Collboni ha llevado a la cumbre Urban20 su apuesta por una alianza global de alcaldes por la vivienda asequible en Barcelona. El alcalde cerró este domingo en Nueva York dos jornadas de reunión con una propuesta que, según su propio relato, abre una etapa nueva: articular desde las ciudades una respuesta coordinada frente a los fondos especulativos y las grandes plataformas de alquiler turístico.
La cita neoyorquina, el foro de grandes ciudades asociado al G20, reunió durante dos días a los alcaldes de Nueva York y Los Ángeles, Zohran Mamdani y Karen Bass, como anfitriones. El punto de partida era compartido: las urbes afrontan el mismo encarecimiento de la vivienda, la crisis climática y la presión migratoria, y quieren soluciones prácticas antes de que las administraciones estatales muevan ficha.
El respaldo de Nueva York resultó decisivo. Según explicó Collboni, el empuje del anfitrión propició que Ciudad de México y Toronto se adhirieran de inmediato, lo que arrastró una cascada de apoyos. ‘Hemos abierto una nueva etapa que no solo consiste en compartir el diagnóstico y señalar el problema, sino en articular una respuesta que sea global desde las ciudades‘, señaló.
Qué propone Collboni y por qué Nueva York le ha dado su respaldo
El gesto tiene lectura interna. Barcelona quiere dejar de ser un caso aislado en la regulación del alquiler y presentarse como capital de un movimiento municipalista. La experiencia que exhibe es concreta: construcción de vivienda asequible, control de los precios del arrendamiento y la prohibición de los pisos turísticos a partir de 2028. Esa última medida, según el Ayuntamiento, debe devolver al mercado unas 10.000 viviendas de venta o alquiler en los próximos años.
El problema es que lo más difícil queda para después. Las medidas concretas y el calendario de aplicación dependen de mecanismos de conexión entre ciudades que todavía no existen. El propio alcalde situó en noviembre, durante el Smart City Congress que acogerá Barcelona, la fase de concreciones.
Una alianza de alcaldes sin calendario ni presupuesto es, de momento, una declaración de intenciones con buena prensa.
Puedes consultar el detalle de la intervención en la nota oficial del Ajuntament de Barcelona.
El final de los pisos turísticos en 2028, la baza que Collboni exhibe en el exterior
La pieza estrella del relato barcelonés es el adiós a las licencias turísticas. La ciudad aprobó no renovar los permisos de pisos de uso turístico a partir de 2028, una medida sin parangón en Europa por su escala. El sector hotelero y las plataformas de alquiler vacacional la han combatido por la vía judicial y política, y el debate sigue abierto en los tribunales.
Collboni lleva meses defendiendo que la regulación no expulsa inversión, sino que ordena el mercado. Los datos municipales apuntan a que el alquiler turístico tensiona el precio residencial en los barrios más castigados, de la Barceloneta a Sant Antoni. La lectura económica es discutible y discutida: parte del sector sostiene que el cierre de 2028 reducirá la oferta de alojamiento y encarecerá las estancias, con impacto directo en el turismo.
El frente que propone el alcalde apunta a otro adversario: los fondos de inversión que compran edificios enteros y las plataformas globales de alquiler de corta estancia. Son actores que no responden ante un solo ayuntamiento, de ahí la idea de de coordinarse entre ciudades. Es el mismo razonamiento que siguen los consistorios europeos que piden a Bruselas reglas comunes para el alquiler de temporada.
Lo que revela el giro internacional de Collboni
Hay un cálculo político detrás del viaje. Collboni gobierna en minoría en un consistorio fragmentado y necesita proyectar gestión. Presentarse en Nueva York como referencia mundial de la vivienda asequible le sirve dentro y fuera de Barcelona, y le permite marcar perfil propio dentro del PSC en un ciclo que devolverá la ciudad a las urnas en 2027.
El pulso no es solo municipal. La regulación del alquiler de temporada choca con las competencias estatales y con el marco de la Ley de Vivienda, que ya ha generado roces entre ayuntamientos y comunidades. Que Barcelona busque aliados fuera de España es, en el fondo, un atajo: si las reglas no cambian en casa, se intenta que cambien en Bruselas y en las redes de ciudades.
El precedente más cercano está en la propia Urban20, que ya ha servido a otras ciudades para coordinar posiciones antes de las cumbres del G20. Barcelona intenta ahora capitalizar el foro. La incógnita es si la alianza aguanta cuando toque aprobar medidas que toquen intereses económicos potentes.
El calendario queda cerrado: hasta el Smart City Congress de noviembre en Barcelona no habrá medidas concretas ni cronograma de aplicación. Para entonces se verá si el frente de alcaldes tiene músculo o se queda en una declaración más.
