En los últimos meses, la región de Aragón ha sido testigo de un escándalo que ha puesto en tela de juicio la eficacia y transparencia en el manejo de los centros de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA). El portavoz del grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha denunciado públicamente lo que él considera una realidad preocupante: existen grupos que se están lucrando a costa de promover la inmigración ilegal, la delincuencia y el tráfico de personas en España.
Según Nolasco, el Centro de MENA de Ateca es solo la punta del iceberg, y la situación podría ser similar en otros centros de este tipo. El político afirma que el Gobierno de Aragón ha estado pagando a la UTE, que gestiona el centro, más de 1,2 millones de euros al año, es decir, más de 3.400 euros diarios, financiados incluso por instituciones fuera de la comunidad autónoma. Además, cuestiona que los criterios de contratación del personal del centro se basen únicamente en que hablen árabe, y no en su formación y cualificación.
Cuestionamiento de las Políticas Migratorias
Para Nolasco, la situación en Aragón es un reflejo de las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno central y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Él considera que estas políticas han permitido la regularización de medio millón de inmigrantes ilegales y han obligado a los presidentes autonómicos a repartir más MENA por todo el territorio nacional.
El portavoz de VOX exige al Gobierno de Aragón una fiscalización exhaustiva de todo el dinero de los aragoneses destinado a esta supuesta solidaridad, que, en su opinión, no es más que un negocio lucrativo para unos pocos. Además, propone esclarecer y establecer la prioridad nacional en el acceso a todo tipo de ayudas y servicios sociales, priorizando a los ciudadanos aragoneses y españoles.
Llamado a Proteger a los Menores
Nolasco también ha criticado duramente las políticas de la izquierda, afirmando que han permitido que en el Centro de Ateca se maltrate, torture y apague cigarrillos en los brazos de los menores. En su lugar, el político considera que lo más humano sería devolver a los MENA junto a sus familias en sus países de origen, ya que son víctimas de la ambición desmedida de quienes trafican con personas.
El artículo finaliza con una reflexión de Nolasco sobre la indignación que le produce ver a pensionistas que apenas pueden pagar la calefacción en invierno después de haber trabajado toda su vida, mientras que el mantenimiento de un MENA les cuesta al erario público 55.000 euros al año.
