La presión social y política en torno al proyecto minero Mina Muga, impulsado por Geoalcali, no deja de aumentar. Sin embargo, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, mantiene su negativa a emprender una campaña institucional o adoptar una posición más contundente mientras continúan las investigaciones judiciales y parlamentarias relacionadas con el caso.
La decisión se produce en un contexto cada vez más tenso, marcado por nuevas revelaciones que vinculan el proyecto con presuntas prácticas irregulares y con ramificaciones políticas que algunos sectores relacionan incluso con el conocido caso Koldo, aunque por ahora no existe resolución judicial al respecto.
El pasado 4 de agosto de 2025, la Plataforma contra las Minas de La Bal D’Onsella y El Perdón, Ecologistas en Acción y la Fundación Sustrai Erakuntza registraron ante el Parlamento de Navarra una solicitud formal para que la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones de obras públicas incluyera el expediente de Mina Muga en sus trabajos.
La petición se basaba en la aparición de informaciones periodísticas que situaban a la mina en el epicentro de una presunta trama de influencia, intermediación y posibles irregularidades cometidas durante la tramitación administrativa del proyecto.
Según estas organizaciones, distintos actores —entre ellos empresas como Geoalcali, Servinabar, Acciona o UTE Sangüesa-Zangoza Services, así como personas vinculadas a partidos políticos— podrían haber participado en maniobras destinadas a condicionar decisiones de diferentes administraciones públicas implicadas en el proceso, desde el Gobierno central hasta entidades locales.
Dichas administraciones eran responsables de autorizar los permisos ambientales, mineros y urbanísticos necesarios para que Mina Muga pudiera ponerse en marcha. A pesar de la gravedad con la que estas organizaciones califican los hechos, varios meses han pasado sin que el Parlamento haya ofrecido respuesta a la solicitud de incluir el expediente de la mina en la comisión ya existente.
Durante ese tiempo, nuevos datos han seguido saliendo a la luz, reforzando —según denuncian los colectivos ecologistas— la sospecha de posibles prácticas de intermediación indebida durante la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental otorgada en 2015.
SILENCIO PARLAMENTARIO
El silencio parlamentario llevó a las tres organizaciones a registrar una nueva solicitud. En ella exigen que el expediente administrativo de Mina Muga sea incorporado a la comisión de investigación sobre adjudicaciones de obras públicas. O, en su defecto, la creación de una comisión específica dedicada exclusivamente al caso.
También piden que la Cámara de Comptos, el órgano fiscalizador de Navarra, realice una auditoría completa de la tramitación del expediente y de las donaciones de la Fundación Geoalcali a ayuntamientos de la zona de Sangüesa. En paralelo al aumento de la presión social, el Gobierno de Navarra ha preferido mantener un perfil institucional prudente.
El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi, sostuvo en el pleno parlamentario del 25 de septiembre de 2025 que el Ejecutivo permanece «a la expectativa» de lo que decida el Tribunal Supremo sobre el recurso de casación relacionado con la concesión de explotación otorgada a Geoalcali el 1 de junio de 2021.
Dicha concesión fue recurrida por Ecologistas en Acción, que obtuvo una sentencia favorable, motivo por el cual el futuro de la mina depende ahora de la resolución del Alto Tribunal. Aierdi advirtió además de que una de las autorizaciones complementarias concedidas a la empresa ha caducado, por lo que cualquier avance exigiría iniciar de nuevo parte del procedimiento administrativo.
En la arena política, voces críticas siguen ganando peso. Carlos Guzmán, parlamentario de Contigo, afirmó que Mina Muga representa «lo contrario de lo que un Gobierno progresista debería desear», y lo calificó como un proyecto «especulativo», orientado a generar beneficios financieros antes que desarrollo local. Sus declaraciones han resonado especialmente en un momento en el que la confianza pública en el proceso se encuentra en entredicho.
Por su parte, la presidenta María Chivite ha insistido en desvincular al Gobierno de Navarra de las decisiones empresariales relacionadas con Mina Muga. El miércoles, durante una sesión parlamentaria, defendió que la retirada de la multinacional China Mine Metals del proyecto responde exclusivamente a «motivos internos de la compañía», recalcando que «no tiene sentido que se pregunte al Gobierno de Navarra por esas razones».
Sin embargo, colectivos sociales y diversas fuerzas políticas consideran insuficiente esta postura. A su juicio, el Ejecutivo debería adoptar un papel más activo ante un caso que ya se ha visto salpicado por investigaciones relacionadas con tramas de intermediación política, algunas de las cuales han sido vinculadas mediáticamente al caso Koldo, aunque sin confirmación judicial directa.
La simple aparición del nombre de Mina Muga en estas informaciones ha intensificado la sensación de opacidad que denuncian los movimientos ciudadanos desde hace años. Mientras tanto, el futuro de la mina sigue en el aire.
El proyecto tildado como «ecocida», y en su día presentado como una oportunidad económica para la zona de Sangüesa, ha terminado convirtiéndose en uno de los focos de controversia más persistentes de la política navarra reciente. Las organizaciones sociales no descartan nuevas movilizaciones y reiteran que continuarán recabando información y elevando las sospechas a las instituciones competentes.
