La guerra del PP contra China compromete a Esteban González Pons

El eurodiputado y vicesecretario de Asuntos Institucionales e Internacionales del PP no solo ha sido un impulsor de relaciones internacionales dentro del partido. También ha jugado un papel decisivo en los vínculos con China.

El Partido Popular (PP) ha intensificado sus ataques contra el Gobierno de España por sus vínculos con China para inquietud de Esteban González Pons, que cuenta con conexiones históricas con el gigante asiático.

El eurodiputado y vicesecretario de Asuntos Institucionales e Internacionales del PP no solo ha sido un impulsor de relaciones internacionales dentro del partido. También ha jugado un papel decisivo en los vínculos con China. Fue él quien firmó en 2013, en representación del Partido Popular, un acuerdo de cooperación con el Partido Comunista Chino. Este pacto vigente ha propiciado seminarios conjuntos, visitas bilaterales y canales de interlocución directa con Pekín.

A esta relación política se suma un dato poco conocido, pero relevante: su hijo, Esteban González Guitart, fue nombrado en 2020 apoderado de la filial china de la consultora Acento (Acento Asia SRL), en la que ejerce como apoderado solidario el polémico empresario chino Fangyong Du, socio del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

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El currículum de González Guitart es digno de un análisis geopolítico: con tan solo 25 años fue fichado como representante en España de la energética rusa Gazprom, en plena expansión de los intereses rusos en Europa.

Hoy, González Guitart sigue trabajando para Acento, la consultora creada por José Blanco, que ha estado en el centro de las críticas por su papel de lobby en las relaciones entre la compañía china Huawei y el Gobierno español.

Este dato complica aún más la posición de González Pons. A pesar de su cercanía con los postulados geopolíticos occidentales, ha sido uno de los hombres del PP con mejores relaciones con países como Rusia, China o India, integrantes del grupo BRICS.

Este enfoque, tolerado durante años, choca hoy con el relato que su partido intenta construir: el de una España supuestamente infiltrada por los tentáculos del Partido Comunista Chino. Mientras tanto, el PP ha intensificado su discurso contra el Gobierno, acusándolo de permitir contratos «turbios» con Huawei.

Miguel Tellado, secretario general del partido, ha denunciado la existencia de una «rama china» dentro del entramado de corrupción que, asegura, envuelve al Ejecutivo. El foco se ha puesto en la adjudicación de un contrato de 12,3 millones de euros por parte del Ministerio del Interior a Huawei para gestionar escuchas judiciales.

Esta decisión contrasta con la llamativa exclusión previa de Huawei en el despliegue del 5G por motivos de seguridad. Desde el Gobierno, las acusaciones han sido respondidas con contundencia. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, recordó que comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Madrid, Murcia o Andalucía, también han establecido alianzas con la multinacional china.

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«He visto a Ayuso inaugurar el mayor hub de Huawei en Europa«, afirmó en tono crítico el ministro y pareja de Therese Jamaa, videpresidenta de Huawei en España desde comienzos de 2022 hasta mayo de 2023.

Ayuso Moncloa
Isabel Díaz Ayuso junto a directivos de Huawei. Foto: Comunidad de Madrid.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, añadió con ironía que Juanma Moreno, presidente andaluz, también se ha reunido con directivos de la compañía.

CONTRADICCIONES

La contradicción es evidente: el PP exige explicaciones por los vínculos del PSOE con Huawei, mientras guarda silencio sobre sus propias conexiones, tanto institucionales como personales, con China.

A esto se suma la inquietud de los aliados occidentales. Estados Unidos y la Unión Europea han alertado sobre los riesgos de ceder espacios estratégicos a empresas chinas sujetas a leyes de colaboración con los servicios de inteligencia del régimen de Pekín.

No obstante, las críticas hacia China a menudo omiten el papel dominante de Estados Unidos. Empresas como Amazon, Microsoft o Google, cuyas tecnologías están ampliamente extendidas en la administración española, también están sujetas al Cloud Act, una normativa que permite al Gobierno estadounidense acceder a datos de usuarios incluso fuera de su territorio. La dependencia tecnológica, pues, no es un problema exclusivo del «riesgo chino», sino de la falta de soberanía digital en Europa.

En este contexto, el caso Huawei ha terminado por poner bajo la lupa no solo a los actores del Gobierno, sino también a figuras clave del PP como González Pons. Su cercanía con potencias como China y Rusia, los vínculos laborales de su hijo con consultoras que operan en la sombra del poder, y su papel como puente con el PCCh, lo sitúan en el centro de una red de intereses difícil de explicar bajo la retórica actual de su partido.

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