Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigan si el ministerio de Justicia a través del PSOE influyó en la concesión de la nacionalidad española al ex ministro venezolano chavista Nervis Villalobos el pasado año 2025. El pasado mes de julio declaró como testigo en dependencias de la UCO el Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil del ministerio de Justicia. El testigo fue preguntado sobre los dos intentos denegados de obtener la nacionalidad por parte de Villalobos y la concesión realizada, finalmente, por la directora general, Ester Pérez. La declaración con estos datos, al que tuvo acceso MONCLOA.com, fue entregado hace unos días al juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, que instruye el conocido como Caso Leire.
En su declaración, el subdirector, explicó que los requisitos para obtener la nacionalidad española son tres: «la residencia legal, la integración en España (realización de dos exámenes) y la buena conducta cívica. El ciudadano presenta el expediente, se revisa que esté todo correcto para posteriormente pedir informes externos: al CNI en determinados países y a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que consulta el registro central de extranjeros para indicar los tiempos de residencia y la posibilidad de existencia de antecedentes policiales».
La existencia de antecedentes policiales e incluso penales no determina la denegación automática de la nacionalidad, algo que sí ocurría en el caso del ex ministro Villalobos, con seis antecedentes por «blanqueo de capitales, asociación ilícita y retirada de pasaporte», según consta en el propio informe de la UCO para el juez Pedraz.
Los agentes le preguntaron también por qué su número de identificación personal aparecía en el expediente de Nervis Villalobos. En este asunto contestó que «el hecho de que su número de identificación profesional aparezca en el documento se debe a que fue emitido por él mismo en el momento en el que se practicó el requerimiento de documentación el 09.06.2026. El motivo por el que hizo una captura de pantalla es que en el caso del informe del Registro Central de penados cuando no tiene antecedentes sólo existe un apunte informático y en el caso de disponer de un informe del CNI ocurre lo mismo, esto es, si pasados tres meses no reciben respuesta se entiende que no hay objeción por parte de esta entidad».
Asimismo, la UCO interrogó al funcionario de Justicia sobre dos correos electrónicos el 15 de julio de 2020 y el 16 de julio de 2020 entre altos cargos de Justicia con el asunto «expediente nacionalidad pregunta la Directora: Nervis Villalobos». El subdirector confirmó que «la Directora General cree recordar que podría ser Sofía Puente Santiago y que la Subdirectora General era María del Mar López Álvarez que consta en el correo con copia».
Los guardias querían averiguar por qué «tan sólo un día después de la recepción del segundo de los correos electrónicos mostrados anteriormente (16.07.2020), son emitidas la propuesta de resolución denegatoria por la Subdirección General y la solución confirmando la denegación de la nacionalidad española de Nervis Villalobos por la Dirección General (17.07.2020)». El alto cargo respondió que desconoce el caso concreto, «porque no intervino en el mismo».
Sin embargo, los agentes de la UCO le enseñaron la resolución donde sí había intervenido. El subdirector añadió entonces que «aunque ocupa el cargo de Subdirector General desde el mes de abril de 2025 entre sus funciones no está la de tramitar expedientes. Por los
motivos ya expuestos, no puede referir a las personas concretas que se encargaron de su tramitación. Por las fechas de tramitación del expediente, sí habría participado en la propuesta de resolución. Como ha explicado anteriormente, los calificadores confeccionan formalmente el documento de negación, lo suben al portafirmas y el declarante firma la propuesta, únicamente revisa de forma aleatoria los expedientes dado el volumen de los mismos».
Luego le mostraron al testigo un documento con la resolución favorable de concesión de la nacionalidad al ex ministro Nervis Villalobos, firmada el 21 de abril de 2025 por la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Ester Pérez, acordando acordando estimar el recurso interpuesto por Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y, en consecuencia, declarando el derecho del interesado a optar a la nacionalidad española de origen -en el documento consta que este expediente para la adquisición de la nacionalidad española de origen habría sido tramitado en virtud de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática», precisamente a propuesta del testigo que declaraba en ese momento ante la UCO.
El alto funcionario declaró sin embargo desconocer que el letrado Ismael Oliver, investigado también en el Caso Leire, y abogado de Villalobos. La UCO también le preguntó si «ha mantenido relación profesional con María Leire Díez Castro, y/o si relaciona a esta persona con los expedientes tramitados para la adquisición de la nacionalidad española de Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas».
