El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha ampliado la investigación iniciada contra mandos militares de Israel por el abordaje a la Flotilla Global Sumud, el 1 de octubre del pasado año, cuando se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria, y ha incluido en la causa los delitos de torturas, daños y lesiones que pudieran haberse cometido en las embarcaciones de bandera española.
Inicialmente, la investigación había quedado limitada a los delitos de detención ilegal cometidos en barcos de pabellón español e iba dirigida contra al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Israelíes, Ramatcal Eyal Zamires, y al comandante de las Fuerzas Navales, Ram Rotberg.
Tras estimar parcialmente el recurso de reforma interpuesto por la acusación popular del Partido Comunista de España (PCE) e Izquierda Unida (IU) y por las acusaciones ejercidas por otros querellantes, el juez ha decidido ampliar la investigación a los delitos de torturas, daños, lesiones u otros delitos que pudieran haber cometido a bordo de las embarcaciones de bandera española. Subraya que la jurisdicción española es plenamente competente sobre los hechos ocurridos en buques con pabellón nacional, con independencia de la nacionalidad de los afectados.
Respecto a los episodios denunciados a bordo de buques del Estado de Israel o en centros de detención de dicho país, el instructor acuerda la práctica de diligencias indispensables dirigidas a la identificación de los presuntos autores, si bien por el momento no se asume la competencia ni dirige el procedimiento contra personas concretas por estos hechos fuera de territorio nacional. En este sentido, el auto acuerda librar las órdenes oportunas para averiguar el paradero de los responsables e identificar si se encuentran en España, presupuesto necesario para fijar la competencia según la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por otro lado, el auto rechaza íntegramente las pretensiones de las acusaciones de calificar las actuaciones como un delito de piratería marítima. El magistrado expone que ni las tripulaciones ni las fuerzas militares implicadas actuaron con un propósito de beneficio personal o de lucro. En el caso de los militares, apunta que ejecutaban órdenes políticas del Estado israelí para evitar interferencias en sus operaciones.
