prueba los límites del discurso anti-establishment.
El PSC de Ripoll no ha tardado en reaccionar y ha exigido una auditoría interna del proceso de selección. “Es necesario restaurar la confianza en la institución”, han señalado fuentes socialistas. El caso alimenta un debate que trasciende lo local: Ripoll es el único municipio catalán gobernado por Aliança Catalana, formación que ha construido su identidad precisamente sobre la denuncia de las viejas prácticas de los partidos tradicionales.
El factor político: Aliança Catalana y los límites del discurso anti-establishment
El partido de Orriols ha crecido sobre un discurso que combina el rechazo a la inmigración con una crítica feroz a la corrupción y al amiguismo de los partidos tradicionales. Cualquier sombra de nepotismo golpea directamente en su línea de flotación. No es la primera vez que un ayuntamiento catalán se enfrenta a un caso similar: en Badia del Vallès, la contratación de un familiar del alcalde también acabó en los tribunales y forzó su dimisión.
En Ripoll, sin embargo, el tablero es distinto. La alcaldesa controla el consistorio con una mayoría ajustada y cualquier debilitamiento de su imagen podría erosionar la base electoral que le permitió romper el techo de la extrema derecha en las últimas municipales. Observadores políticos consultados por Moncloa.com apuntan a que este episodio puede activar a la oposición, que hasta ahora se movía con cautela ante la popularidad de Orriols.
Qué puede pasar ahora: plazos y posibles escenarios
La instrucción de Antifrau tiene un horizonte de tres meses. Si el instructor encuentra indicios de delito, el caso se remitirá a la Fiscalía, lo que podría derivar en un procedimiento penal por prevaricación o tráfico de influencias. Si solo detecta irregularidades administrativas, se trasladará al organismo competente —la propia Generalitat o el Ayuntamiento— con recomendaciones. Y si no aprecia nada irregular, el caso se archivará sin más consecuencias.
Mientras tanto, la presión política no cesa. El PSC mantiene viva la exigencia de una auditoría y la denuncia ciudadana sigue generando debate en las redes. Cosas de la política local. Lo que está en juego, en realidad, es mucho más que una plaza de policía: es la credibilidad de un proyecto político que se presentó como la alternativa limpia.
De hecho la instrucción llega en un momento en que Aliança Catalana intenta despegar a nivel autonómico de cara a las próximas elecciones. El expediente de Antifrau puede convertirse en un lastre que los rivales explotarán con fruición. Habrá que seguir de cerca los próximos pasos del instructor. El primer interrogante —si existe conflicto de intereses— podría despejarse antes de que acabe el verano.
