Los GAL y su lucha contra ETA representan uno de los capítulos más oscuros de la historia contemporánea española. Se trata de agrupaciones parapoliciales que practicaron terrorismo de Estado contra la banda terrorista durante cuatro años. Estas organizaciones, financiadas por funcionarios de alto nivel del Ministerio del Interior, cometieron más de treinta acciones terroristas devastadoras. El objetivo era eliminar ETA mediante métodos extrajudiciales. Sus operaciones incluyeron víctimas civiles sin conexión con la organización vasca.
La investigación periodística destapó una realidad incómoda para el Gobierno socialista de Felipe González. Ricardo Arques, reportero del diario Deia, fue el primero en investigar esta trama clandestina a mediados de los ochenta. Sus reportajes posteriores en Diario 16 y El Mundo revelaron que funcionarios del Estado financiaban asesinatos, secuestros y torturas. Los implicados incluían miembros de Policía Nacional, Guardia Civil y Cesid. Este escándalo cambió profundamente el curso de la política española.
LA GUERRA SUCIA CONTRA LA BANDA TERRORISTA
Durante los primeros años del Gobierno de Felipe González, los GAL ejecutaron su estrategia de guerra contra ETA sin restricciones legales. Este combate encubierto utilizaba técnicas como asesinatos selectivos, secuestros extrajudiciales y torturas organizadas sistemáticamente. Los métodos empleados superaban cualquier marco legal internacional. Las operaciones se dirigían principalmente desde el sur de Francia. Los registros muestran más de veintisiete asesinatos confirmados atribuibles a estas organizaciones parapoliciales entre 1983 y 1987.
Los GAL contaban con recursos económicos procedentes de fondos secretos del Ministerio del Interior destinados oficialmente a la lucha antiterrorista. La estructura interna de estas agrupaciones comprendía cuatro ramas principales: el GAL verde de la Guardia Civil, el azul de la Policía, el marrón del Cesid y el GAL francés. Cada rama operaba con independencia relativa pero bajo coordinación central. Los mercenarios contratados provenían de distintos países europeos. La financiación clandestina permitía mantener operaciones sin auditoría ni control parlamentario alguno.
LOS PRIMEROS CRÍMENES: LASA Y ZABALA
El secuestro de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en octubre de 1983 marca el inicio de las operaciones más crueles del GAL. Estos dos jóvenes de veinte y veintiún años fueron capturados en Bayona, Francia, mediante un operativo coordinado por guardias civiles españoles. Fueron trasladados clandestinamente a Alicante donde sufrieron torturas sistemáticas. Posteriormente fueron asesinados de un disparo en la nuca. Sus cadáveres fueron enterrados bajo cal viva, un método deliberado para ocultarlos y simbolizar la brutalidad estatal.
La brutalidad del crimen inicial revelaba determinación por eliminar ETA sin contemplaciones legales. Los restos de Lasa y Zabala permanecieron desaparecidos hasta 1985, cuando fueron hallados en Busot, pero su identificación tardó diez años. Este retraso deliberado impedía que las familias conocieran el destino de los jóvenes. La investigación judicial demostraría que el general Enrique Rodríguez Galindo dirigía este operativo criminal. El caso reveló complicidad directa entre aparatos de seguridad y crímenes de Estado.
ESTRUCTURA Y FINANCIACIÓN ESTATAL
La estructura del GAL no era obra de improvisación sino de planificación deliberada desde las más altas esferas del Ministerio del Interior. José Barrionuevo, ministro del Interior durante estos años, fue posteriormente condenado por su implicación directa en crímenes de lesa humanidad. Los fondos utilizados provenían del presupuesto destinado a operaciones antiterroristas. Estos recursos financiaban tanto mercenarios extranjeros como funcionarios españoles que participaban en los crímenes. La corrupción administrativa alcanzaba niveles inimaginables para una democracia consolidada.
El sistema de financiación permitía que miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil y Cesid actuaran como terroristas de facto bajo cobertura estatal. Las investigaciones judiciales posteriores demostraron que existían órdenes directas desde el Ministerio para ejecutar operaciones específicas contra ETA. Los presupuestos secretos proporcionaban liquidez inmediata para operaciones encubiertas. No había transparencia ni rendición de cuentas parlamentaria sobre estos gastos. La financiación clandestina convertía a los aparatos de seguridad en agencias terroristas del Estado.
SECUESTRO DE SEGUNDO MAREY Y ERRORES
El secuestro del ciudadano francés Segundo Marey en julio de 1983 constituye uno de los crímenes más reveladores del funcionamiento del GAL y su negligencia. Marey fue secuestrado en Hendaya por funcionarios policiales españoles que lo confundieron con un militante de ETA. Fue mantenido en cautividad durante diez días bajo torturas intensas. Al descubrirse el error, fue liberado en Francia. Su caso reveló la incompetencia y brutalidad de operaciones que mataban supuestos objetivos sin verificación adecuada.
El caso de Marey abrió una brecha en la investigación que eventualmente desmantelaría toda la trama del GAL. Los testimonios de Marey ante tribunales franceses confirmaron directamente la participación de funcionarios españoles del Ministerio del Interior. Las denuncias de torturas fueron documentadas por autoridades galas. Este caso generó tensiones diplomáticas entre España y Francia. Fue precisamente este error el que permitió a la justicia acceder a pruebas documentales que conectaban directamente al gobierno español.
CONSECUENCIAS JUDICIALES Y CONDENAS
La investigación periodística de Ricardo Arques en Deia, Diario 16 y El Mundo permitió que la justicia persiguiera los crímenes del GAL. El juez Baltasar Garzón asumió la investigación y acumuló pruebas contundentes contra funcionarios implicados. Las sentencias judiciales condenaron a decenas de personas por terrorismo de Estado. El general Enrique Rodríguez Galindo recibió setenta años. Los exministros José Barrionuevo y Narcís Serra fueron condenados por los crímenes cometidos bajo su responsabilidad.
Las sentencias contra el GAL representaron un hito sin precedentes en la historia judicial española al condenar a miembros de aparatos de seguridad. Los tribunales establecieron que existía una estructura coordinada desde el Ministerio del Interior dedicada a cometer crímenes contra ETA. Algunas condenas superaban cien años de cárcel. Los condenados incluían generales, coroneles, gobernadores civiles y policías. Este precedente judicial transformó la relación entre Estado, justicia y seguridad en España.
EL LEGADO Y LA MEMORIA
Treinta años después de sus operaciones, el legado del GAL permanece como recordatorio permanente de hasta dónde puede llegar un Estado democrático cuando justifica terrorismo contra sus enemigos. Las víctimas incluyen militantes de ETA, ciudadanos franceses e inocentes españoles atrapados en guerra sucia. El caso transformó profundamente el debate público sobre terrorismo de Estado. Las familias de víctimas mantienen viva la memoria. El GAL demuestra que ningún objetivo político justifica la violencia estatal clandestina.
La investigación periodística que destapó el GAL estableció un estándar internacional de excelencia en periodismo de investigación español durante décadas. Ricardo Arques, aunque inicialmente marginado, es reconocido hoy como uno de los grandes periodistas españoles que enfrentó al poder político. El caso demuestra que la prensa libre es esencial para desenmascarar abusos. La memoria del GAL sigue siendo fundamental para vigilar los aparatos. La lección advierte permanentemente sobre los peligros del autoritarismo.
