Pedro Sánchez carga contra Vox y el PP por la ley de nietos y advierte de que ‘no se lo perdonaré’. La suspensión cautelar del Tribunal Supremo ha dejado en el aire la inscripción en el censo exterior de quienes obtuvieron la nacionalidad al amparo de esa norma.
La medida del alto tribunal, adoptada mientras se resuelve el fondo del asunto, paraliza la inscripción en el CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes, el registro que agrupa a los españoles con residencia fuera del país) de los nacionalizados por la vía abierta en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022. El voto CERA, la fórmula con la que votan esos residentes, queda en el aire hasta que el Supremo se pronuncie.
El presidente del Gobierno ha calificado la suspensión de ‘un hecho muy grave que socava la democracia’ y ha arremetido contra los dos partidos que, según su relato, llevaron el asunto ante la Justicia. ‘El Supremo tendrá que resolverlo y yo no voy a cuestionar una decisión que a todas luces no comparto, esperemos al fallo definitivo, pero no voy a perdonar al PP y Vox que plantearan un recurso’, ha dicho en Gavà (Barcelona), durante la Fiesta de la Rosa del PSC.
En su intervención, Sánchez ha añadido que los populares ‘nunca plantearon un problema con esa norma hasta que se lo ha exigido Vox‘. El presidente ha enmarcado el episodio en su acusación de fondo a la oposición: ‘Buscan el cuanto peor, mejor; son dos siglas, pero tienen la misma agenda de involución y recortes’.
Qué sostiene Vox sobre la ley de nietos y el censo exterior
El argumentario de Vox desplaza el foco de la nacionalidad al registro. La formación sostiene que el debate no es el derecho de los descendientes de exiliados, sino el modo en que ese derecho se traduce en un censo que reparte escaños por circunscripciones. Vox defiende que el CERA acumula años de controles endebles y que cualquier ampliación del cuerpo electoral en el exterior exige verificación reforzada, no inscripciones en bloque.
A eso se suma un segundo eje: llevar una ley al Tribunal Supremo es un instrumento ordinario del Estado de derecho. La tesis que la formación ha mantenido es que recurrir una norma ante los tribunales no equivale a socavar la democracia, y que la cautelar no prejuzga el fallo sobre el fondo. En clave interna, Vox lee el episodio como la confirmación de que su presión ha movido de sitio al PP en un asunto que los populares, según su versión, habían dejado dormido.
Según Vox, el censo exterior arrastra años de controles débiles y llevar ese debate al Supremo es ejercicio de legalidad, no un ataque a la democracia.
El impacto: la cautelar del Supremo y el dilema del PP
La suspensión es cautelar y no anticipa el sentido del fallo. No anula la ley ni expulsa a nadie del censo de forma definitiva: congela una inscripción hasta que el tribunal se pronuncie. Una cautelar es, por definición, provisional, y puede levantarse si el Supremo aprecia que no concurren los presupuestos que la sostienen. El propio Sánchez ha pedido esperar a esa resolución, aunque haya adelantado su veredicto político: el voto de esos españoles ‘se protege y se ejerce’.
El reproche coloca al PP ante una disyuntiva incómoda. Sánchez atribuye el recurso a los populares y presenta a Vox como el partido que lo exigió; el presidente resume la posición de ambos en ‘la misma agenda de involución y recortes’. Ese mismo domingo, Alberto Núñez Feijóo celebraba un acto en Badalona, en el feudo del popular Xavier García Albiol, mientras el Gobierno trataba de instalar el marco de que el PP solo se movió empujado por la formación de Abascal.
La lectura estratégica: Cataluña, el pulso con el PP y el calendario
Los actos del domingo dibujan el mapa de la pugna. Sánchez eligió Gavà, en el cinturón rojo barcelonés, bajo el lema ‘La fuerza de nuestro futuro’ y con cánticos de ‘no estás solo’; Feijóo se dejó ver en Badalona; y el líder de Vox cerró el jueves y el viernes una gira por Lleida, Tarragona y Barcelona. En juego están los 48 escaños que reparten las cuatro circunscripciones catalanas.
El precedente pesa. En las generales de 2023 el PSOE sumó 19 diputados en Cataluña, Sumar-Comuns logró siete, el PP se quedó en seis y Vox en dos; esa aritmética fue determinante para la investidura de Sánchez. La relación entre Vox y el PP, rota en los gobiernos de coalición autonómicos de 2024, vuelve a medirse en un terreno donde cada escaño cuenta y donde la cautelar introduce una variable nueva.
Queda por resolver el fondo del recurso. El Tribunal Supremo decidirá si la inscripción de los nuevos nacionalizados en el CERA puede reanudarse y en qué condiciones, y lo hará antes de las próximas elecciones municipales y generales que Sánchez da por ganadas. Hasta entonces, Vox mantiene el pulso en el terreno que le interesa: un censo sin controles verificables y un PP al que la cautelar obliga a pronunciarse.
