La voz de alarma la ha dado el último informe de la Fiscalía General del Estado (FGE) presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados al recoger que un error en las pulseras telemáticas que la Justicia impone a los maltratadores para mantenerles alejados de sus víctimas. De momento el PP ya ha preguntado en el Congreso sobre este asunto y ha pedido reprobar a Ana Redondo, ministra de Igualdad, un departamento que desde su creación para cubrir la cuota a sus socios de Gobierno solo ha dado quebraderos de cabeza a Pedro Sánchez.
Son solo un par de páginas, de las 1.598 que tiene la memoria fiscal de este año, dedicadas a las pulseras de control de maltratadores la Fiscalía General recoge que «en las Jornadas de Fiscales Especialistas de 2024, la Unidad especializada de la FGE volvió a incidir en la necesidad de promover su uso. Las fiscalías reconocen mayoritariamente en sus Memorias la indiscutible utilidad de los dispositivos como instrumento para proteger a las víctimas, resultando incontestable que hasta la fecha ninguna de las mujeres asesinadas portaba dispositivo telemático de control».
Pero luego habla de los problemas que desde marzo de 2024 vienen sufriendo estos dispositivos: «Sin embargo, también expresan los problemas derivados de la dificultad de guardar la distancia de 500 metros en localidades pequeñas, la deficiente cobertura de zonas rurales aisladas, el tiempo que emplean en trasladarse los técnicos de «Cometa» a esas áreas, así como el trabajo que les supone el análisis y cribado de las incidencias que reporta el centro «Cometa» (alertas involuntarias o entradas en zonas de exclusión móvil), para decidir sobre la formulación de denuncia».
«Cometa» es el acrónimo de «Control Telemático de Medidas y Penas de Alejamiento (Cometa)». El dispositivo, una tobillera normalmente, más discreta que una pulsera, se pone en el maltratador o quien tenga una orden de alejamiento, y cuando esa pulsera traspasa los límites impuestos en la sentencia o en una medida cautelar de un juzgado otro dispositivo de la víctima, algo parecido a un teléfono móvil suena o vibra. Al mismo tiempo el cuartel de la Guardia Civil o la comisaría de Policía recibe un aviso de que el sistema Cometa ha sido quebrado.
FALLOS EN LOS DISPOSITIVOS ANTI MALTRATADORES
La Fiscalía añade en el informe anual que «algunas fiscalías, por ejemplo, las de Castellón y Pontevedra, ponen de manifiesto los múltiples fallos que se han detectado con los nuevos dispositivos y con el prestador del servicio, con las consiguientes disfunciones que provocan en el estado de alerta de la perjudicada, confirmándose que por parte de «Cometa» se remiten incidencias cuando han sido los propios usuarios los que han dado aviso de fallos en los aparatos y que los equipos son sustituidos con cierto retraso. Un denominador común apuntado por muchas fiscalías, entre ellas la de Madrid, Girona, Granada o Tenerife, con informes y datos que fueron facilitados a la Unidad y de las que se dio oportuno traslado a la Delegación del Gobierno de Violencia de Género para que se procediera a su solución, ante la potencial desprotección de las víctimas, es el relacionado con el seguimiento y control de las penas y medidas cautelares de alejamiento a consecuencia del cambio de prestatario y de la nueva adjudicación del servicio al no disponer, por problemas de descarga, de la información del anterior proveedor de servicios y de la información relativa al uso de los dispositivos por parte de investigados y penados o la ubicación de estos.
E incluso advierten de que muchos maltratadores pueden quedar libres porque «el propio centro de control «Cometa» ha informado reiteradamente a los juzgados que no pueden facilitarles la información que sea anterior al día 20 de marzo de 2024, fecha en que finalizó la migración a los nuevos dispositivos. Esta anomalía produce sus consecuencias tanto en la fase de instrucción ante el JVM como en la fase de enjuiciamiento, provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios. En el JVM, la imposibilidad de que el centro «Cometa» facilite la información, ha impedido saber la ubicación o actuación de los investigados cuando el hecho es anterior al 20 de marzo de 2024, lo que supone, de facto, la pérdida de un elemento probatorio en ocasiones imprescindible para poder formular acusación».
Y resumen que «en el Juzgado de lo Penal, se impide que el legal representante del centro de control puede responder a las preguntas relativas a cualquier incidencia anterior a la fecha indicada, al no tener tampoco, acceso a la información; lo que, en muchos casos, aboca a una sentencia absolutoria».
Por último, «señalan varias fiscalías lo gravoso que es para las víctimas la comunicación de incidencias reiteradas, con la consiguiente inseguridad y trastorno en su vida diaria, llegando a comparecer en sede judicial para solicitar la retirada de los dispositivos», reitera la memoria de la FGE.
