EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Grecia ha solicitado formalmente a la Comisión Europea activar la cláusula de escape fiscal para excluir inversiones de más de 1.000 millones de euros en energías renovables y resiliencia energética de los límites de gasto comunitarios hasta 2028.
- ¿Quién está detrás? El gobierno de Kyriakos Mitsotakis, a través del ministro de Economía, Kyriakos Pierrakakis, que presentó la petición este jueves. La cláusula ya cubría el gasto en Defensa.
- ¿Qué impacto tiene? Si Bruselas aprueba la ampliación, sentará un precedente que otros países, como España, podrían seguir para financiar sus propios proyectos de transición energética sin incumplir las reglas fiscales europeas.
El gobierno de Kyriakos Mitsotakis ha formalizado este jueves una petición a la Comisión Europea para activar una cláusula de escape fiscal que le permita excluir de los límites de gasto comunitarios inversiones por más de 1.000 millones de euros en energía renovable y resiliencia energética hasta 2028. La solicitud pone a prueba la nueva regla fiscal europea y abre la puerta a que otros Estados miembros, como España, reclamen un trato similar.
La cláusula de escape que ya ampara la Defensa
La cláusula nacional de escape fue activada por el Gobierno griego y cuenta con el visto bueno de Bruselas para el gasto en Defensa desde la revisión de las reglas fiscales. Ahora, Atenas pide ampliarla a las inversiones que refuercen su resiliencia energética. La base jurídica es la misma: excluir determinados desembolsos del techo de aumento de las partidas primarias netas, fijado en hasta el 0,3% del PIB anual y un máximo acumulado del 0,6% hasta 2028.
Esto no significa que esos gastos desaparezcan de las cuentas públicas. Seguirán computando en el saldo primario y en la deuda pública, pero se tratarán de forma distinta a efectos del cumplimiento de las normas comunitarias. Una operación que el ministro de Economía Nacional y Finanzas, Kyriakos Pierrakakis, ha definido como un paso “estratégico” para acelerar la transición sin castigar las cuentas públicas.
Inversiones previstas: almacenamiento, ahorro y rehabilitación energética
La mayoría de las inversiones previstas se centrará en cuatro grandes bloques:
- Proyectos de almacenamiento de energía procedente de fuentes renovables.
- Actuaciones de ahorro energético.
- Rehabilitación energética de edificios.
- Infraestructuras que refuercen la resiliencia energética del país.
La definición detallada de los proyectos se llevará a cabo en los próximos meses en colaboración con los ministerios competentes, pero el Gobierno ya ha cifrado el importe movilizado en más de 1.000 millones de euros. Estos fondos procederán de recursos nacionales y se activarán de forma progresiva hasta 2028, siempre que la Comisión dé luz verde a la ampliación de la cláusula.
La petición griega no es solo una cuestión técnica: es un test de estrés para las nuevas reglas fiscales que condicionarán el margen de gasto de los gobiernos europeos durante la próxima década.
El Eje del Poder Europeo
La solicitud de Grecia reabre la vieja fractura entre el norte y el sur de la Unión. Los países frugales, encabezados por Países Bajos y Austria, ya mostraron su recelo ante la activación de la cláusula para Defensa y temen que ahora se convierta en un coladero fiscal. Berlín, aunque pragmático, observa con cautela cualquier movimiento que erosione la disciplina presupuestaria que tanto costó arrancar en la reforma del Pacto de Estabilidad.
Para España, el precedente es de máximo interés. Durante la negociación de las nuevas reglas fiscales, el Gobierno de Pedro Sánchez defendió sin éxito una flexibilidad específica para las inversiones verdes. Ahora, si Bruselas acepta la extensión del escape griego a la energía, Moncloa dispondrá de un argumento de peso para reclamar un trato equivalente. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y los PERTE de energías renovables requieren un fuerte componente de cofinanciación nacional, y la exclusión de estos gastos de los techos de gasto daría oxígeno a las cuentas públicas sin cuestionar los compromisos de descarbonización.
El riesgo, sin embargo, es evidente: un uso excesivo de las cláusulas de escape podría vaciar de contenido la regla fiscal y volver a meter a la Eurozona en dinámicas de deuda insostenible. La Comisión de Ursula von der Leyen, que ya dio muestras de pragmatismo al activar la cláusula de Defensa, debe ahora calibrar cuánta flexibilidad concede sin perder la credibilidad del marco. Lo que está en juego no es solo la resiliencia energética griega, sino la arquitectura fiscal europea a largo plazo.
El Ecofin tiene previsto abordar la petición de Atenas en su reunión de septiembre. Hasta entonces, los contactos bilaterales se intensificarán. Y España seguirá de cerca cada movimiento: si Grecia logra su cláusula verde, el sur europeo tendrá un nuevo argumento para renegociar los límites del gasto climático.
