El Gobierno ha reconocido que las comunidades de montes vecinales usurpadas durante el franquismo pueden ser consideradas víctimas de la dictadura. Lo ha hecho en una respuesta parlamentaria al diputado del BNG Néstor Rego, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el Ejecutivo encaja a estas entidades en la categoría de víctimas de la Ley de Memoria Democrática.
La consulta del diputado gallego tenía tres partes: si los afectados por esas usurpaciones tienen cabida en la norma, si puede compensarse a las comunidades de montes comunales que, especialmente en Galicia, fueron objeto de «represión y saqueos» y si cabe declarar nulos y sin efecto, de pleno derecho, todos los actos y transacciones jurídicas realizados sobre esos montes hasta 1980.
Qué dice la respuesta del Gobierno y en qué se apoya
El Ejecutivo recuerda que la Ley de Memoria Democrática promueve la reparación moral y la recuperación de la memoria «personal, familiar y colectiva» de quienes padecieron persecución durante la dictadura franquista. Entre las víctimas que contempla figuran, según el propio texto, las personas que sufrieron represión económica con incautaciones y pérdida total o parcial de bienes.
La contestación detalla además que la Administración General del Estado adoptará las medidas necesarias para el conocimiento y conmemoración de los hechos representativos de la memoria democrática. Entre ellas se citan el reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre, y honor, y la celebración de actos conmemorativos y homenajes públicos.
El argumento central aparece en el apartado dedicado a las personas jurídicas. La norma prevé medidas específicas de reconocimiento y reparación para «aquellas entidades represaliadas por la dictadura», una categoría en la que el Ejecutivo menciona genéricamente a partidos políticos, sindicatos, corporaciones locales, minorías étnicas, asociaciones feministas de mujeres e instituciones educativas o culturales, entre otras.
Dentro de ese grupo, el Gobierno entiende que «tendrían encaje sin dificultad» las comunidades de montes, que podrían ser consideradas víctimas en tanto sus tierras fueron «usurpadas ilegítimamente», siempre según el texto de la respuesta al que ha tenido acceso Europa Press. La ley no menciona a estos montes por su nombre.
El reconocimiento se apoya en una categoría que ya existe en la norma, la de entidades represaliadas, y no detalla el instrumento concreto para materializarlo.
Qué son los montes vecinales en mano común
Los montes vecinales en mano común son una figura de propiedad colectiva propia del noroeste peninsular: terrenos cuyo aprovechamiento corresponde al conjunto de los vecinos de una parroquia o aldea, sin cuotas individuales asignadas a cada uno. Su titularidad y su gestión han estado históricamente ligadas a esas comunidades vecinales.
Durante el franquismo, buena parte de esos terrenos fue intervenida, ocupada o directamente expropiada por Patrimonio Forestal del Estado (el organismo estatal que asumió la repoblación y la gestión de amplias superficies de monte). El diputado del BNG sitúa el grueso de los casos en Galicia, donde las comunidades afectadas denuncian «represión y saqueos».
Galicia concentra los casos. Su pregunta al Ejecutivo aludía a un horizonte temporal concreto: los actos y transacciones realizados sobre esos montes hasta 1980, que pedía dejar sin efecto jurídico desde su origen.
Qué queda por concretar
La respuesta abre la puerta al reconocimiento, pero no fija procedimiento ni calendario. El texto describe las medidas generales que la Administración General del Estado puede adoptar y encaja a las comunidades de montes en la categoría de entidades represaliadas. El vehículo concreto para materializar ese reconocimiento no aparece detallado en la contestación remitida al diputado.
Sobre la nulidad de los actos y transacciones, el escrito se centra en el encaje de estas comunidades como víctimas. Según el contenido recogido por Europa Press, no incluye un mecanismo específico de anulación ni un compromiso de compensación económica.
El reconocimiento como víctima abre la vía a actos de reparación moral y a la inclusión de estas comunidades en las políticas públicas de memoria. No implica, por sí mismo, un cambio en la titularidad de los terrenos, que requeriría una actuación jurídica distinta de la prevista en la ley.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Gobierno ha respondido al BNG que las comunidades de montes usurpadas durante el franquismo encajan como víctimas de la dictadura.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? El Ejecutivo, el diputado del BNG Néstor Rego y las comunidades de montes vecinales en mano común, especialmente en Galicia.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El reconocimiento no fija procedimiento ni calendario; el Ejecutivo no detalla el instrumento para materializarlo.
