La última crisis de Ceuta ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los principales problemas estratégicos de España: su dependencia de la cooperación de Marruecos para controlar una frontera exterior de la Unión Europea. La entrada masiva registrada a finales de julio evidenció hasta qué punto cualquier alteración del dispositivo marroquí puede tener un impacto inmediato al otro lado de la frontera.
El Gobierno español ha insistido en que la respuesta pasa por garantizar el control fronterizo, devolver a quienes hayan entrado irregularmente y mantener el diálogo con Rabat. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró este martes que se devolverá a Marruecos a las personas que hayan entrado irregularmente y defendió que el espacio Schengen está garantizado en Ceuta y Melilla.
Pero, más allá de la respuesta inmediata, la crisis plantea otra pregunta: ¿qué herramientas tiene España para presionar a Marruecos si vuelve a utilizar la frontera como elemento de presión?
Reforzar la frontera y reducir la dependencia de Marruecos
La primera respuesta española pasa necesariamente por blindar Ceuta y Melilla. España ya dispone de sistemas de vigilancia, fuerzas de seguridad y una infraestructura fronteriza destinada a controlar los pasos de El Tarajal y Beni-Enzar. El Ministerio del Interior mantiene además contratos específicos para la supervisión y mantenimiento de los perímetros fronterizos de ambas ciudades.
La inversión en tecnología, vigilancia y medios humanos permite reducir el margen de maniobra de cualquier presión migratoria procedente del otro lado de la frontera. No significa cerrar Ceuta ni romper la cooperación con Marruecos, sino disminuir la vulnerabilidad española ante una eventual relajación de los controles marroquíes.
En paralelo, Madrid puede endurecer la aplicación de los controles de entrada. La propia normativa española establece condiciones específicas para los ciudadanos marroquíes que acceden a Ceuta y Melilla, incluidos los trabajadores fronterizos y los residentes de las zonas de influencia.
El objetivo sería que Rabat tenga menos capacidad para convertir un cambio de comportamiento en la frontera en una crisis inmediata dentro de territorio español.
El arma económica: una relación que también beneficia a Marruecos
Existe además una segunda vía de presión mucho más delicada: la económica. España y Marruecos mantienen una relación comercial y empresarial muy estrecha. Decenas de empresas españolas operan en el país vecino y participan en proyectos de infraestructuras, tecnología, turismo y otros sectores estratégicos. El Gobierno español ha señalado que hay más de 350 compañías españolas instaladas en Marruecos.
Precisamente por eso, una ruptura económica sería contraproducente para ambos países. Madrid dispone, sin embargo, de margen para revisar determinados mecanismos de cooperación, ayudas, inversiones o proyectos si considera que Marruecos no está cumpliendo sus compromisos fronterizos.
La presión económica tendría que ser selectiva y compatible con las reglas de la Unión Europea. No se trataría de iniciar una guerra comercial, sino de utilizar la capacidad de España para condicionar determinados acuerdos a resultados concretos en materia de cooperación migratoria y seguridad fronteriza.
Una estrategia de este tipo tendría además mayor fuerza si se plantea desde Bruselas y no exclusivamente desde Madrid.
Llevar el conflicto a Bruselas y convertir Ceuta en un problema europeo
La tercera herramienta es probablemente la más importante: europeizar la respuesta a Marruecos.
Ceuta y Melilla constituyen una frontera exterior de la Unión Europea. Por tanto, una crisis migratoria de grandes dimensiones no afecta únicamente a España. También pone a prueba la capacidad de la UE para proteger sus fronteras exteriores y garantizar el funcionamiento del espacio Schengen.
España podría reclamar una mayor participación europea en la vigilancia fronteriza, financiación adicional y mecanismos de respuesta ante situaciones de presión migratoria extraordinaria. También podría utilizar su posición dentro de las instituciones comunitarias para defender que la cooperación con terceros países esté vinculada a compromisos verificables.
Esta vía permitiría a Madrid aumentar la presión sin recurrir directamente a una confrontación bilateral con Rabat. Marruecos tendría que negociar no solo con España, sino con una Unión Europea que necesita controlar sus fronteras exteriores.
La cuestión resulta especialmente sensible porque Marruecos es un socio estratégico para Europa en materia migratoria, energética, comercial y de seguridad.
La cooperación migratoria como principal palanca de España
La cuarta herramienta es paradójicamente la misma cooperación que Madrid quiere preservar. España puede condicionar la intensidad de determinadas iniciativas de cooperación a que Marruecos mantenga una actuación estable en la frontera.
El episodio de Ceuta demuestra que la colaboración policial y migratoria constituye una pieza esencial de la seguridad española. Si el flujo migratorio aumenta de manera repentina, el coste recae inmediatamente sobre las administraciones españolas, especialmente sobre Ceuta.
Por ello, Madrid puede exigir mecanismos más transparentes, canales de comunicación permanentes y compromisos operativos que permitan detectar con antelación cualquier movimiento extraordinario en la frontera.
La reciente crisis también ha colocado sobre la mesa el problema de los menores no acompañados. Marruecos ha vuelto a plantear el retorno de menores que entraron en Ceuta, aunque esta propuesta ya se había formulado anteriormente sin que se tradujera en una aplicación efectiva.
España tiene así un argumento adicional: la cooperación debe producir resultados y no quedarse en declaraciones políticas.
La clave para Madrid será encontrar el equilibrio. Una política de máxima confrontación con Marruecos tendría costes económicos, migratorios y estratégicos para España. Pero una respuesta excesivamente blanda podría transmitir el mensaje de que la presión sobre Ceuta no genera consecuencias.
Por eso, la estrategia más eficaz probablemente pase por una combinación de frontera fuerte, presión diplomática, respaldo europeo y cooperación condicionada. España no necesita romper con Marruecos para defender sus intereses. Necesita demostrar que la relación bilateral tiene límites y que cualquier utilización de la frontera como mecanismo de presión tendrá una respuesta política.
La crisis de Ceuta vuelve a recordar que la seguridad de las ciudades autónomas depende tanto de los muros y los agentes españoles como de lo que sucede al otro lado de la frontera. La verdadera capacidad de presión de España estará en conseguir que Marruecos tenga más incentivos para cooperar que para volver a tensionar Ceuta.
