La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha solicitado esta semana que el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparezca en esa institución el próximo 28 de enero para explicar una presunta obstrucción a la misión de eurodiputados que investigaba el asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) en febrero de 2024.
Los grupos europeos en los que militan el PP y Vox (Partido Popular Europeo y Patriotas por Europa) han unido sus votos a los de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y la Europa de Naciones Soberanas (ESN) para pedir que el ministro explique lo que Vox denuncia como una «retirada de pruebas clave durante la misión».
La misión de eurodiputados del pasado mes de mayo a Barbate, Cádiz y Sevilla buscaba comprobar sobre el terreno las condiciones y derechos laborales del colectivo de las fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado.
El problema es que la Guardia Civil, siguiendo órdenes de Interior, retiró los restos de la zodiac embestida por los narcos donde murieron los dos guardias civiles. Esa investigación sigue su curso mientras el conductor de la narcolancha, Karim El Bakali, sigue en prisión preventiva a la espera de juicio. Pero los eurodiputados no pudieron ver la zodiac donde fallecieron los dos agentes de la Benemérita.
Una de las principales conclusiones esa delegación fue que las penas previstas en el Código Penal español no están a la altura del delito. A la investigación judicial, se sumó desde el principio la dimensión política de un suceso que volvió a poner sobre la mesa la falta de medios con la que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado luchan contra el narcotráfico en el Estrecho.
Los eurodiputados también se vieron con las familias de los dos guardias civiles que murieron en Barbate en febrero de 2024, así como con otros trabajadores del sector que reivindican mejoras de sus condiciones y personal involucrado en la lucha contra el crimen organizado.
El informe final de la misión, que se aprobó en noviembre, reclamó el reconocimiento de las fuerzas de seguridad como profesión de alto riesgo en la Unión Europea y que los actos violentos contra los agentes sean considerados «eurodelitos».
LA MEMORIA DE FISCALÍA RECOGÍA EL ENFADO DE FISCALES ANDALUCES
En septiembre de 2024 la Fiscalía General del Estado (FGE) presentaba la memoria fiscal referente a datos del año 2023. Entre los datos que aporta en su memoria son notables los dedicados al narcotráfico en el sur de España, máxime después del desmantelamiento de OCON Sur, creado en 2018 y cerrado en septiembre de 2022, que llevó a cabo el ministro del Interior Grande-Marlaska como una decisión unilateral.
Los datos no mienten y el desmantelamiento del OCON Sur (Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico para el Estrecho de Gibraltar) ha generado un notable descenso de las intervenciones en la comarca, según las denuncias de los fiscales de zona que vienen recogidas en esa Memoria. Hasta 230 narcolanchas fueron vistas en Campo de Gibraltar en sólo seis meses.
En su informe la Fiscalía recoge que «la Fiscalía Especial Antidroga aborda temas de indudable trascendencia como la situación judicial de las informaciones obtenidas en plataformas encriptadas, o la situación de narcolanchas, al ser utilizadas estas embarcaciones no solo para el transporte de hachís sino también para el transporte de inmigrantes, con los graves riesgos que ello supone. También trata esta memoria la necesidad de mejorar las acciones de recuperación de activos e investigar más y mejor las actividades de blanqueo, superando las dificultades en la gestión y venta de los bienes incautados. Se destaca cómo la Comisión Europea ha reaccionado con preocupación al incremento de la delincuencia organizada vinculada al narcotráfico y a su mayor violencia, presentando, en octubre de 2023 una hoja de ruta basada en un incremento de los esfuerzos de prevención y refuerzo de la cooperación con los socios internacionales».
El documento dejaba datos preocupantes, como que «España es en las estadísticas europeas el tercer país en cantidad de entrada de cocaína (tras Bélgica y Países Bajos) y este año ha triplicado la cantidad de cocaína incautada; es el primero en Europa en entrada de hachís desde Marruecos y, tristemente, el primer productor de cannabis cuyo cultivo sigue incrementándose en grandes extensiones aprovechando zonas despobladas o en cultivos indoor cada vez más frecuentes. Los procedimientos judiciales por delitos contra la salud pública siguen creciendo anualmente y este año han aumentado un notable 10,16%.
Por eso «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reclaman más medios y la Administración de Justicia necesita salir de la situación de sobrecarga, en algunos casos verdadero colapso, para poder abordar la investigación y el enjuiciamiento de estos asuntos de forma ágil y eficaz.
