Yolanda Díaz presume de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), pero no es oro todo lo que reluce. Al margen de las quejas empresariales, sobre todo de las pymes y autónomos, que se ven asfixiadas por una subida de cerca de más del 54% desde 2018 (seis años), un salario mínimo de 1.134 euros al mes no es lo mismo en ciudades como Barcelona o Madrid, que en un pueblo de la España vaciada. Tampoco es lo mismo para una pequeña empresa de menos de 10 trabajadores que para una empresa con más de 50 o 100 empleados.
La realidad mostrada por la tozudez de los datos y que parece obviar Yolanda Díaz es que el SMI contribuye a la despoblación de pueblos y pequeñas ciudades, imposibilita la cohesión territorial, y deja más indefensos a los más vulnerables que tienen más dificultades en encontrar un puesto de trabajo, según explican algunos expertos a Moncloa.com.
Los expertos, al igual que las patronales, coinciden en que para subir los salarios se debe incrementar la productividad, un término que no significa otra cosa que cada trabajador genere más dinero con su actividad diaria. Y en España, la productividad sigue a la baja. Esta misma semana se conocía que la tasa de productividad española ha caído un 7,3% desde que comenzó el siglo, mientras en países como Alemania o Reino Unido se ha incrementado un 11,8% y un 8,8%, respectivamente. Y pese a esta caída, el SMI se ha incrementado más de un 54% solo en los últimos 6 años.
Pero lo más destacable es que más que a los trabajadores, la subida del SMI beneficia a las arcas del Estado, no sólo vía IRPF, que ahora se ha intentado parchear elevando el mínimo exento, sino por las constantes subidas de las cuotas a la Seguridad Social, de las que saben mucho los trabajadores autónomos con la última reforma de las pensiones.
LAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS PIDEN INDEXAR ESA SUBIDA TAMBIÉN A LOS CONTRATOS PÚBLICOS
Las discrepancias para fijar la subida del SMI en 2024, que finalmente ha sido del 5%, se han puesto de manifiesto desde un primer momento con CEOE-Cepyme. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, estaba dispuesto a una subida del 3,5%, pero al final el acuerdo de Trabajo con los sindicatos hace preguntar a Garamendi por el criterio seguido por Yolanda Díaz. «Se debe al pragmatismo o más bien el populismo de decir ‘o haces lo que digo o te aplico un correctivo? Eso no es diálogo social».
Los empresarios pedían que el Ministerio de Hacienda indexara los contratos públicos a la nueva subida del SMI —a pesar de que Trabajo estaba a favor de esta medida, según ha asegurado Garamendi—, y porque tampoco se darán bonificaciones en las contrataciones agrarias ante el próximo incremento del salario mínimo. Lo único que ha hecho Hacienda ha sido elevar el mínimo exento en la declaración del IRPF a 15.876 euros anuales para adecuarlo al SMI. Pero Garamendi agrega más problemas por la subida generalizada del SMI al no tenerse en cuenta lo que opinan las comunidades autónomas, a lo que suma que debería negociarse en base al concepto de salario mínimo en general. No son lo mismo 1.134 euros de nómina mensual en Madrid o Barcelona que en Teruel o en un pueblo de las Alpujarras.
También el presidente de la patronal de autónomos, ATA, y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, discrepa con la subida del SMI, no solo porque no se ha tenido en cuenta a los empresarios sino porque el Gobierno debe subir los contratos públicos de acuerdo con el aumento de la inflación y de los salarios. Para las empresas no son más que más piedras en su camino.
También otra patronal, la catalana PIMEC considera que Trabajo no ha tenido en cuenta las diferentes variables económicas para fijar la subida, como es el peso de las rentas del trabajo, la situación actual de la economía y la cada vez menor productividad. Además, siempre se ignora la opinión de las pequeñas empresas, que ven afectada su competitividad, su creación de empleo y el aumento del paro. Como CEOE y ATA, tambien pide al Gobierno que se ajusten los contratos públicos a las nuevas demandas salariales, además de las políticas públicas indexadas al SMI.
Tampoco en el PP entienden la subida del SMI sin el acuerdo con los empresarios. «Estamos de acuerdo con la subida del SMI si viene del acuerdo entre patronal y sindicatos», ha asegurado en un videocomunicado el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, quien considera que ese incremento va a producir «desestabilización, sobre todo en las pequeñas empresas”.
DIAZ NO TIENE EN CUENTA EL CONTRATO DEL TRABAJADOR PARA SUBIR EL SMI
Pese a que siempre es positivo para los trabajadores que se les suba el sueldo, lo cierto es que ha comenzado producirse unas diferencias sustanciales entre el SMI que rige en España y algunas subidas salariales de los convenios. La primera conclusión es que el incremento del SMI no afecta a todos los trabajores. ya que el salario mínimo hace referencia al salario bruto que los empleados cobran y a la cuantía que reciben por jornada laboral, independientemente del tipo de contrato que se tenga.
Esto supone que si el salario base de un trabajador está por debajo de los 1.134 euros mensuales en que ha quedado fijado el SMI en 2024, pero recibe complementos como antigüedad, pagas extra o resultados de la empresa, la subida del SMI no le afectará. Debido a que el sueldo total que recibe, sumando su sueldo base y los complementos salariales, es mayor al SMI. Sin embargo, su sueldo base es inferior al SMI.
Este debate lleva años ampliándose, ya que algunos estudios como el realizado por A&M University y NBER de 2022 concluye que «el salario mínimo reduce el crecimiento neto del empleo, principalmente a través de su efecto en la creación de empleo por la expansión empresarial. Estos efectos son más pronunciados para trabajadores más jóvenes y en industrias con una mayor proporción de trabajadores con salarios bajos».
Junto al efecto sobre la creación de empleo, la segunda controversia de los salarios en España es su fiscalidad. Los empresarios deben pagar el 40% vía impuestos y cuotas por cada trabajador, que realmente cobra el 60% de su salario bruto. Aplicado al salario mínimo interprofesional, deja una factura prácticamente inasumible para muchos empleadores, que necesitarán ingresar más de 19.000 euros para poder pagar una nómina de 14.000 euros.
