Las detenciones del CEO y el presidente de Plus Ultra, Roberto Roselli y Julio Martínez, respectivamente abren una nueva brecha para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y un posible nuevo problema judicial para su mujer, Begoña Gómez. Y es que las consecuencias políticas del registro de la sede de Plus Ultra y la detención de su CEO y del presidente por parte de la UDEF, se centran principalmente en el cuestionamiento de la gestión y la transparencia del Gobierno en relación con el rescate público que se concedió a la aerolínea.
Aunque la detención del CEO se produjo ayer y las investigaciones están en curso, las implicaciones políticas se derivan del contexto del rescate de 53 millones de euros otorgado a Plus Ultra por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021, un tema que ya generó controversia en su momento.
El escándalo de Plus Ultra es la materialización de un debate que lleva años enquistado: la transparencia y la justificación de los rescates empresariales concedidos por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante la pandemia. El rescate de 53 millones de euros a la aerolínea, en 2021, siempre estuvo rodeado de controversia. Ahora, con la intervención de la Fiscalía Anticorrupción y la actuación policial, la sombra de la duda se ha materializado en acción judicial.
RESCATE A PLUS ULTRA Y CONSECUENCIAS POLÍTICAS
La oposición política y diversos actores han cuestionado de manera reiterada si Plus Ultra cumplía los requisitos de ser una empresa «estratégica» y, fundamentalmente, «solvente», tal como exigía el Real Decreto-ley que articuló el fondo de la SEPI. La existencia de informes que supuestamente advertían del incumplimiento de estos criterios ha alimentado una narrativa de excepcionalidad y, para muchos, de trato de favor. La detención del máximo ejecutivo y las nuevas pesquisas judiciales añaden una pesada capa de sospecha sobre la posible existencia de «fraude, trato de favor y uso partidista» en la aprobación de aquella ayuda, un extremo que ha llevado a partidos de la oposición a elevar denuncias ante instancias europeas como la Comisión.
Este caso, además, ha sido utilizado para señalar supuestas conexiones políticas veladas en la operación. La implicación, aunque fuese a título de contacto o mediación, de figuras del pasado y presente socialista, como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o el exministro José Luis Ábalos, en reuniones relacionadas con la aerolínea, se ha convertido en una munición constante para la crítica. La oposición ve en estos movimientos una prueba de la injerencia política en la toma de decisiones económicas clave.
La vía judicial sobre Plus Ultra ha reactivado de forma inmediata el debate parlamentario. El Partido Popular, al frente de la oposición, ha reaccionado llevando el caso ante la Comisión Europea y solicitando una auditoría pormenorizada al Tribunal de Cuentas, buscando intensificar la presión sobre el Ejecutivo a escala continental. Aunque portavoces gubernamentales intentan minimizar el impacto de estos escándalos sobre la estabilidad general, la oposición instrumentaliza cada novedad judicial para desgastar al Ejecutivo y cuestionar frontalmente su integridad.
El caso Plus Ultra es una muestra más de la opacidad en la gestión pública y de la supuesta «politización de nuestro sector público», particularmente en el manejo de los millonarios fondos destinados a rescates empresariales. La nueva evidencia aportada por Anticorrupción, que precipitó el registro y la detención, no hace más que fortalecer e incluso reactivar investigaciones judiciales previas, manteniendo un foco mediático y político incandescente sobre el Gobierno y su dirección de la SEPI. El registro y la detención avivan un debate que ya existía, elevando la presión sobre el Gobierno para ofrecer explicaciones exhaustivas sobre la legalidad y la justificación económica de la ayuda concedida.
BEGOÑA GÓMEZ
La relación de Begoña Gómez con el rescate de Plus Ultra es indirecta y se produce por vínculos y presiones políticas señaladas por terceros, más que por una interacción directa y documentada entre ella y la aerolínea en el momento de la ayuda.
El foco principal de la investigación sobre Begoña Gómez se centra en sus actividades y relaciones profesionales con otras empresas y entidades, incluyendo Su relación con el empresario Carlos Barrabés y las cartas de recomendación a su favor. Y sus reuniones con ejecutivos de Globalia (matriz de Air Europa), en cuyo rescate (también por la SEPI) se ha sugerido una posible mediación.
