El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha redoblado su apuesta por implantar una tasa turística en la capital andaluza y ha anunciado que solicitará una reunión con el nuevo vicepresidente y consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira (Vox), para trasladarle la ‘necesidad’ de este instrumento de financiación extraordinaria.
En una entrevista con Europa Press, Sanz ha defendido que la ciudad necesita la tasa tanto como la pagan los sevillanos cuando viajan a Roma, Ámsterdam o Venecia. «Mi ciudad necesita la tasa turística», ha subrayado.
La propuesta del alcalde: casi cuatro millones de visitantes demandan servicios
El regidor popular justifica la medida en la presión que ejercen los casi cuatro millones de visitantes que recibe Sevilla cada año sobre los servicios públicos y el patrimonio. «Ciudades como Jaén no necesitan una tasa turística, pero Sevilla sí», ha afirmado, recordando que el casco histórico —uno de los más grandes de España— exige una rehabilitación y un mantenimiento constantes.
Sanz ha detallado que los fondos recaudados se destinarían a consevación del patrimonio, refuerzo de la limpieza y la seguridad, promoción turística y ejecución de obras públicas. «Es importante que un vecino salga de su casa, vea un cartel de obra y lea que está financiada gracias a la tasa turística», ha ilustrado.
Lo que el alcalde no ha querido cuantificar es el importe exacto que se baraja, aunque insiste en que se trataría de un gravamen «moderado» similar al que aplican otras capitales europeas.
La propuesta, sin embargo, no es nueva. El consistorio hispalense ya había tanteado la idea en la pasada legislatura, cuando la Junta de Andalucía, entonces con un Gobierno bipartito entre PP y Ciudadanos, mostró reticencias y finalmente dio un portazo a la tasa turística autonómica.
Cuatro millones de turistas transforman la vida de la ciudad, pero también tensionan sus servicios públicos y ponen a prueba la conservación de un patrimonio único.
El rechazo de la patronal hotelera y el papel decisivo de la Junta
La patronal hotelera de Sevilla ha rechazado de plano la iniciativa del alcalde. Según fuentes del sector, la imposición de una tasa turística encarecería el destino y restaría competitividad a la capital en un momento en el que el turismo internacional está en plena ebullición. «No es el momento de poner barreras económicas», señalan desde la asociación empresarial, que pide esperar a que se consolide la recuperación pospandemia.
El debate, sin embargo, ha cobrado una dimensión autonómica porque la implantación efectiva de la tasa requiere la aprobación de la Junta de Andalucía. El nuevo consejero de Turismo, Manuel Gavira, perteneciente a Vox, deberá decidir si mantiene la línea de anteriores gobiernos o si abre la mano a los municipios que lo demanden. El alcalde Sanz confía en que la reunión que solicitará en los próximos días sirva para «reconsiderar» la postura autonómica.
La Lectura Andaluza
El debate sobre la tasa turística no es exclusivo de Sevilla. En Andalucía, que en 2025 rozó los 32 millones de visitantes según el IECA, otras capitales como Málaga o Granada observan con atención lo que decida la Junta. La presión turística ha alcanzado cifras históricas en ciudades como la capital malagueña, que también sufre los efectos de la masificación en el centro histórico y en los servicios públicos.
Los economistas del turismo recuerdan que la tasa turística ya funciona en otras comunidades autónomas como Cataluña y Baleares, y que en Andalucía podría inyectar fondos para la preservación del patrimonio sin gravar a los residentes. Sin embargo, la oposición del sector hotelero es comprensible: el 70% del gasto turístico se concentra en alojamiento y restauración, y un recargo podría desviar parte de la demanda hacia plataformas no reguladas.
Para los vecinos de Sevilla, la tasa sería una forma tangible de percibir que el turismo revierte en la ciudad que los acoge. La visión de un cartel de obra con la leyenda «financiado gracias a la tasa turística» —como sugiere el alcalde— haría visible el retorno social de la actividad que a menudo se percibe como un monocultivo económico.
La decisión final corresponde a la Junta de Andalucía, que debe pesar el equilibrio entre la competitividad del destino y la sostenibilidad del modelo turístico. La reunión entre Sanz y Gavira, prevista para las próximas semanas, será el momento en que la administración autonómica fije su posición. De abrirse la puerta, Sevilla podría convertirse en el laboratorio de un nuevo sistema de financiación local que luego extenderían otras ciudades andaluzas. De mantenerse el veto, el alcalde se verá obligado a buscar otras vías para costear unos servicios que los casi cuatro millones de turistas anuales hacen imprescindibles.
