El Ministerio del Interior sostiene que no tuvo información que permitiera anticipar una entrada masiva de las dimensiones de la registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026. Así lo recoge el informe remitido al Tribunal Central de Instancia por la Secretaría de Estado de Seguridad, firmado por Aina Calvo el 23 de octubre, en respuesta a un requerimiento judicial que reclamaba las alertas, comunicaciones e instrucciones operativas recibidas entre el 20 de julio y el 7 de agosto.
El documento reconstruye la actuación de Interior antes, durante y después de la crisis migratoria y establece una distinción fundamental para explicar lo sucedido: el Gobierno conocía el incremento de la presión migratoria sobre Ceuta y tenía constancia de un aumento de los intentos de entrada a nado, pero considera que ninguna de las informaciones recibidas antes del 30 de julio permitía prever un episodio capaz de desbordar los dispositivos policiales.
La explicación oficial sitúa el punto de inflexión en las jornadas del 30 y 31 de julio, cuando la llegada de migrantes habría cambiado por completo el escenario operativo. A partir de entonces, Interior reconoce que la posibilidad de nuevas entradas multitudinarias dejó de ser una hipótesis y pasó a constituir un riesgo acreditado. El informe también detalla las medidas de emergencia adoptadas para reforzar la frontera, desde la instalación de barreras marítimas hasta el despliegue de centenares de agentes.
Interior conocía el aumento de la presión migratoria, pero descartó un escenario de desbordamiento
El informe sitúa el comienzo de la preparación institucional el 8 de julio, cuando la Guardia Civil trasladó a la Secretaría de Estado de Seguridad las consecuencias de la sentencia 814/2026 del Tribunal Supremo, que modificaba el marco de actuación ante las entradas irregulares por vía marítima. Entre sus efectos, advertía de la imposibilidad de aplicar el rechazo en frontera a quienes consiguieran acceder a territorio español por esa vía y de la necesidad de tramitar individualmente los expedientes de expulsión.
La Guardia Civil también alertaba de que esta situación podía incrementar la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla, especialmente mediante los accesos a nado. Interior inició entonces la adaptación de su modelo de control fronterizo, con estudios sobre nuevos sistemas de contención marítima y el refuerzo de las capacidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La evolución de julio confirmó el aumento de los intentos de entrada. Los días 28 y 29 se registraron 713 entradas de personas migrantes y la interceptación de otras 850 por parte de las fuerzas marroquíes, según las cifras recogidas en el documento. Pese a la magnitud de estos movimientos, el Ministerio considera que aquellos episodios todavía podían ser gestionados con los medios desplegados y los refuerzos previstos.
Interior utiliza también una comparación estadística para justificar su valoración. El acumulado de entradas irregulares e intentos de acceso a nado durante julio, sin incluir las jornadas del 30 y 31, ascendía a 3.883. Una cifra que el departamento consideraba elevada, pero que interpretaba como un adelanto de la dinámica habitual del verano, cuando agosto suele concentrar una mayor presión migratoria sobre la ciudad autónoma.
El problema, según la versión trasladada al tribunal, es que el incremento progresivo de las llegadas no anticipaba una ruptura súbita del escenario operativo.
De hecho, el Ministerio asegura expresamente que en los días anteriores al episodio no recibió ninguna alerta, informe, comunicado, correo electrónico o documentación operativa que advirtiera de una entrada masiva de la magnitud que finalmente se produjo.
Esa afirmación convive, sin embargo, con la existencia de información de inteligencia sobre el posible impacto de la nueva situación jurídica. El 27 de julio llegó al Ministerio una nota del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), elaborada tres días antes, que advertía de que la sentencia podía tener un impacto «muy relevante» en las entradas irregulares, especialmente en Ceuta, y fomentar los intentos de acceso a nado. No obstante, el propio documento situaba en nivel bajo el riesgo asociado a la inmigración procedente de Marruecos.
Las alertas sobre una nueva entrada masiva llegaron cuando la crisis ya había estallado
La documentación adquiere especial relevancia al reconstruir las comunicaciones recibidas durante las propias jornadas de la crisis. El 30 de julio, a las 21:34 horas, Interior recibió una nota del CNI que alertaba de una posible nueva entrada masiva en Ceuta, esta vez convocada a través de las redes sociales para el 15 de agosto.
Al día siguiente, el 31 de julio, llegó otro informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), correspondiente al periodo comprendido entre el 23 y el 29 de julio. El documento describía un crecimiento exponencial de las entradas a nado a partir del 25 de julio y advertía de distintos indicadores de riesgo relacionados con publicaciones en redes sociales que promovían una entrada masiva coincidiendo con la festividad del Día del Trono de Marruecos.
El propio CENIF reconocía que había detectado actividad que promovía ese salto fronterizo y que su Grupo de Fuentes Abiertas había elaborado el 28 de julio un análisis de riesgo sobre un posible asalto a la valla de Ceuta para el día 30. Además, había difundido tres alertas de riesgo entre el 29 y el 30 de julio, dirigidas a puestos fronterizos de Ceuta, Melilla, Algeciras y Tarifa.
