La cúpula empresarial española, liderada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), ha inyectado una dosis de moderación en la crucial negociación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el próximo ejercicio 2026. Tras una reunión extraordinaria de su Comité Ejecutivo, las patronales han oficializado una propuesta que se antoja distante de las expectativas gubernamentales: una revalorización máxima del 1,5%.
Esta cifra, que se alinea con el incremento ya pactado para los empleados públicos, situaría el SMI en 16.824 euros brutos anuales, equivalentes a 1.202 euros brutos mensuales en catorce pagas. Un planteamiento que, más allá de la cuantía, se ha convertido en una crítica directa a la metodología que el Ministerio de Trabajo y Economía Social utiliza para la fijación de este umbral salarial.
¿QUÉ ES EL SALARIO MEDIO?
La base de la ofensiva empresarial no es meramente económica, sino estadística. La CEOE y CEPYME han puesto en tela de juicio el método empleado por el equipo de expertos de Trabajo para calcular el salario medio de referencia, que es la vara para medir el cumplimiento del objetivo europeo de situar el SMI en el 60% de dicha media neta.
Las organizaciones empresariales sostienen que la Encuesta de Estructura Salarial (EES), el instrumento predilecto del Ministerio, introduce una notable distorsión al alza. Argumentan que la EES excluye de su muestreo a sectores clave y de gran intensidad de mano de obra que concentran a un significativo número de perceptores del SMI, como la agricultura, la ganadería, la pesca y el servicio doméstico. La exclusión, según las patronales, provoca que el salario medio resultante sea artificialmente elevado, inflando por ende el SMI que se fija con posterioridad.
Frente a esta estadística, la patronal esgrime los datos más recientes de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2024. La EPA, al incluir la remuneración de todas estas actividades económicas sensibles y ofrecer una fotografía más actualizada que la EES (cuyo último dato es de 2023), arroja unas conclusiones diametralmente opuestas.
Según el cálculo de la CEOE basado en la EPA, el SMI ya habría superado el umbral del 60% del salario medio neto, el criterio fundamental del Ministerio. De hecho, el análisis empresarial concluye que el Salario Mínimo actual de 2025 (15.760 euros brutos anuales, según su ajuste) se encontraría un 4,9% por encima de lo que correspondería estrictamente según su análisis.
SUBIDA DEL 1,5%
A pesar de que sus propios números sugieren que no cabría ninguna revalorización para el próximo año, el Comité Ejecutivo ha optado por un enfoque que describen como «constructivo». La propuesta del 1,5% busca, por un lado, alinearse con la subida salarial prevista para los empleados públicos y, por otro, cumplir de manera responsable con los objetivos de la Directiva Europea de Salarios Mínimos. Dicha directiva persigue metas ambiciosas, como reducir la pobreza en el empleo, lograr un nivel de vida digno e impulsar la cohesión social.
Sin embargo, esta mano tendida viene con una condición ineludible: la subida debe estar supeditada al estricto cumplimiento y aplicación de las reglas de absorción y compensación que establece el Estatuto de los Trabajadores. Esta exigencia no es baladí. Es una medida clave para proteger la autonomía de la negociación colectiva sectorial y evitar que el aumento del SMI provoque una duplicidad salarial automática en aquellos convenios que ya superen el nuevo mínimo.
IMPACTO ECONÓMICO
La moderación del 1,5% propuesta por CEOE y CEPYME se traduce en implicaciones económicas claras para el tejido productivo. En un contexto de elevada inflación y costes energéticos, la limitación del coste laboral ofrece una señal de estabilidad y previsibilidad, esencial para las empresas que planifican inversiones, especialmente aquellas de sectores intensivos en mano de obra.
La defensa de la EPA como estadística de referencia subraya una preocupación profunda en la patronal: la tesis de que las subidas excesivas, al no reflejar la realidad salarial de sectores como el agrícola o el servicio doméstico, pueden penalizar el empleo en estos ámbitos.
En este marco, la condición de aplicar la absorción y compensación funciona como un parachoques económico. Permite que las empresas que ya han pactado salarios superiores al nuevo SMI a través de convenios colectivos puedan compensar o absorber el aumento, evitando un desequilibrio inmediato en las tablas salariales ya negociadas y manteniendo la negociación colectiva como la fuente primaria de fijación salarial por encima del mínimo legal.
DIFERENCIAS ABISMALES ENTRE GOBIERNO Y PATRONAL
La propuesta empresarial de un 1,5% choca frontalmente con los planteamientos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, cartera dirigida por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. El Comité de Expertos que asesora a Trabajo ya ha presentado sus escenarios para 2026, y las cifras dibujan una negociación tensa.
Los escenarios del Ministerio se mueven en una horquilla significativamente superior:
- Escenario 1 (Base): Una subida del 3,1%, que elevaría el SMI a 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas.
- Escenario 2 (Máximo): Un incremento del 4,7%, situando el mínimo en 1.240 euros brutos mensuales.
El nudo del debate sigue siendo la divergencia metodológica entre la EES y la EPA. Mientras el Ministerio defiende que el objetivo del 60% aún requiere de un alza significativa, la patronal mantiene que, según sus datos, el SMI ya está por encima, lo que convierte su 1,5% en una oferta de «buena voluntad».
A la discrepancia entre patronal y Gobierno se suma la exigencia de los sindicatos, que han puesto sobre la mesa una propuesta aún más ambiciosa, de un 7,5%. Además, las centrales sindicales han solicitado un cambio legal para impedir que los aumentos del SMI puedan ser absorbidos o compensados por complementos salariales ya existentes, una demanda a la que la CEOE y CEPYME se oponen categóricamente por considerarla un ataque a la autonomía de la negociación sectorial.
Con la recomendación más baja del Ministerio duplicando la propuesta empresarial, se anticipa una negociación ardua, aunque recae en el Gobierno la potestad final de fijar la cuantía del SMI sin necesidad de un acuerdo con los agentes sociales. El debate no es solo de números, sino de modelo estadístico y económico, y marcará la política salarial del país durante el próximo año.
