Un documento de 22 folios redactado por el economista y ex eurodiputado Luis Garicano presentado ante la Comisión Europea el 20 de mayo de 2021 dio las claves acerca del rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros, que en su opinión se hizo de manera ilegal. Ese documento al que ha tenido acceso MONCLOA.com fue usado luego por el Partido Popular (PP), VOX y el colectivo de funcionarios Manos Limpias para denunciar en la Fiscalía Anticorrupción la concesión de esta ayuda.
La denuncia inicial de Garicano fue presentada el 6 de abril de 2021 ante el Registro de Ayudas de Estado, DGI de Competencia, Comisión Europea (Bruselas), pero el gobierno español defendió esa ayuda y Garicano presentó alegaciones al escrito del Gobierno el 20 de mayo de 2021.
Con esa misma documentación los denunciantes acudieron a la Fiscalía Anticorrupción que la elevó a la Audiencia Nacional, pero la denuncia recayó en el juzgado de Instrucción número 15 de Madrid después de que la Audiencia Nacional se declarara no competente. Luego, un error formal en los plazos por parte de la instructora provocó el archivo de la causa, que ahora ha sido reabierta ante los nuevos indicios, todavía desconocidos al encontrarse secretas las diligencias.
Anticorrupción pidió reabrir la causa ante los nuevos datos recibidos de fuera de España, en concreto de Reino Unido y Suiza, principalmente, ya que Panamá no coopera. Esos datos señalarían a sociedades en estos países y también a una organización venezolana que operaría a través de empresas ubicadas en el país centroamericano, conocido por su opacidad fiscal.
Garicano comenzaba así: «El pasado 6 de abril de 2021, registré una denuncia ante la Comisión Europea por el incumplimiento por parte del Reino de España de los requisitos exigidos por la normativa europea en la concesión de una ayuda de estado a la aerolínea PLUS ULTRA, S.A. (en adelante, PLUS ULTRA)».
Luego relataba que «las alegaciones realizadas por las autoridades españolas confirman las sospechas iniciales de que la ayuda concedida a esta empresa no cumplía con los requisitos exigidos en la Decisión SA.57659 (2020/N) sobre el Fondo de recapitalización (en adelante, “Decisión SA. 57659”), así como con el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 (en adelante, “Marco Temporal”) y con la Decisión SA. 56851 (2020/N) sobre el régimen general de ayudas en el contexto de la Covid-19 (en adelante, “Decisión SA. 56851”)».
PLUS ULTRA ESTABA EN CRISIS ANTES DEL COVID
El Gobierno español apoyaba su decisión en la calificación como empresa en crisis de Plus Ultra. Sin embargo, el eurodiputado Garicano insistía en su denuncia y calificaba la actitud del gobierno de Sánchez de «manifiesto desinterés por el uso adecuado del dinero público», porque «la opacidad y el peligro de reincidencia son elementos legitimadores de la presente acción, así como los efectos que esta decisión pueda tener sobre competidores, trabajadores y consumidores, a los que represento en mi condición de eurodiputado».
Las autoridades españolas alegaron que era una empresa que se encontraba en crisis. Pero España considera que son merecedoras del rescate las empresas que hayan perdido más del 50% de su capital social. Sin embargo, Plus Ultra había perdido «sólo» el 37% cuando fue rescatada.
Garicano lo explicaba con números: «En primer lugar, nótese la disparidad en los distintos informes aportados por las autoridades españolas respecto a la cifra de capital social. Así, tanto en el informe jurídico de Deloitte como en el informe de AESA la cifra de capital social desembolsado por la compañía asciende a 18.895.548 €. La cifra de 19.268.000 € no aparece más que en el cálculo realizado por el asesor financiero para la constatación de este requisito. La más cercana a esa cifra -19.274.000 €- aparece en la revisión del plan de viabilidad de PLUS ULTRA por parte del asesor financiero bajo la categoría de “fondos propios”. No obstante, esta categorización también resulta extraña, dado que el plan de viabilidad de la compañía señalaba que sus fondos propios a finales de 2019 ascendían únicamente a 8.623.000 €».
Pero Plus Ultra tenía suscrito un préstamo participativo con una empresa panameña llamada Panacorp Casa de Valores SA por 6.304.000€. Es decir, esa cantidad sumada a los 19.268.000 euros de capital social suscrito significaba un capital de 25.572.000 euros. Las pérdidas acumuladas, según el informe financiero presentado a la SEPI, eran de 13.427.000 euros, es decir, más del 50%.
Pero estos números tenían truco para Garicano, ya que «es esencial destacar que, incluso asumiendo que las cifras de capital social utilizadas por el asesor financiero son correctas, si no se asimilara el préstamo participativo de PANACORP al capital de PLUS ULTRA, PLUS ULTRA sí cumpliría el criterio de “empresa en crisis” del artículo 2.18 del RGEC a 31 de diciembre de 2019. En efecto, deduciendo los 13.427.000 € de pérdidas acumuladas hasta esa fecha únicamente de la cifra de capital social — 19.268.000 € —, quedarían 5.841.000 €, lo que equivale al 30,31% del capital social, muy por debajo del 50% requerido por la definición legal».
Y continúa diciendo que «sin embargo, como se argumentará a continuación, la asimilación del préstamo participativo al capital social de PLUS ULTRA no es sostenible desde un punto de vista jurídico ni económico, teniendo solo por finalidad eludir la aplicación de las condiciones por las que se aprobó la Decisión SA.57659, evitando la consideración de la beneficiaria como una empresa en crisis y arrojando dudas sobre la situación financiera real de la empresa«.
