La juez del caso Mediador, María de los Ángeles Lorenzo, del juzgado de instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, ha decretado la apertura de juicio oral por la pieza principal de la trama contra 14 personas, entre las cuales se encuentran el ex diputado canario del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido Tito Berni; su sobrino Taishet Fuentes, exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias; el mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte y el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas.
La Fiscalía pide ocho años de prisión para Tito Berni por cohecho continuado y pertenencia a un grupo criminal; 11 años de cárcel para su sobrino, al que le añaden el delito de estafa y una pena de 13 años de cárcel -la pena más elevada- para quien ejercía de mediador con los empresarios contactados, Marco Antonio Navarro Tacoronte.
Según la Fiscalía, el ex diputado, su sobrino y el mediador «idearon un plan criminal en virtud del cual, previa concertación entre ellos y con una distribución de funciones claramente definida, proponían a empresarios fundamentalmente del sector agrícola, ganadero y de las energías renovables, tanto a nivel nacional como autonómico y a cambio del pago de regalos, dádivas y comisiones, importantes negocios en el sector privado, así como la celebración de contratos, percepción de subvenciones y otros ilícitos beneficios en el ámbito público, todo ello localizado geográficamente en el archipiélago canario».
La titular del juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife calificó estos hechos como delitos de cohecho, estafa, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la administración pública, falsedad, pertenencia a grupo criminal, tráfico de influencias y otros como el delito de blanqueo.
El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y afecta también al general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, para el que la Fiscalía pide dos años por colaborar con la trama, a la que servía para dar una apariencia de legalidad en las ofertas.
También se sentarán en el banquillo de acusados los ocho empresarios que aceptaron pagar a la trama. Uno de ellos, Miguel Ángel Robayna, tendrá el atenuante de colaboración de la Justicia.
Pieza separada de «Tito Berni»
Hay que recordar que ya existe un juicio celebrado hace unos meses sobre una pieza separada de la causa, la que afectaba a una empresa fotovoltaica. Un jurado popular declaró culpable de cohecho a todos los acusados, el general jubilado Francisco Espinosa, el empresario Antonio Bautista y el «mediador» Antonio Navarro. El fiscal Serrano-Jover pidió un año de cárcel para cada uno de ellos.
El jurado consideró probado que el Bautista, empresario de energías renovables entregó un total de 19.500 euros además de pagar con tarjeta varias comidas de los acusados. Durante la vista oral, uno de los peritos, miembro de la Guardia Civil, aseveró que Espinosa era miembro activo de la Benemérita cuando se produjeron los hechos, por lo que no podía recibir ningún tipo de regalo, ni dinero a cambio de gestiones.
El representante de la Fiscalía sostuvo durante los 4 días de juicio que el empresario Antonio Bautista entró en contacto con Navarro Tacoronte por sus supuestos contactos en el mundo empresarial y el ámbito público en el archipiélago, al presentarse como una persona «integrada» en el Gobierno regional, pese a saber que «carecía» de cualquier representación o responsabilidad en el Ejecutivo.
Así, Navarro se ofrecía a conseguir la celebración de contratos con entidades relevantes del mundo empresarial y prometía también acceder a la concesión de subvenciones a favor de la empresa de Bautista, aparte de formalizar «lucrativos contratos» con la administración pública, señala la Fiscalía.
La Fiscalía continuaba diciendo que Navarro para ganarse la confianza de los empresarios, a quienes exigía «comisiones, dádivas o regalos», organizaba «encuentros con personas influyentes del ámbito político o económico principalmente, caso del general de la Guardia Civil, que actuaba en connivencia con Navarro, y hacía valer que durante cuatro años fue una de las máximas autoridades del instituto armado en Canarias».
Algunas reuniones se celebraban en la Península para ganarse la confianza de Bautista y generar una «imagen de seriedad y poder» con el fin de que tuviera la convicción de que «accediendo a las exigencias, pagos y comisiones podía obtener negocios ventajosos y lucrativos contratos para sus empresas».
Estos encuentros se desarrollaban normalmente en restaurantes donde el empresario «siempre asumía el pago de los gastos», subrayó la Fiscalía, hasta el punto de que «empezó a realizar los primeros regalos al general, como cajas de puros valoradas en casi 250 euros, y también al mediador, lo mismo que diferentes viajes».
Progresivamente, las exigencias del general y de Navarro Tacoronte habrían ido en aumento, como la exigencia de contratación de algunas personas en las empresas de Bautista -en concreto una amiga del general con un sueldo mensual de 1.900 euros- y hasta la promesa de contratar al propio general una vez se hubiera jubilado de la Guardia Civil.
Con el fin de «impresionar» a los posibles empresarios que querían captar para la trama, algunas de las reuniones se realizaban en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid y también en el Congreso de los Diputados, donde eran recibidos por el actual ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, «tito Berni», investigado en otras piezas de la causa.
