El Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, presentó este jueves la memoria fiscal referente a datos del año pasado. Entre los datos que aporta en su memoria son notables los dedicados al narcotráfico en el sur de España, máxime después del desmantelamiento de OCON Sur, creado en 2018 y cerrado en septiembre de 2022, que llevó a cabo el ministro del Interior Grande-Marlaska como una decisión unilateral, que ha sido criticada por todas las asociaciones profesionales de la Benemérita. Pero los datos no mienten y el desmantelamiento del OCON Sur (Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico para el Estrecho de Gibraltar) ha generado un notable descenso de las intervenciones en la comarca, según las denuncias de los fiscales de zona que vienen recogidas en esta Memoria. Hasta 230 narcolanchas fueron vistas en Campo de Gibraltar en sólo seis meses.
En su informe el FGE recoge que «la Fiscalía Especial Antidroga aborda temas de indudable trascendencia como la situación judicial de las informaciones obtenidas en plataformas encriptadas, o la situación de narcolanchas, al ser utilizadas estas embarcaciones no solo para el transporte de hachís sino también para el transporte de inmigrantes, con los graves riesgos que ello supone. También trata esta memoria la necesidad de mejorar las acciones de recuperación de activos e investigar más y mejor las actividades de blanqueo, superando las dificultades en la gestión y venta de los bienes incautados. Se destaca cómo la Comisión Europea ha reaccionado con preocupación al incremento de la delincuencia organizada vinculada al narcotráfico y a su mayor violencia, presentando, en octubre de 2023 una hoja de ruta basada en un incremento de los esfuerzos de prevención y refuerzo de la cooperación con los socios internacionales».
El documento deja datos preocupantes, como que «España es en las estadísticas europeas el tercer país en cantidad de entrada de cocaína (tras Bélgica y Países Bajos) y este año ha triplicado la cantidad de cocaína incautada; es el primero en Europa en entrada de hachís desde Marruecos y, tristemente, el primer productor de cannabis cuyo cultivo sigue incrementándose en grandes extensiones aprovechando zonas despobladas o en cultivos indoor cada vez más frecuentes. Los procedimientos judiciales por delitos contra la salud pública siguen creciendo anualmente y este año han aumentado un notable 10,16%.
Por eso «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reclaman más medios y la Administración de Justicia necesita salir de la situación de sobrecarga, en algunos casos verdadero colapso, para poder abordar la investigación y el enjuiciamiento de estos asuntos de forma ágil y eficaz.
El problema ya ha traspasado las fronteras españolas y por eso «la Comisión Europea ha reaccionado con preocupación al incremento de la delincuencia organizada vinculada al narcotráfico y a su mayor violencia, presentando, en octubre de 2023, una hoja de ruta 4 que comienza afirmado literalmente que: «El comercio de drogas orquestado por la delincuencia organizada es una de las amenazas para la seguridad más graves a las que se enfrenta Europa en la actualidad, y la situación está empeorando». La Comisión advierte de la histórica entrada de cocaína en la UE, citando como mayor incautación precisamente las 9 toneladas y media incautadas este año en Algeciras, e informa también del crecimiento de la producción de drogas sintéticas».
DATOS APABULLANTES
Los datos son apabullantes y destaca que «el número de escritos de acusación en la provincia de Cádiz es de 702, prácticamente el mismo que los 711 del año pasado; nuevamente el mayor incremento de carga de trabajo se advierte en la Fiscalía de Área de Jerez que ha presentado 242, cuatro de ellos cualificados, lo que se corresponde con la alerta que ya hacíamos el año pasado del preocupante incremento del narcotráfico en Sanlúcar. Al aumento de procedimientos se suma el colapso de los juzgados de esta población cuyo enjuiciamiento corresponde a los juzgados penales de Cádiz, igualmente colapsados. Algeciras es una de las Fiscalías más afectada por los delitos contra la salud pública, asumiendo las causas de los juzgados de Algeciras, La Línea de la Concepción y San Roque».
Esa carga de trabajo se nota en las fiscalías y las más perjudicadas son las andaluzas «por la inestabilidad debido al traslado de sus componentes de forma que solo la delegada mantiene la especialidad. Es una Fiscalía especialmente activa en la incoación de diligencias de investigación para la autorización de entregas controladas –6 durante 2023–, entre las que destaca la de los contenedores con 9 toneladas de cocaína incautadas. Este año, tras superar los problemas de espacio y gestión por la presencia de tantos intervinientes, se ha celebrado por la Sección 7.ª de la Audiencia de Cádiz, con sede en Algeciras, el macro juicio de las Diligencias previas núm. 78/2022 en el que se enjuició a 152 personas por delitos de pertenencia a grupo criminal, delitos contra la salud pública, contrabando, receptación y tráfico de armas. La sentencia, dictada el 18 de enero de 2024 y objeto de recurso de apelación por la Fiscalía, ha condenado a 97 acusados. La sentencia ha sido la primera que se ha pronunciado sobre la validez de las evidencias obtenidas de la intervención de EncroChat en Francia, admitiendo su plena conformidad con el derecho español», añade la memoria.
