El yihadismo en el Sahel ha convertido África en el epicentro mundial del terror: concentra más de la mitad de las muertes del planeta. Veinticinco años después del 11-S, Washington mira a Pekín, Bruselas mira a Ucrania y nadie ha firmado la paz de una guerra que se da por concluida.
Los datos no admiten interpretación. Según el Global Terrorism Index y los informes anuales de la ONU, África acumula más del 50% de las muertes por terrorismo del último lustro. Alberga a tres de los cuatro grupos yihadistas más letales —el ISIS, hoy principalmente africano, JNIM y al-Shabab— y seis de los diez países más golpeados del mundo son africanos: Burkina Faso, República Democrática del Congo, Malí, Níger, Nigeria y Somalia.
El contraste con Oriente Próximo es la noticia que nadie quiere leer. Entre 2017 y 2025 los atentados cayeron un 93% en la región que ocuparon Irak y Siria; en el Sahel crecieron un 17% en el mismo periodo, hasta los 4.043 muertos de 2023, récord absoluto. La expansión ya no se detiene en la franja saheliana: Benín, Togo, República Centroafricana y Mozambique han entrado en el mapa sin historial yihadista previo.
Por qué el Sahel dejó de ser un problema francés para convertirse en un problema español
La genealogía del desastre es larga. Al Qaeda se instaló en Jartum antes de 1996, atentó contra las embajadas de Dar es Salaam y Nairobi en 1998 y de allí saltó a Al Qaeda del Magreb Islámico, que se enraizó en Malí. Luego llegaron las campañas: Operación Serval, después Barkhane, después la retirada. A eso se añade el colapso libio de 2011, que esparció sobre el Sáhara los arsenales de Gadafi. Una intervención occidental que ganó la guerra y perdió la posguerra.
Ninguna de aquellas misiones atacó la causa. El habilitador es siempre el mismo: Estados que no garantizan seguridad, servicios ni soberanía efectiva sobre su territorio. Sobre ese vacío se apoya una demografía sin parangón. Cerca del 70% de la población africana tiene menos de 30 años; más de 270 millones de niños siguen fuera de la escuela; Nigeria suma casi 20 millones de jóvenes sin escolarizar, la cifra más alta del planeta.
No hay misil que sustituya a una escuela: donde el Estado no llega con maestros, llega con fusiles quien promete un salario.
Ese ejército de reserva tiene reclutadores. El paro juvenil continental ronda el 18%, pero en Yibuti supera el 75%. al-Shabab cuenta con más de 15.000 combatientes y JNIM con unos 6.000. No es una guerrilla marginal: es una estructura de empleo paralela en la que el fusil paga mejor que el campo.
A eso se suma la complicidad interna, que las cancillerías europeas siguen tratando como una molestia y no como una causa. Gobernadores y políticos nigerianos han utilizado a Boko Haram para intimidar a rivales en periodo electoral; las élites del norte se opusieron al principio a que Washington lo designara grupo terrorista, y la sharía adoptada por doce estados septentrionales a comienzos de siglo actuó como incubadora. El Movimiento Islámico de Nigeria de Ibrahim al-Zakzaky mantiene campamentos en el noroeste vinculados a Irán y a Hezbolá.
Sobre ese sustrato se ha abierto una capa nueva: la del negocio. En los vacíos de poder —fronteras porosas, minería ilegal, desiertos sin autoridad— los grupos armados han levantado estructuras paralelas que reparten protección y servicios mientras disputan la legitimidad del Estado. El control territorial no es retórica: es la base fiscal del califato.
Tierras raras: la capa de negocio que ha convertido la yihad en industria
Aquí la seguridad y la economía dejan de ser dos agendas. La extracción ilícita de minerales críticos, el contrabando y la economía criminal transnacional financian a los grupos y los integran en redes globales. En paralelo, China y Rusia han multiplicado su influencia económica, política y militar en el continente, lo que ha erosionado los mecanismos colectivos de lucha antiterrorista. Los propios grupos, antioccidentales, explotan esa disputa por los recursos para tejer alianzas que ya cruzan fronteras.
Para España no es abstracto. Bruselas se fijó en el Reglamento de Materias Primas Críticas el objetivo de no depender de un solo país tercero para más del 65% del suministro de cualquier materia prima estratégica, y aun así la UE sigue comprando a China la práctica totalidad de sus tierras raras separadas. Matamulas, en Ciudad Real, lleva años bloqueado por la vía judicial y ambiental; Penouta, en Ourense, produce tantalio y estaño, pero no cubre ni de lejos la demanda. La cadena de suministro atraviesa, en buena parte, territorios donde el Estado no controla ni el subsuelo ni la carretera.
Equilibrio de Poder
Washington ha reordenado prioridades y eso tiene consecuencias medibles. Tras la retirada de Afganistán en 2021 y el repliegue de Níger, donde la junta militar expulsó a las fuerzas estadounidenses, el Pentágono ha concentrado su huella en Yibuti, Kenia y la lógica de AFRICOM. La administración Trump negocia seguridad como se negocia un contrato: contrapartidas por acceso y poco espacio para construir Estado. Moscú ha empaquetado el Cuerpo África con los acuerdos mineros en un mismo lote de protección, propaganda y saqueo. Bruselas responde con el Global Gateway y con regulación de minerales, pero ha perdido pie sobre el terreno tras el repliegue francés y la salida de Malí, Burkina Faso y Níger de la CEDEAO, hoy reagrupados en la Alianza de Estados del Sahel.
Para España el tablero se mide en millas náuticas y en cayucos. La frontera sur ya no está en el Estrecho: está en Nuakchot, en Bamako y en el golfo de Guinea. La ruta canaria, la presión sobre Ceuta y Melilla y la seguridad de Rota y Morón —infraestructura crítica para el despliegue logístico estadounidense hacia África— dependen de lo que ocurra en un territorio que no controlamos y que conocemos mal, como vienen advirtiendo los análisis del Real Instituto Elcano. A eso se suma el interés económico directo: pesca en aguas mauritanas y senegalesas, infraestructuras, energía y minerales críticos.
La lectura a cinco años es incómoda. Si JNIM y Boko Haram consolidan sus estructuras fiscales en el Sahel central y la cuenca del Chad, la presión migratoria se multiplicará y la disputa por minerales dejará de ser política industrial para convertirse en seguridad nacional. Quien controle la extracción ilegal tendrá una palanca sobre las cadenas de suministro europeas, ya ocurre con el oro y el coltán en el este del Congo. La contradicción de fondo es que Europa trata el Sahel como crisis humanitaria cuando es un problema de soberanía, y como problema de seguridad cuando en realidad es un problema de instituciones. La próxima medición del Global Terrorism Index, en marzo de 2027, dirá si el continente sigue creciendo al 17% o si alguien ha empezado a hacer algo distinto. El Consejo Europeo de diciembre volverá a hablar de materias primas y de defensa sin ponerles el mismo mapa delante.
