Desde el sindicato Jupol de Policía Nacional, «queremos alertar a la opinión pública, a los medios y a las instituciones europeas sobre lo que consideramos una operación de manipulación política sin precedentes en materia de conciliación familiar».
Con la publicación del Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, el Gobierno de España ha pretendido vender como un “avance social” lo que en realidad es «un nuevo episodio de maquillaje normativo para ocultar el incumplimiento flagrante de la legislación europea», asegura el sindicato.
El Ejecutivo ha anunciado a bombo y platillo la ampliación del permiso parental retribuido. Sin embargo, «no se trata de un nuevo derecho, sino de una ampliación encubierta del permiso por nacimiento (paternidad/maternidad). Se han añadido una semana adicional a disfrutar durante el primer año del menor y otras dos semanas antes de que el hijo o hija cumpla ocho años, todo ello recogido en el artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)». añaden.
Y explican que «lo más grave es que esta medida se presenta como si respondiera al cumplimiento de la Directiva (UE) 2019/1158, que exige un permiso parental retribuido obligatorio, de al menos ocho semanas, independiente del permiso por nacimiento. Esta obligación, incluida por el propio Gobierno en el artículo 49.g) del EBEP, sigue sin estar dotada presupuestariamente ni reconocida económicamente, vulnerando tanto la normativa europea como varias sentencias judiciales que ya han fallado a favor de su retribución».
UN «TRILERO» LEGAL
El Gobierno actúa «como un trilero legal, moviendo los vasos normativos para que parezca que cumple con Europa mientras, en realidad, el derecho de los trabajadores a la conciliación familiar queda nuevamente pisoteado. Con una mano amplía semanas al permiso por nacimiento, y con la otra borra la obligación de retribuir el verdadero permiso parental que establece la UE. Un engaño de manual, un “todo en uno” normativo con el que se pretende cumplir dos objetivos con una sola medida y sin coste político ni económico», insisten.
Por esto desde Jupol, «nos negamos a quedarnos callados ante esta burla institucional. Y aún más cuando hablamos de un derecho tan fundamental como la conciliación de la vida laboral y familiar de quienes trabajan para proteger a los demás: los agentes de la Policía Nacional».
DISCRIMINACIÓN
Otro aspecto especialmente grave de este decreto es, a juicio de los policías, su carácter discriminatorio. «El Gobierno establece que solo podrán beneficiarse de los nuevos permisos quienes tengan hijos nacidos a partir del 2 de agosto de 2024, fecha impuesta por la Unión Europea como límite para implementar los cambios. Esto deja a miles de progenitores fuera de cualquier mejora, aunque cumplieran todos los requisitos exigidos. Una exclusión arbitraria, injusta y probablemente inconstitucional. Y para colmo, el decreto establece que los nuevos permisos no podrán disfrutarse hasta el 1 de enero de 2026, sin aclarar si será posible solicitarlos con carácter retroactivo. Un sinsentido jurídico que, en la práctica, podría dejar en el limbo a muchas familias que durante ese periodo cumplan las condiciones, pero no puedan acogerse a la norma por motivos burocráticos», explican.
Desde Jupol «exigimos al Gobierno de España que deje de jugar con los derechos de los trabajadores públicos y que cumpla de forma efectiva con la legislación europea. En concreto, demandamos el reconocimiento inmediato y efectivo del permiso parental retribuido de 8 semanas, como exige la Directiva (UE) 2019/1158, la dotación presupuestaria necesaria para su retribución, con carácter retroactivo, conforme a lo dictado por diversas resoluciones judiciales».
Además, el sindicato solicita «la ampliación del ámbito de aplicación de las nuevas medidas a todos los progenitores que cumplieran con los requisitos desde antes del 2 de agosto de 2024, la clarificación inmediata sobre la retroactividad de los nuevos permisos y su aplicabilidad efectiva antes de 2026 y que se garantice el principio de igualdad y no discriminación para todos los agentes de la Policía Nacional, sin excepciones ni exclusiones arbitrarias».
En Jupol ya trabajan en el aspecto jurídico para denunciar esta situación, «solicitando todos los informes necesarios para valorar si se ha vulnerado el derecho a la conciliación de nuestros compañeros y compañeras, y preparando posibles acciones ante la jurisdicción nacional y europea», concluyen.