La conclusión es que los informes hicieron trampas para considerar incluir este dinero del préstamo como fondos de la empresa. Garicano explica que «el asesor financiero y las autoridades españolas deciden deliberadamente incluir el préstamo participativo como fondos de la empresa asimilables a su capital social a la hora de efectuar el cálculo relativo a la definición de “empresa en crisis”. No hay razón jurídica ni contable para llegar a esta conclusión, levantando sospechas sobre un posible ánimo de evadir las condiciones de autorización impuestas en la Decisión SA.57659».
Pero lo que despertó la curiosidad de la Fiscalía Anticorrupción fue el párrafo donde Garicano se refiere a Panacorp «una empresa de dudosa reputación», lo cual «no solo podría indicar que los prestamistas de PANACORP no estaban interesados en contribuir al capital de la empresa, sino que casa mal con los motivos que llevaron a la Comisión a emitir la Decisión SA.57659, destinada a recapitalizar empresas estratégicas españolas y no a lucrar a empresas que operan en paraísos fiscales».
Además, ese préstamo de Panacorp a Plus Ultra «se otorgó a 4 años vista, venciendo el 31 de diciembre de 2021, sorprendentemente corto para suponer una voluntad real de participar, aun de forma asimilada, en el capital de la empresa. Además, el asesor jurídico admite que inicialmente se configuró como una línea de crédito ordinaria, siendo convertido en préstamo participativo 3 meses más años más, hasta el 31 de diciembre de 2026».
Sin embargo, Luis Garicano sostiene que «pero «una empresa con un interés real en asegurar su viabilidad, especialmente a la vista de recibir una ayuda estatal de esta magnitud, habría optado por ampliar su capital y no por renovar un préstamo de dudoso encaje jurídico a efectos de elegibilidad de la ayuda y que no soluciona los graves problemas financieros que acarrea».
¿Pero por qué el eurodiputado Garicano arroja la sombra de la corrupción sobre este rescate? Lo explicaba más adelante: «según el registro mercantil, el presidente de la sociedad que controla, directa e indirectamente, más del 56,8% de las acciones de PLUS ULTRA (Snip Aviation S.L)36 es Rodolfo José Reyes Rojas, que ha sido investigado penalmente por una trama de corrupción de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en Venezuela. Otros dos accionistas de Plus Ultra, Flavio Pedro Antonio Bórquez Tariff y Héctor Antonio Tobías Reyes, están siendo investigados por Estados Unidos por blanqueo de capitales».
Ademas, añade que «Panacorp, por su parte, tiene como tesorero a Mohamed Ibrahim. (…) es ampliamente conocido que su tío, Camilo Ibrahim, controla la también con la trama de corrupción de los CLAP junto a Rodolfo Reyes Rojas, y por la compañía a través de Panam Capital Markets S.A.».
TRANSFERENCIAS A PARAÍSOS FISCALES
Lo importante es que la UDEF investiga si hay transferencias de fondos de Plus Ultra a esta sociedad panameña para pagar una deuda contraída años antes de la irrupción de la pandemia del Covid 19.
El asunto es que la «SEPI no realizó ningún análisis de esto último ni del hecho de que el préstamo procediera de una entidad domiciliada en Panamá, un país que figura en la lista de la Comisión Europea de países con deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo».
Pero ahora la UDEF de Policía Nacional sí ha puesto su vista en esta empresa, Panacorp, y en otras radicadas en Suiza y Reino Unido. La cuestión es si Plus Ultra utilizó el dinero del rescate en pagar deudas con estas sociedades o blanqueo fondos a través de ellas.
Según el diario El Mundo, se tratarían de los préstamos solicitados por Plus Ultra entre 2020 y 2021 por importe de 1,3 millones de euros a sociedades del financiero Simon Leendert Verhoeven, investigado por la Fiscalía suiza y considerado por los investigadores como cabecera de la banda criminal. El 28 de octubre de 2020 Plus Ultra suscribió un primer préstamo por importe de 500.000 dólares con Wailea Invest, entidad domiciliada en Reino Unido. El 20 de noviembre del mismo año firmó otro préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo domiciliado en Suiza. Y el 29 de enero de 2021 rubricó un tercer préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.
Pero lo que de verdad preocupa al Gobierno español no es la legalidad o no del rescate, que tendrán que determinarse en otras instancias, sino la detención del presidente de la compañía, Julio Martínez, por su cercanía al matrimonio Sánchez Gómez y su buena relación tanto con Begoña Gómez como con el presidente del Gobierno. La Policía también detuvo al CEO de la compañía aérea, Roberto Roselli, empresario venezolano vinculado en su país a numerosas empresas.
De hecho, el informe de Garicano recoge el nombre de Roselli: «Según los estados financieros de Corpoestructura, S.L. y la información disponible en diversos medios, Snip Aviation, S.L. recibió en 2018 un préstamo de 1,23 millones de Corpoestructura, S.L, controlada por Rodolfo Reyes y Roberto Roselli (ver estados financieros de Corpoestructura de 2018, pág. 7). A su vez, Camilo Ibrahim prestó fondos a Corpoestructura, S.L. por valor de 3,39 millones. Estos apoyos pudieron jugar un papel clave en que Snip Aviation, S.L. se hiciera con el control de Plus Ultra».
En definitiva, la conclusión fue que «los documentos aportados por el Reino de España refuerzan las sospechas existentes en el momento de plantear la denuncia de que Plus Ultra no reunía los requisitos de elegibilidad necesarios para recibir la ayuda, en particular, los de no ser una empresa en crisis antes del inicio de la pandemia, ser «estratégica» y ser viable».
