El partido Vox ha denunciado en el juzgado de Instrucción 2 de Melilla a Mustafá Aberchán, presidente de Coalición por Melilla (CPM) y a otras 50 personas físicas y jurídicas por la compra de votos en Melilla durante las últimas elecciones generales de 2023. Vox los acusa de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias y delito electoral en forma de compra masiva de votos por correo.
En su querella Vox denuncia además de a Aberchán, a Dunia Al Mansouri, ex consejera de Hacienda, Empleo y Comercio de Melilla, a Rachid Bussian, ex consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, Mohamed Ahmed Al Lal, ex consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Hassan Mohatar, ex consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Fátima Mohamed Kaddur, ex viceconsejera del Mayor, Yonaida Sel Lam Ouland, ex viceconsejera de la Vivienda y María Cecilia González, ex consejera del Menor y Familia, entre otras personas.
Los querellantes se basan en un informe de la UDEF, que investiga la compra de votos para las elecciones de mayo de 2023. Según la querella «la financiación de votos para la compra de votos (…) se obtenía a través de las consejerías, cuya competencias ostentaba en el gobierno de coalición (CPM), que otorgaban contratos menores «inflados» de precio a miembros del primer y segundo escalón de la organización criminal, que servían tanto para enriquecerse personalmente como para la compra de votos».
La UDEF estimó un fraude de 6.148.000€ mediante 291 contratos menores presuntamente fraudulentos. La UDEF comenzó su investigación el 29 de marzo de 2023 al recibir información de dos confidentes con un documento que recogía un listado de números de teléfono, nombres y apodos, «estas personas que aparecen en el listado serían los artífices, de una operativa de compra masiva de voto por correo en favor del partido político Coalición Por Melilla», recoge la querella.
150 EUROS UN VOTO EN MELILLA
La UDEF cree que el importe abonado a cada votante por su voto sería de entre 100 y 150 euros y «la UDEF identifica como ideólogo de la trama al líder del partido político Coalición por Melilla. Mustafa Hamed Moh Hamed «Mustafá Aberchán», ya condenado por hechos similares en 2008 y de hecho no formó parte de la candidatura de 2023 al estar inhabilitado para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena», según la denuncia.
Diez de los denunciados y una persona jurídica habrían recibido subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (CAM).
Se estima que los investigados compraron 9.500 votos de un censo de 55.100 votantes, casi el 20% de los votos, «siendo calificado este dato por la UDEF como «histórico», además consideran que el fraude electoral por parte de CPM puede venir produciéndose desde el año 2008 en el que el porcentaje de voto por correo en Melilla fue del 11,42% cuando la media nacional no llegó al 2% en aquellos comicios ya se condenó a varios políticos de Melilla».
Sin embargo, durante las últimas elecciones la petición de voto por correo llegó hasta el 20%, un porcentaje muy superior a la media del 3% nacional.
La forma de actuar de los denunciados son varias para los querellantes. Desde «obras que ni se han realizado o se ha realizado una actuación mínima. Contratos que se ordenan, adjudican y realizan en 48 horas. Invitados (a presentar ofertas para trabajos a realizar) y adjudicatarios pertenecientes a la propia organización criminal y que van rotando. Invitados que se presentan como persona física y como empresa o que concurren ellos y familiares directos. Documentos y facturas falsas en los expedientes tramitados (…)» y una larga lista de ilegalidades supuestamente cometidas por cargos o personas afines a CPM.
Entre las diligencias que piden que se practiquen, Vox solicita el interrogatorio de los querellados, la «designación y declaración del representante procesal del partido Coalición Por Melilla» y que se aporten como pruebas documentales «atestados, informes y oficios de la UDEFE y UDYCO, así como demás documentación ya incorporada a la causa y toda aquella que se incorpore durante la tramitación de las actuaciones».
