La Ribera de Navarra vuelve a situarse en el epicentro del debate ambiental y político. En Cintruénigo, el pueblo natal de la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, una empresa privada ha presentado un ambicioso proyecto para construir una planta de biometano y biofertilizantes.
La propuesta, publicada en el Boletín Oficial de Navarra el pasado 3 de noviembre, ha generado una fuerte controversia al coincidir con la reciente aprobación de una moratoria que paraliza la tramitación de nuevas instalaciones de este tipo en toda la comunidad.
La compañía promotora, B. Power Gen XV S.L.U., plantea levantar la planta junto a la carretera NA-6900, entre Fitero y Cintruénigo, a escasos kilómetros del río Alhama. Según el proyecto, las instalaciones ocuparán una superficie de casi 90.000 metros cuadrados y trabajarán todo el año, procesando 91.000 toneladas anuales de purines, estiércoles, lodos industriales y restos agroalimentarios.
A partir de esos residuos se producirían 4,8 millones de metros cúbicos de biogás y unas 75.000 toneladas de digestato, que se utilizarían como fertilizante. El tráfico asociado al funcionamiento de la planta no es menor: la empresa calcula casi 7.000 camiones al año, una media de 19 vehículos pesados diarios que circularán entre las 8:00 y las 22:00 horas.
Aunque la documentación ambiental califica el impacto como «moderado», los vecinos temen un aumento de la contaminación y los olores, así como el deterioro del tráfico en una carretera estrecha y muy transitada.
La polémica empresa promotora defiende su proyecto como un ejemplo de economía circular. Afirma que evitará la aplicación directa al campo de 30.000 toneladas de purines y otras tantas de estiércoles, reduciendo la contaminación de suelos y aguas. Además, asegura que la planta generará 12 empleos directos y 30 indirectos y contribuirá a la transición energética de Navarra. Sin embargo, las dudas persisten.
Vecinos de Cintruénigo y Fitero preguntados por Moncloa.com temen que los presuntos beneficios económicos no compensen los riesgos ambientales. Las asociaciones ecologistas piden que se suspenda la tramitación hasta que se apruebe una normativa clara sobre la gestión de estiércoles y digestatos.
LA RIBERA, ZONA SATURADA
El caso de Cintruénigo no es aislado. En apenas dos años, la Ribera se ha convertido en el foco principal del boom del biogás en Navarra. Según la Fundación Sustrai, existen al menos ocho proyectos en tramitación, con capacidad conjunta para tratar más de un millón de toneladas de residuos anuales.
Este crecimiento ha despertado alarma entre colectivos vecinales y ecologistas, que acusan al Gobierno foral de convertir el sur de Navarra en el «vertedero energético» de la Comunidad Foral. Las plataformas denuncian el impacto en los acuíferos, los malos olores y la pérdida de calidad de vida, mientras reclaman una planificación equilibrada y control riguroso de estos proyectos.
La controversia adquiere un tono especialmente simbólico al desarrollarse en el pueblo de la presidenta Chivite, justo cuando el Parlamento foral —con los votos del PSN y de UPN— aprobaba una moratoria para las plantas de biometano.
Esa moratoria, propuesta originalmente por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, buscaba una suspensión de dos años en la tramitación de nuevos proyectos. Sin embargo, el texto final acordado entre socialistas y regionalistas redujo el plazo a doce meses y suavizó los efectos sobre los expedientes ya iniciados.
PROBLEMAS EN LA COMARCA
La polémica del biometano llega a una Ribera castigada por la crisis industrial y la degradación de los servicios públicos. En los últimos meses, SKF Tudela, ZF Aftermarket Corella y Mecacontrol Cascante han anunciado despidos o cierres, dejando a decenas de familias sin empleo.
A ello se suma el deterioro sanitario: el Centro de Salud Tudela Oeste sigue sin ampliación pese a haber sido adjudicada en 2024, y el Gobierno plantea cerrar varios Puntos de Atención Continuada en pueblos como Fustiñana.
En este caldo de cultivo, al que tanto está contribuyendo el PSN-PSOE (muy tenso desde el estallido del ‘caso Koldo), intenta pescar la extrema derecha con una mezcla de discurso victimista, vascófobo (al culpar de buena parte de los males de la comarca a los «gastos públicos en euskera») y abiertamente xenófobo.