Esta información introduce un matiz importante en la explicación de Interior. El departamento sostiene que no recibió antes del episodio una advertencia que anticipara una entrada de las dimensiones finalmente registradas, pero el informe también reconoce que los organismos de vigilancia habían detectado indicadores de movilización y habían emitido alertas dirigidas a determinadas unidades policiales.
La diferencia que establece el Ministerio está en la valoración de esos indicios y en su capacidad para anticipar un desbordamiento. Las reuniones periódicas entre las unidades de Policía Nacional, Guardia Civil y la Secretaría de Estado de Seguridad no identificaron, según el documento, circunstancias que hicieran pensar que los efectivos desplegados en Ceuta fueran a resultar insuficientes.
La crisis obligó a cambiar esa evaluación. Interior califica lo ocurrido los días 30 y 31 de julio como un episodio «disruptivo» por su magnitud y considera que supuso un cambio de paradigma en la gestión de la frontera marítima.
A partir del 31 de julio comenzaron a llegar nuevas comunicaciones del CNI sobre posibles movilizaciones durante agosto. El Ministerio reconoce haber recibido seis notas confidenciales y una reservada, con advertencias sobre posibles entradas masivas los días 9, 12 y 15 de agosto. También constan comunicaciones procedentes de la Agregaduría de Interior en Tánger, de la Consejería de Interior en la Embajada española en Marruecos y de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad.
Entre ellas figuraba una comunicación sobre la detención, por parte de la Gendarmería marroquí en Tetuán, de dos sospechosos de administrar grupos de WhatsApp destinados a incentivar las entradas irregulares. Las alertas posteriores, por tanto, apuntaban a una movilización organizada mediante canales digitales y a la posibilidad de que se repitiera un episodio similar al de finales de julio.
Interior precisa que varias de las notas del CNI no fueron incorporadas al expediente remitido al tribunal porque estaban clasificadas por el Ministerio de Defensa y considera que corresponde al organismo emisor decidir sobre su entrega.
Boyas, barreras marítimas y 580 agentes: la respuesta de emergencia de Interior
La reacción del Gobierno se tradujo en un cambio inmediato de la estrategia fronteriza. El 1 de agosto, la Secretaría de Estado de Seguridad dictó una instrucción para proporcionar cobertura jurídica a los agentes en el rechazo en frontera de quienes intentaran superar los nuevos elementos de contención marítima instalados en Ceuta y Melilla.
En el Tarajal se habilitó un dispositivo compuesto por una línea de boyas fondeadas de 730 metros y una barrera neumática flotante de otros 500 metros. Entre ambas estructuras se dejó un canal de navegación de aproximadamente 50 metros para permitir que las embarcaciones de la Guardia Civil pudieran seguir operando.
En Benzú también se instaló una línea de boyas, que entró en funcionamiento el 5 de agosto. El Ministerio explica que estas estructuras tenían carácter provisional mientras se desarrollaban soluciones permanentes para reforzar los espigones y desplegar una red de contención de alta resistencia que impidiera los accesos por debajo del agua.
El refuerzo policial fue otra de las principales medidas. La Guardia Civil incorporó 280 efectivos adicionales, procedentes de unidades de reserva, Andalucía, el Grupo de Acción Rápida, el Servicio Marítimo y otras especialidades. También desplegó el buque Duque de Ahumada, con 25 tripulantes, un helicóptero y un equipo de drones.
Por su parte, la Policía Nacional movilizó cerca de 300 agentes adicionales, procedentes de las Unidades de Intervención Policial, las Unidades de Prevención y Reacción y especialistas de Extranjería y Fronteras.
A esta respuesta se sumaron las gestiones para habilitar un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en Ceuta. El proyecto ya se había planteado antes de la crisis, después de que el delegado del Gobierno trasladara a Interior la necesidad de encontrar un espacio para realizar el triaje de los migrantes. El 30 de julio se aprobó la declaración de emergencia para adecuar las instalaciones.
El Ministerio también solicitó financiación extraordinaria a la Unión Europea para reforzar la gestión migratoria y la seguridad fronteriza. La petición fue formalizada el 24 de agosto y recibió la aprobación de la Comisión Europea el 4 de septiembre. Además, Interior pidió apoyo a Frontex y Europol para ampliar la cooperación en el control fronterizo y la investigación de las redes de tráfico de migrantes.
El informe firmado por Aina Calvo presenta así una reconstrucción en la que el Gobierno distingue entre el conocimiento de una presión migratoria creciente y la falta de información que permitiera anticipar un episodio de dimensiones extraordinarias. La cuestión central que deja abierta la documentación es cómo se valoraron las señales detectadas por los organismos de inteligencia y vigilancia antes del 30 de julio y por qué no llevaron a prever un posible desbordamiento de los dispositivos de Ceuta. Una distinción que resulta especialmente relevante en el procedimiento judicial para determinar qué información estaba disponible y qué decisiones se adoptaron antes de que la frontera marítima se convirtiera en una emergencia.
