La universalidad en el acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS) en España no ha sido garantizada a pesar de los esfuerzos normativos realizados a lo largo del tiempo. El Comité de Bioética de España advierte en su informe que la variedad normativa de las comunidades autónomas ha desembocado en una inequidad por razones territoriales, lo que ha impedido alcanzar este objetivo.
La Ley General de Sanidad de 1986 y la Ley General de Salud Pública de 2011 buscaron extender la cobertura sanitaria universal, pero las diversas reformas autonómicas entre 2012 y 2018 durante el gobierno del PP, referidas a las personas en situación irregular o sin permiso de residencia, redujeron la universalidad al introducir matices del modelo contributivo.
El Acceso Universal al SNS: Avances y Retrocesos
En 2003, la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y en 2011, la Ley General de Salud Pública extendieron efectivamente los derechos a la población migrante, otorgándoles la misma tarjeta sanitaria que al resto de la población, independientemente de su situación administrativa.
Sin embargo, en 2012, el Real Decreto-ley 16/2012 introdujo una vinculación estricta entre el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria y la contribución a la Seguridad Social, limitando el acceso de personas extranjeras a este derecho.
En 2018, el Real Decreto-ley 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (RD-17/2018) proclamó la vuelta a la cobertura universal, con el objetivo de garantizar la universalidad de la asistencia a todas las personas que se encuentren en el Estado Español, independientemente de su nacionalidad y situación de residencia.
La Realidad del Acceso Universal en la Práctica
Aunque el RD-17/2018 buscó restablecer el acceso universal a la asistencia sanitaria, el informe advierte que en la práctica, esto no ha sido tal debido a la confluencia de un factor territorial y un factor personal.
Por un lado, el tratamiento normativo diferenciado entre las comunidades autónomas ha generado un marco normativo fragmentado con diferencias sustanciales en el reconocimiento del derecho a la asistencia entre personas con nacionalidad o permiso de residencia y personas en situación irregular.
Por otro lado, se han establecido barreras difíciles de superar para las personas en situación de especial o extrema vulnerabilidad, que eran los destinatarios concretos de la reforma derivada del RD-17/2018.
En conclusión, el informe señala que en España se da «un escenario de desigualdades en salud con problemas de equidad y seguridad jurídica incompatibles con un genuino modelo de derechos«. Ante esto, el Comité de Bioética aboga por tener en cuenta el concepto de «justicia social» en el abordaje del acceso sanitario, más allá de la salud como mera subsistencia, considerando también valores como la dignidad, la libertad, la integridad personal y la seguridad.
