Una de las tres empresas nombradas por el comisionista Víctor de Aldama en su extenso escrito de declaración inicial ante el Tribunal Supremo de diciembre de 2024, como presunta pagadora de comisiones por obras públicas que acabó señalando a Santos Cerdán, fue Levantina, Ingeniería y Construcción SL (LIC) de quien Aldama dijo que «esta empresa (…) obtuvo habitualmente de la Dirección General de Carreteras, la adjudicación de contratos públicos durante la etapa de gestión de don José Ábalos, que ascendieron a un importe de 128 millones de euros (tres adjudicaciones, una de 80 millones de euros, otra de 8 millones y una última de 20 millones)». Eso abrió una investigación que todavía continúa con la petición del juez instructor a ADIF sobre algunos contratos. La información del último acaba de llegar a la Audiencia Nacional.
Esa declaración de Víctor de Aldama por escrito y el torrente de pruebas entregadas el pasado 4 de diciembre de 2024 en la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la causa que se seguía entonces contra el ex ministro José Luis Ábalos desató un terremoto político. En uno de los apartados del escrito presentado ante el Alto Tribunal se titulaba «Sobre el reparto de comisiones ofrecidas a funcionarios públicos con ocasión de la adjudicación de obra pública y el reparto por territorios». Por esa causa tanto Ábalos como su persona de confianza, Koldo García, fueron juzgados y condenados a importantes penas de prisión que actualmente cumplen en la cárcel. El empresario Víctor de Aldama también fue condenado a menor pena, pero no la pena quedó en suspensión.
Aquel escrito provocó una segunda investigación que afectaba a Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE y actualmente imputado en varias investigaciones, entre ellas una denominada «pieza de contratos públicos», que se instruye en la Audiencia Nacional. Esa investigación se centra en las constructoras que, presuntamente, pagaron mordidas por conseguir contratos de obras públicas. El caso recayó en el juez Ismael Moreno, de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional.
Las «adjudicaciones» de Cerdán
La tercera empresa nombrada por Aldama en su escrito fue Levantina, Ingeniería y Construcción SL (LIC) de quien Aldama decía que «esta empresa (…) obtuvo habitualmente de la Dirección General de Carreteras, la adjudicación de contratos públicos durante la etapa de gestión de don José Ábalos, que ascendieron a un importe de 128 millones de euros (tres adjudicaciones, una de 80 millones de euros, otra de 8 millones y una última de 20 millones)».
Los investigadores de Hacienda descubrieron un pago de 77.500 euros a la empresa Deluxe de Víctor Aldama por parte de José Ruz, responsable de Levantina, que en ese momento la UCO aseguró «desconocer en el momento actual de la investigación a qué se deben las mismas». En su escrito el propio Aldama reconoció que era el pago de una comisión.
Ahora ADIF ha entregado al juzgado, con la aprobación de la Fiscalía Anticorrupción el «Expte: 3.20/27507.0207, por el que sobre un presupuesto inicial de 489.300 €, ADIF reconoció a la contrata 373.405,45 € por los trabajos efectivamente ejecutados».
El contrato firmado en octubre de 2023 se refería al «lote 1: emergencia de las obras de estabilización de los taludes de las trincheras situadas entre los puntos kilométricos 4/230 y 4/560 de la línea 750 Gijón Sanz Crespo-Pravia, de la red de ancho métrico, en Asturias».
La obra fue recepcionada el 3 de marzo de 2022 y el expediente presentaba «un adicional en el presupuesto vigente del contrato por obra de -97.224,28 € (antes de IVA), que supone un -19,87% respecto al presupuesto de adjudicación (489.300 € antes de IVA)«.
El juez Moreno ya estudia si en este contrato hay algún asunto de interés para su investigación.
