El Partido Popular (PP) ha lanzado una ofensiva parlamentaria contra el Gobierno de Pedro Sánchez, exigiendo «luz y taquígrafos» sobre la opacidad en la adjudicación de contratos directos en el sector estratégico de la Defensa. Esta acción se produce en un contexto de gasto público histórico y de gran controversia, con el Ejecutivo comprometiendo sumas millonarias para la industria militar en ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) durante toda la legislatura.
La formación popular ha registrado una «batería de iniciativas» en el Congreso de los Diputados, buscando fiscalizar el dispendio que, según sus cálculos, ya compromete a las arcas públicas con 34.168 millones de euros en gasto, proyectado para la próxima década. De esta cifra colosal, el Gobierno ha acordado ya préstamos por 14.283 millones de euros destinados a la financiación de estos programas. El meollo de la controversia radica en que estas inyecciones de capital se están realizando mediante adjudicaciones directas, eludiendo la concurrencia competitiva, lo que, a juicio del PP, hace «inexcusable la máxima rendición de cuentas».
CIFRAS DE ESCÁNDALO
El Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa (PITSD) contempla 32 contratos, de los cuales nueve aún están pendientes de formalización. El PP subraya la gravedad de que el Gobierno esté «comprometiendo gasto para toda una década» sin haber facilitado la fiscalización por parte de los ministerios de Defensa e Industria.
Más allá del control económico, las iniciativas parlamentarias del Partido Popular apuntan a la idoneidad y el interés público de estos contratos. La adjudicación de proyectos que definen el «papel estratégico de España en el ámbito de la defensa» debería garantizar que las empresas seleccionadas posean «capacidades instaladas reales y suficientes». En un marco de alta exigencia internacional, la oposición reclama al Gobierno la obligación de asegurar la disponibilidad de estas capacidades «en tiempo y forma», así como impulsar la soberanía tecnológica de la industria nacional.
INDRA Y LA SOMBRA DEL MONOPOLIO
La preocupación del Partido Popular se agrava por el estudio de adquisición de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por parte de INDRA, una compañía con participación estatal a través de la SEPI. Las cifras revelan una posición de privilegio de INDRA en la actual ola de contrataciones, siendo la compañía más beneficiada por el Ministerio de Defensa.
INDRA ha pactado una prefinanciación de 5.959 millones de euros, lo que representa el 41,7% del total de los préstamos comprometidos hasta la fecha. De esta suma, 3.169 millones de euros corresponden a proyectos en Unión Temporal de Empresas (UTE) con la propia EM&E. Unas cifras que están sujetas a un aumento considerable, dado que el importe total de siete contratos con INDRA todavía se desconoce.
El Partido Popular advierte de los riesgos que esta operación mercantil, impulsada por el Gobierno a través de la SEPI y el Ministerio de Hacienda, podría generar: «decisiones arbitrarias, por motivaciones políticas y sin atender a criterio alguno de concurrencia competitiva», que podrían desembocar en una situación de «posición dominante o de monopolio» dentro de la industria de defensa española. El grupo de la oposición anuncia que estará vigilante ante cualquier indicio de perjuicio para la competencia y el control del dinero público.
TRIPLE COMPARECENCIA EN EL CONGRESO
Para arrojar luz sobre este «escenario de grandes dudas», el Partido Popular ha registrado peticiones de comparecencia para tres figuras clave en esta trama de adjudicaciones y movimientos corporativos:
- Margarita Robles, ministra de Defensa: Se le exige explicar detalladamente los procesos de adjudicación de los 22 proyectos concedidos al grupo Escribano EM&E.
- Jordi Hereu, ministro de Industria: Debe justificar los criterios aplicados para la concesión de préstamos directos por importe de 3.169 millones de euros a la UTE formada por Indra y EM&E.
- Carlos San Basilio, Presidente de la CNMV: Se pide que analice la evolución del valor de la acción de Indra, que ha experimentado un alza del 23% en solo diez sesiones, y si se han detectado movimientos especulativos vinculados a la posible adquisición de EM&E.
Además de las comparecencias, el PP ha impulsado una batería de preguntas (orales y escritas) centradas en los criterios de concesión de los contratos, la ausencia de concurrencia competitiva y la necesidad de acceder a «la información disponible y los informes preceptivos» que avalen la idoneidad y el interés público de estos compromisos de gasto adicionales de más de 34.168 millones de euros.
La oposición denuncia que la falta de transparencia del Gobierno y el «respeto a las competencias propias del Congreso» están obstaculizando la labor fiscalizadora en un ámbito crucial para la seguridad nacional, donde se está inyectando una cantidad de dinero público «antes nunca vista». El debate sobre la gestión de la Defensa y la creación de un «campeón nacional» en el sector, a costa de la competencia y la transparencia, está servido en la Cámara Baja.
