EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El juzgado ha fijado el juicio oral para los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio de 2027, en tres sesiones, más de una década después de la apertura de la causa.
- ¿Quién está detrás? Nueve acusados: siete miembros de la Junta de Gobierno de La Oliva que aprobaron la licencia en 2012, entre ellos la exalcaldesa Claudina Morales (Coalición Canaria), un asesor jurídico municipal y un arquitecto técnico.
- ¿Qué impacto tiene? El hotel de cinco estrellas se construyó en suelo rústico de especial protección, sin evaluación de impacto ambiental, en un caso que llegó a Bruselas.
El caso Origo Mare, el hotel de lujo construido en suelo protegido de Fuerteventura, se juzgará en verano de 2027.
Tres sesiones en 2027 y nueve acusados en el banquillo
Después de varios retrasos y suspensiones, el juzgado ha señalado por fin tres sesiones del juicio oral para los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio de 2027. La vista se celebrará en la Plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Arrecife, con sede en Puerto del Rosario, según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (el TSJC, el máximo órgano judicial de la comunidad).
Siete de los procesados son los miembros de la Junta de Gobierno local que aprobó la licencia en 2012, entre los que figura Claudina Morales, alcaldesa de La Oliva en dos etapas con Coalición Canaria. Los otros dos son un asesor jurídico del Ayuntamiento y el arquitecto técnico municipal. La Fiscalía les imputa delitos contra la ordenación del territorio.
El Ministerio Público pide penas de tres años y tres meses de cárcel para los políticos, más ocho de inhabilitación para cargo público; de tres años y seis meses para el asesor, y de tres años y nueve meses para el arquitecto. Los dos técnicos firmaron informes favorables que obviaron la evaluación ambiental exigida, alegando que las obras eran «provisionales y desmontables».
El proyecto transformó 374 villas y dos edificios en un hotel de cinco estrellas sobre un suelo rústico integrado en la Red Natura 2000. Lo hizo, según la acusación, «con conocimiento claro y evidente de la ilegalidad», en un complejo de más de 250.000 metros cuadrados cuyo presupuesto pasó de dos a 3,4 millones de euros.
El hotel de cinco estrellas se levantó sobre un suelo rústico de especial protección y dentro de la Red Natura 2000 sin una sola evaluación de impacto ambiental.
Del plan parcial de 2000 al expediente de Bruselas
El origen se remonta al plan parcial Casas de Majanicho, aprobado en 2000, cuando era alcalde de La Oliva Domingo González Arroyo, apodado el Marqués de las Dunas, que ingresó en prisión el pasado junio a los 86 años por fraude fiscal. El TSJC lo anuló en 2006 y el Supremo lo confirmó en 2011, al constatar que el Ayuntamiento no había publicado las normas subsidiarias ni permitido la participación ciudadana.
En paralelo, el caso llegó a Bruselas. Tras las denuncias de colectivos ecologistas, la Comisión Europea abrió en 2017 un procedimiento de infracción contra España: las obras destruyeron más de un millón de metros cuadrados de malpaís y 97.000 metros cuadrados de dunas móviles, y ocuparon 39.000 metros cuadrados de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Costa del Norte de Fuerteventura, clave para la hubara canaria.
El expediente reclamaba compromisos al Ayuntamiento de La Oliva, al Cabildo de Fuerteventura y al Gobierno de Canarias. En 2023, la Consejería de Transición Ecológica, entonces en manos del PSOE, aprobó la declaración de impacto ambiental condicionada del proyecto y amplió las ZEPA en 2.356 hectáreas.
El Pulso Territorial
Canarias afronta el caso con una coalición de Coalición Canaria y el PP al frente del Ejecutivo autonómico, presidido por Fernando Clavijo. El expediente ha atravesado ya tres administraciones y varios cambios de color político, señal de que la protección del litoral majorero nunca ha dependido de quién gobernara.
La demora procesal no es un caso aislado: entre sustituciones de jueces, prueba aportada a última hora y recursos de las defensas, la causa acumula tres señalamientos fallidos. El frente europeo añade presión, con un expediente abierto desde 2017 que sigue reclamando compromisos concretos a las administraciones canarias.
Las elecciones autonómicas, previstas para mayo de 2027, llegarán apenas un mes antes del juicio. El calendario político y el judicial van a solaparse de forma inevitable, y el desenlace podría marcar el debate sobre el urbanismo majorero durante años.
Ficha Autonómica
- El caso: El caso Origo Mare investiga la transformación de 374 villas y dos edificios en un hotel de cinco estrellas en suelo rústico protegido de La Oliva, en Fuerteventura, sin evaluación de impacto ambiental.
- Datos importantes: Nueve acusados; la Fiscalía pide entre tres años y tres meses y tres años y nueve meses de cárcel; el complejo superaba los 250.000 metros cuadrados; tres sesiones del juicio los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio de 2027.
- Resumen: El juicio oral se celebrará en verano de 2027 tras más de una década de instrucción. La causa convive, además, con un expediente europeo por daños a la Red Natura 2000.