La conexión entre Begoña Gómez y el rescate de Plus Ultra surge, principalmente, a través de declaraciones políticas y mediáticas que la vinculan a una supuesta presión para que la ayuda pública a Plus Ultra (y también a Air Europa) fuese aprobada.
Una de estas posibles vinculaciones vienen de las declaraciones de la familia Ábalos. Una de las fuentes más directas que ha relacionado ambos casos es Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Víctor Ábalos ha afirmado públicamente que Begoña Gómez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero presionaron a su padre en relación con los rescates tanto de Air Europa como de Plus Ultra.
El contexto de la presión, según estas afirmaciones, las presiones habrían estado relacionadas con la decisión del Gobierno de conceder los rescates a estas dos aerolíneas, que se produjo en el marco del fondo de la SEPI para empresas estratégicas afectadas por la pandemia.
También existen otros hilos de conexión que han sido señalados en el marco de la investigación periodística y política:
- Amigos del presidente: Se ha mencionado la vinculación de un amigo personal del Presidente, Pedro Sánchez, que ayudó a financiar la cátedra de Begoña Gómez, con la propia aerolínea Plus Ultra. Esto alimenta la narrativa de que el entorno de Sánchez actuó en favor de la aerolínea rescatada.
- La trama Koldo: En el marco de la investigación de la trama Koldo (que implica a Víctor de Aldama, un contacto de Begoña Gómez), se ha señalado que se habría utilizado a la aerolínea Plus Ultra para traer empresarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro durante la pandemia. Aunque esta es una arista distinta del caso, contribuye al clima de sospecha sobre la opacidad en el sector de las aerolíneas rescatadas y su entorno político.
Es importante señalar que, hasta el momento, la investigación judicial oficial centrada en Begoña Gómez se enfoca en las actividades que podrían constituir presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por sus interacciones con otras empresas (principalmente relacionadas con contratos públicos y su cátedra universitaria), y no directamente con una acción formal probada y documentada en el expediente de rescate de Plus Ultra. La vinculación con Plus Ultra es, en gran medida, una consecuencia de las ramificaciones políticas y las declaraciones de terceros que apuntan a presiones en la esfera gubernamental para la aprobación de ambos rescates aéreos.
IMPACTO POLÍTICO
En última instancia, el impacto se siente en la estabilidad de la legislatura. La constante atención mediática y parlamentaria a estos escándalos dificulta significativamente la capacidad del Gobierno para centrarse en la agenda legislativa y económica. El ruido judicial obstaculiza la negociación con socios parlamentarios y, aunque los apoyos para la investidura se han mantenido bastantes momentos, el clima de hostilidad tensa las relaciones y hace más costosa la aprobación de cada iniciativa legal, como viene ocurriendo hasta ahora, además de un desgaste político para sus socios que tienen que mantener a un Gobierno rodeado por la corrupción.
El caso, originado por una denuncia de la organización Manos Limpias, se centra en determinar si hubo tráfico de influencias o corrupción. La vía judicial sigue su curso tras la Audiencia Provincial de Madrid avalar la investigación, confirmando la potestad del Juzgado de Instrucción número 41 para continuar con las diligencias. El núcleo de la investigación se centra en el papel de Begoña Gómez en la firma de cartas de recomendación a favor de empresas, especialmente las vinculadas a Carlos Barrabés, y si estas acciones influyeron en la posterior adjudicación de contratos públicos. El juez ha llamado a declarar a funcionarios y expertos de organismos públicos implicados para esclarecer la naturaleza de las interacciones. Por su parte, aunque la Fiscalía Provincial de Madrid recurrió inicialmente la apertura de diligencias alegando falta de indicios suficientes, las decisiones judiciales recientes han reafirmado la potestad del juez para profundizar en las pesquisas.
La fase actual se centra, por tanto, en la toma de declaraciones y el análisis documental por parte de la justicia, en un esfuerzo por determinar si las actividades de Begoña Gómez y sus interacciones empresariales supusieron una influencia ilícita o un beneficio personal en las adjudicaciones. La conjunción de las investigaciones sobre Plus Ultra y Begoña Gómez no solo pone a prueba la actuación del Gobierno, sino que eleva a cotas históricas la fragmentación y la hostilidad en el panorama político español, dejando una marcada huella en la legitimidad y la estabilidad del mandato de Pedro Sánchez.
