La juez Nuria Ruiz, que instruye el Caso DANA de Valencia, ha llamado a declarar a 16 alcaldes de municipios ribereños y afectados por el desborde de ríos, embalses y barrancos tras el temporal que asoló la zona el 29 de octubre de 2024 y se cobró 229 víctimas.
En un auto dictado el 8 de mayo, la juez realiza varias citaciones y recuerda que la representación legal de una de las víctimas solicitó las testificales de Miguel Polo Cebellán, presidente de la CHJ, del alcalde de Utiel, la alcaldesa de Carlet, el alcalde Algemesí y la alcaldesa de Paiporta, pero la juez explica que esas testificales ya están pedidas y concedidas.
El mismo escrito sirve para formalizar también las testificales de los alcaldes y alcaldesas de Requena, Chiva, Ribarroja de Turia, Torrent, Valencia capital, Massanassa, Benetússer, Alfafar, Picaña, Cheste, L´Alcúdia, Guadassuar, Sot de Chera, Aldaia y Quart de Poblet.
En el primer caso las testificales se pidieron tras las declaraciones de la delegada del Gobierno en la comunidad autónoma, Pilar Bernabé, que dijo haber mantenido conversaciones, además de con Miguel Polo, con los alcaldes de Utiel, Carlet, Algemesí y Paiporta. La juez quiere saber si el contenido de esas conversaciones coincide con lo declarado ya por la delegada.
Además, la juez llama como testigos a dos personas propuestas por la defensa de Salome Pradas, ex consejera valenciana de Justicia e Interior y una de las dos personas imputadas en la causa. También cita a dos testigos peritos.
La juez pide al Colectivo Manos Limpias que aclare si la personación solicitada en esta causa es «al igual que en el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, cuyas diligencias previas han sido inhibidas a este Juzgado, se formula dicha petición de personación como acusación popular respecto de la presidenta de AEMET, respecto del presidente de la CHJ y respecto de Emilio Argüeso Torres».
Asimismo, dispone la juez hacer oferta de acciones legales a cinco hermanos que perdieron a otro durante la DANA «y si en su caso, quieren ser reconocidos por el médico forense, por daños morales o secuelas de orden psíquico por dicho hecho», algo que en esta causa se está teniendo en mucha consideración por la juez instructora.
También cita a otro perjudicado que deberá comparecer acompañado de su abogado y añade que ya se ha citado como testigo a José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la AEMET. La juez acuerda citara también como testigo a Eva María Seco, funcionario de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat Valenciana y cita como perito a Victoria Roselló Botet, Jefa del Servicio de Meteorología en A Punt, la radiotelevisión pública valenciana.
LA PERIODISTA QUE COMIÓ CON MAZÓN DURANTE LA DANA
Respecto a la petición de varias acusaciones de citar como testigo a la periodista Isabel Vilaplana, que comió con el presidente Carlos Mazón el dia de los hechos, la juez dice que «se resolverá en resolución aparte».
Todo ello a pesar de que la magistrada Nuria Ruiz, haya desestimado en varias ocasiones, al igual que ha ocurrido en el caso de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno. En el segudo de los casos está todavía pendiente un recurso de apelación presentada por una de las acusaciones populares pero en el caso de Mazón la juez siempre ha desestimado su imputación. La ñultima vez el pasado lunes, a petición de una acusación particular.
A pesar de que la juez ha dicho en varios autos que la Generalitat tenía la «competencia exclusiva» en la gestión de la emergencia. «La protección civil es competencia autonómica, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Valencia y la Ley Autonómica 13/2010 de 23 de noviembre así lo establecen, y la patente inactividad, conectada con los fallecimientos y lesiones del día 29 de octubre, se produjo en el ámbito autonómico», no cree que la responsabilidad alcance al presidente de la Comunidad Autónoma y, de momento, las diligencias se centran solo en la ex consejera de Interior.
Respecto a Mazón explica la juez que la petición de una de las acusaciones particulares «se basa en la no solicitud de la declaración de emergencia nacional al Gobierno central» y añade que «sin embargo, ha de atenderse a lo resuelto en su momento por el TSJCV en auto de 23 de diciembre de 2024, la instrucción sigue su curso y se ha dado la posibilidad de declarar como investigado al President a la vista de las denuncias y querellas formuladas contra el mismo».
La magistrada concluye sobre este tema que «en primer lugar, que entre esas decisiones del juez de instrucción se encuentra la relativa a la remisión de exposición razonada a la Sala, remisión que se efectuará si, agotada la instrucción, constan indicios sólidos contra la persona aforada frente a las que se dirigió la querella. Para ello, habrán debido practicarse todas las diligencias de investigación necesarias en orden a permitir una más fundada decisión, no ya sobre la racionalidad de los indicios de existencia de infracción penal, sino de los que pueda haber de participación en ella del aforado».
Además, la juez también ha rechazado en varias ocasiones la imputación de Bernabé pedida por la misma acusación particular porque «la atribución de la condición de investigado solo se puede sustentar en la existencia de un nexo causal entre la inactividad de quienes se atribuye la condición de investigados, su posición de garantes y los fallecimientos. Pero no es solo un desconocimiento patente de la atribución competencial a favor de la Comunidad Autónoma Valenciana plasmada en el Estatuto, sino una insistencia, como elemento determinante de la atribución de la responsabilidad penal en la Delegada del Gobierno en la procedencia de la declaración de emergencia nacional».