El problema traspasó entonces las fronteras españolas y el asesinato de dos guardias civiles en Barbate fue la gota que colmó el vaso. Por eso «la Comisión Europea ha reaccionado con preocupación al incremento de la delincuencia organizada vinculada al narcotráfico y a su mayor violencia, presentando, en octubre de 2023, una hoja de ruta que comienza afirmado literalmente que: «El comercio de drogas orquestado por la delincuencia organizada es una de las amenazas para la seguridad más graves a las que se enfrenta Europa en la actualidad, y la situación está empeorando».
La Comisión advertía de la histórica entrada de cocaína en la UE, citando como mayor incautación precisamente las 9 toneladas y media incautadas este año en Algeciras, e informaba también del crecimiento de la «producción de drogas sintéticas».
La memoria fiscal también destacaba entonces la denuncia de policías y guardias civiles sobre el «gran número de embarcaciones de alta velocidad avistadas desde Barbate hasta Sanlúcar de Barrameda sin que exista capacidad suficiente para poder abordarlas».
PROHIBICIÓN DE NARCOLANCHAS EN 2018
Desde la prohibición de las narcolanchas en 2018 con la llegada de OCON SUR a la zona, no se ha producido ningún cambio legislativo que permita agilizar y facilitar la persecución policial y judicial del narcotráfico, recordaba en su informe anual el FGE, que demandaba esa agilización para la destrucción de las embarcaciones decomisadas, ya que los almacenes policiales guardan 380 grandes lanchas en el Puerto de Santa María y Algeciras con el evidente riesgo de robo que sufren.
Los fiscales pedían también que se prohibiese el almacenamiento de combustible en grandes cantidades siempre que no haya una autorización administrativa. De esta forma, se podría actuar contra los abastecedores de combustible en altar mar, que surten a las narcolanchas y así evitan entrar a puertos españoles a repostar. Cuando los «petaqueros» son sorprendidos son multados administrativamente por la venta de gasolina, multas que difícilmente llegan a pagarse.
El informe del FGE recuerda que las narcolanchas siguen siendo el instrumento principal para el traslado de hachís desde Marruecos, precisamente por eso se creo OCON SUR en 2018, y «proliferan por toda la costa, especialmente aunque no solo, en el Estrecho, y son visibles a plena luz del día o por la noche en el Guadalquivir y en puertos deportivos o muelles pesqueros» y añade que «las redes sociales y cualquier medio de comunicación muestran el atrevimiento en la exhibición de estas narcolanchas por parte de los narcotraficantes y la violencia con la que en más de una ocasión embisten a las embarcaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como lo demuestra el asesinato de dos guardias civiles ene Barbate en febrero de 2024, que constituye uno de los episodios más lamentables, tristes e inadmisibles que se recuerdan, y muestra la impotencia del Estado ante unas redes criminales que deben ser inmediatamente desarticuladas».
«La desaparición del OCON SUR, unidad de élite contra el narcotráfico, ha generado un evidente descenso en las investigaciones, menor presión policial y una reducción en los procedimientos penales abiertos contra las redes delictivas», explicaba la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en un comunicado.
Y añadían que, según este informe de las fiscalías, «los narcotraficantes continúan empleando medios avanzados y nuevas rutas, especialmente en las provincias limítrofes de Cádiz, para introducir sustancias ilícitas en el país. Esta situación pone de manifiesto la carencia de medios personales y técnicos que sufre el Estado para combatir eficazmente esta amenaza».
Desde la AUGC, explicaban que «es urgente la implantación de la Zona de Especial Singularidad en Cádiz y provincias limítrofes. Esta medida permitiría incrementar los recursos destinados a la lucha contra el narcotráfico, incluyendo la asignación de más agentes, la dotación de mejores medios técnicos, y la implementación de incentivos económicos y profesionales para los agentes quienes se enfrentan a estas redes criminales. Adicionalmente, solicitamos que se refuerce el reconocimiento de la labor de los agentes, considerándolos grupo de riesgo dada la peligrosidad de las situaciones a la que se enfrentan diariamente».
Los problemas graves con el narcotráfico se incrementaron con la destitución del teniente coronel David Oliva como responsable del Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON) Sur, jefe de la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar en 2022.