El Fiscal Antidroga de Jérez de la Frontera destaca, por ejemplo, «el uso de embarcaciones de todo tipo, con una proliferación escandalosa de narcolanchas para la introducción de hachís en la desembocadura del Guadalquivir, las poblaciones de Sanlúcar y Rota. En la línea de lo reportado por la coordinadora de Andalucía, se constata un menor número de Diligencias previas que pasan de 251 a 155, sin embargo se mantiene el número de acusaciones presentadas por el Ministerio Fiscal y los enjuiciamientos, que en esta Fiscalía se dividen entre los que se enjuician en los juzgados de lo penal de Jerez y los que se enjuician en Cádiz, con juzgados de lo penal sobrecargados y en la Audiencia provincial a los que acude, en causas de complejidad el delegado antidroga».
La memoria también destaca la denuncia de policías y guardias civiles sobre el «gran número de embarcaciones de alta velocidad avistadas desde Barbate hasta Sanlúcar de Barrameda sin que exista capacidad suficiente para poder abordarlas».
PROHIBICIÓN DE NARCOLANCHAS EN 2018
Desde la prohibición de las narcolanchas en 2018 con la llegada de OCON SUR a la zona, no se ha producido ningún cambio legislativo que permita agilizar y facilitar la persecución policial y judicial del narcotráfico, recuerda en su informe anual el FGE, que demanda esa agilización para la destrucción de las embarcaciones decomisadas, ya que los almacenes policiales guardan 380 grandes lanchas en el Puerto de Santa María y Algeciras con el evidente riesgo de robo que sufren.
CUANDO LOS «PETAQUEROS» SON DETENIDOS LAS MULTAS SON ADMINISTRATIVAS Y NO LAS SUELEN PAGAR NUNCA
Los fiscales piden también que se prohíba el almacenamiento de combustible en grandes cantidades siempre que no haya una autorización administrativa. De esta forma, se podría actuar contra los abastecedores de combustible en altar mar, que surten a las narcolanchas y así evitan entrar a puertos españoles a repostar. Cuando los «petaqueros» son sorprendidos son multados administrativamente por la venta de gasolina, multas que difícilmente llegan a pagarse.
El informe del FGE recuerda que las narcolanchas siguen siendo el instrumento principal para el traslado de hachís desde Marruecos, precisamente por eso se creo OCON SUR en 2018, y «proliferan por toda la costa, especialmente aunque no solo, en el Estrecho, y son visibles a plena luz del día o por la noche en el Guadalquivir y en puertos deportivos o muelles pesqueros» y añade que «las redes sociales y cualquier medio de comunicación muestran el atrevimiento en la exhibición de estas narcolanchas por parte de los narcotraficantes y la violencia con la que en más de una ocasión embisten a las embarcaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como lo demuestra el asesinato de dos guardias civiles ene Barbate en febrero de 2024, que constituye uno de los episodios más lamentables, tristes e inadmisibles que se recuerdan, y muestra la impotencia del Estado ante unas redes criminales que deben ser inmediatamente desarticuladas»..
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -recuerda la Fiscalía- denuncian «la carencia de medios para el abordaje y detención de estas embarcaciones ultrarrápidas que suelen llevar varios motores de 350 cv de potencia; cuentan con sistemas de navegación y comunicación altamente sofisticados y se esconden o encuentran abrigo en aguas internacionales, en Marruecos y también en Portugal, donde estas embarcaciones no son de ilícito comercio».
AUGC RECLAMA LA ZES PARA CAMPO DE GIBRALTAR
Para luchar contra el narcotráfico en la zona la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) viene reclamando desde hace años la creación de una Zona de Especial Singularidad en Cádiz y provincias limítrofes, junto con más recursos y mayor protección para los agentes frente a las redes criminales. Además, la AUGC «expresa su preocupación tras la publicación de la memoria del Fiscal General del Estado, que confirma las denuncias que venimos realizando desde hace tiempo. La desaparición del OCON SUR, unidad de élite contra el narcotráfico, ha generado un evidente descenso en las investigaciones, menor presión policial y una reducción en los procedimientos penales abiertos contra las redes delictivas», explican en un comunicado.
Y añaden que, según este informe de las fiscalías, «los narcotraficantes continúan empleando medios avanzados y nuevas rutas, especialmente en las provincias limítrofes de Cádiz, para introducir sustancias ilícitas en el país. Esta situación pone de manifiesto la carencia de medios personales y técnicos que sufre el Estado para combatir eficazmente esta amenaza. Desde la AUGC consideramos que es urgente la implantación de la Zona de Especial Singularidad en Cádiz y provincias limítrofes. Esta medida permitiría incrementar los recursos destinados a la lucha contra el narcotráfico, incluyendo la asignación de más agentes, la dotación de mejores medios técnicos, y la implementación de incentivos económicos y profesionales para los agentes quienes se enfrentan a estas redes criminales. Adicionalmente, solicitamos que se refuerce el reconocimiento de la labor de los agentes, considerándolos grupo de riesgo dada la peligrosidad de las situaciones a la que se enfrentan diariamente».
