El exdiputado de Podemos, Pablo Echenique, se enfrenta a una citación judicial por un tuit que publicó en mayo de 2023, en el que relacionó la probabilidad de delitos de agresión sexual contra menores con sacerdotes y no con migrantes.
Echenique se presentó ante el Juzgado de Instrucción Número 38 de Madrid, acusado por Abogados Cristianos de un presunto delito de odio. La citación se produjo tras el rechazo de un recurso presentado por el exdiputado contra la apertura de diligencias previas.
El origen de la polémica: un tuit sobre la seguridad ciudadana
El tuit en cuestión, publicado el 10 de mayo de 2023 en la red social X (antes Twitter), señalaba que «es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante». Echenique argumenta que su mensaje surgió como respuesta a unas palabras del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, quien hizo comentarios sobre la acogida de inmigrantes, considerando a algunos de ellos «indeseados».
Echenique, en su tuit, añadió que «desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria». Esta afirmación, considerada por Abogados Cristianos como un claro ataque al colectivo de sacerdotes y una incitación al odio, ha generado un fuerte debate público.
La investigación en curso: la libertad de expresión frente a la protección de la Iglesia
El juez Carlos Valle, al rechazar el recurso de Echenique, señaló que «no se trata, como pretende el recurrente, de un debate sobre abusos en el seno de la Iglesia Católica, sino de si las expresiones vertidas por el denunciado tienen visos de constituir un delito de odio o no».
Las diligencias previas, según el juez, están encaminadas a determinar si las palabras de Echenique constituyen un delito de odio, reconociendo que «prima facie» pueden revestir tal carácter.
El juez destacó que la incoación de las diligencias previas no prejuzga el resultado de la investigación y que el objetivo final de la misma podría ser el archivo y sobreseimiento de las actuaciones. El juez argumentó que, a pesar de la libertad de expresión, existen límites cuando se vulneran bienes jurídicos penalmente protegidos, especialmente a través de medios de comunicación y redes sociales.
El caso de Echenique pone de manifiesto la tensión existente entre la libertad de expresión y la protección de la Iglesia como institución, así como la complejidad de la cuestión de los delitos de odio en el ámbito digital. La investigación judicial tendrá que determinar si las palabras del exdiputado de Podemos constituyen un delito de odio o si se amparan bajo el derecho a la libertad de expresión.
