La investigación sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presunta defraudación tributaria y falsificación de documentos mercantiles ha tomado un nuevo giro. El PSOE y Más Madrid, que actúan como acusación popular en la causa, han interpuesto un recurso contra la decisión de la jueza de Instrucción número 19 de Madrid de rechazar las diligencias solicitadas por ellos.
El recurso, presentado el pasado 31 de julio, busca impugnar el auto que desestimaba las diligencias reclamadas por el PSOE y Más Madrid en un escrito presentado el 24 de junio. Estas peticiones se basaban en un informe de inspección de la Agencia Tributaria incluido en el procedimiento, que sugería que los hechos objeto del proceso penal podrían no limitarse a los delitos ya investigados.
La Acusación Popular Denuncia «Indefensión»
El PSOE y Más Madrid argumentan que la denegación de las diligencias «de manera genérica» sin una justificación individualizada para cada una de ellas constituye una «indefensión» para ellos. Además, consideran que la «imprecisión» de la denegación limita su capacidad para rebatirla y conculca su «Tutela Judicial Efectiva», garantizada por el Artículo 24 de la Constitución Española.
La acusación popular insiste en que las diligencias solicitadas son «relevantes» para el objeto de investigación, pues podrían acreditar la «naturaleza fraudulenta» del actuar de los investigados, que «de forma coordinada» habrían desarrollado una «estrategia mercantil» que el fiscal denomina «llamativa por no ser propia de una práctica mercantil normal».
Ampliación de la Investigación y Nuevas Posibles Infracciones
El PSOE y Más Madrid consideran que las diligencias podrían no solo acreditar «otros tipos delictivos» derivados de la conducta de los investigados, sino también revelar la existencia de «otras facturas falsas» que podrían aumentar la cuantía de la defraudación tributaria.
Asimismo, la acusación popular afirma que la investigación podría revelar la participación como colaboradores necesarios de terceros, como Quirón Salud, a través de la persona que firmó los documentos contractuales y contestó a los requerimientos de la AEAT. La acusación destaca que solo la representación de González Amador se ha opuesto a la práctica de las diligencias propuestas.
En el informe de la AEAT se menciona que la «operación simulada» relativa a la compraventa de las participaciones de Maxwell a Masterman y de Masterman a Alberto González Amador, «es desde luego algo que es anormal en el tráfico mercantil». Esta operación, según el informe, podría «enmascarar el pago de comisiones por la adjudicación de contratos de Quirón Prevención a Maxwell Cremona, que incrementó su facturación de manera escandalosa y que sorpresivamente compra a la mujer del director general de Quirón Prevención una sociedad sin apenas activo por la desorbitada cantidad de 499.836,92 euros para luego vendérsela así mismo por 3.300 euros justo cuando se deriva por Quirón y Maxwell a la misma gran parte de la facturación». La Abogacía del Estado, al igual que la agencia tributaria, considera que esta operación presenta «indicios delictivos», lo que refuerza la necesidad de acordar las diligencias de investigación.
Diligencias Reclamadas: Relación con Quirón y Actividad Financiera
Las diligencias solicitadas por el PSOE y Más Madrid incluyen la investigación de la relación empresarial del novio de la presidenta regional con Quirón, el análisis de sus cuentas de 2019 a 2022 y la aportación de la escritura de compraventa de sus viviendas de 2020 a 2024.
Más Madrid señalaba que existen indicios de más delitos que requerían más tiempo de investigación y estudio con el fin de una posible ampliación del delito fiscal, falsedad documental y delito contable. Además, el PSOE y Más Madrid consideraban que la pareja de Ayuso podría haber incurrido en la presunta comisión de dos delitos de administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios, y delito contable.
La Jueza Argumenta la Denegación de las Diligencias
En su auto, la magistrada argumenta que «muchas de las diligencias pueden resultar innecesarias por tener por objeto hechos que pueden ser reconocidos por los investigados en el momento de prestar declaración». También considera que «otras pueden considerarse prospectivas al no existir indicios de delitos distintos a los que son objeto del presente procedimiento».
En cuanto a los hechos que pudieran ser conexos, la jueza aducía que la práctica de las diligencias solicitadas supondría «excesiva complejidad y dilación en el procedimiento que se alargaría durante varios años, es decir, impediría el pronto enjuiciamiento exigido por el Artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
El recurso presentado por el PSOE y Más Madrid busca revertir la decisión de la jueza y obtener la autorización para llevar a cabo las diligencias que consideran cruciales para la investigación. La resolución de este recurso determinará si la investigación se amplía para explorar posibles delitos adicionales o se mantiene centrada en las presuntas defraudaciones fiscales y falsificaciones de documentos inicialmente investigadas.