Los agentes le preguntaron sobre los accesos efectuados al expediente de Villalobos en mayo y junio de 2026. A esto respondió que «al tener noticias en medios de comunicación en los que se incluía el número de expediente, accedió por primera vez en el expediente para verificar lo que había ocurrido. (…) Debido a que estos expedientes se han publicado en medios de comunicación y a raíz de esas publicaciones, el dicente ha recibido peticiones de información dentro del Ministerio de Presidencia, Justicia y relación con las Cortes. En concreto, esas peticiones las ha recibido de la Directora General a la que trasmitió que los expedientes fueron tramitados conforme a la normativa vigente. Posteriormente, en las noticias se indica que la persona dispone de DNI resultándole al declarante extraño porque se le habían denegado los dos expedientes de nacionalidad por residencia que son lo que había revisado».
También añadió que «los diferentes accesos del 27.05.2026, en horario de tarde, se corresponden al momento en el que tiene conocimiento a través de los medios de comunicación de la existencia del expediente realizando unas primeras comprobaciones desde un ordenador portátil».
Hay que recordar que el sumario del Caso Leire detalla en un informe previo de la UCO que el abogado Oliver habría presionado para desbloquear el expediente de nacionalidad de Villalobos, que intentaba obtener la nacionalidad española, algo que finalmente consiguió. La trama definía a Villalobos como alguien «muy vulnerable frente a policías y fiscales». En esos atestados de la Guardia Civil se destaca que este asunto fue consultado por Leire Díez directamente con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Según el sumario, Cerdán admitió en las conversaciones que el verdadero obstáculo para otorgarle la condición de ciudadano español a Villalobos era el procedimiento penal por el Caso Duro Felguera, donde se investiga el cobro de comisiones ilícitas provenientes de la empresa de ingeniería española Duro Felguera, una causa que el ex ministro chavista afronta todavía en la Audiencia Nacional, donde se le piden nueve años de prisión.
La influencia de Villalobos en el caso tenía como objetivo la obtención munición para desacreditar al juez Peinado y al fiscal José Grinda, que era el fiscal que le acusa en las dos causas abiertas contra él en España, Caso Duro Felguera y Caso Columbus, ambas instruidas por Juan Carlos Peinado, el juez del caso Begoña Gómez. En este contexto, Villalobos le habría entregado a Díez un supuesto «cronograma de irregularidades» sobre el juez Peinado en mayo de 2024.
Los informes de la UCO también revelan cómo el abogado Ismael Oliver habría pasado de defender a Villalobos a integrarse en la red de Leire Díez a finales de 2024. Según los investigadores «a partir de ese momento, coordinó activamente maniobras de descrédito contra magistrados y fiscales encargados de los casos que afectaban tanto a Villalobos como al entorno del Ejecutivo, unificando, así, los intereses de su cliente con la estrategia de protección del partido».
369 mensajes entre Leire y Nervis Villalobos
El primer informe de la UCO destacaba que «Nervis Villalobos (Nervis) está relacionado con Leire en varias actuaciones. Se ha detectado que Leire realizó diversas gestiones para satisfacer intereses específicos de Nervis, como la obtención de la nacionalidad española y la apertura de productos bancarios en España. Leire se habría interesado activamente en estos objetivos, prevaliéndose de su posición y red de contactos. El 25 de octubre de 2024, Nervis envió a Leire un documento de la sede electrónica del Ministerio de Justicia para una consulta».
Esta misma relación se evidenciaría, para los agentes, en «una conversación mantenida entre ambos a través de la aplicación Signal, que transcurrió entre el 8 de mayo de 2024 (primer mensaje) y el 15 de mayo de 2025 (último mensaje), con un total de 369 mensajes.
Los investigadores «en fecha concreta que esta parte no ha podido determinar», localizaron que «la investigada Leire Díez,
se reunió con Nervis Villalobos (ex viceministro de Energía Eléctrica de Chávez), Javier Pérez Dolset y Sandro Rosell. La reunión tuvo lugar en el Starbucks del centro comercial La Moraleja Green, de Alcobendas.
Esa reunión fue para «convencer a Villalobos para que compareciera en la Comisión de Operación Cataluña del Congreso (sin tener nada que ver directamente con los hechos abordados en la misma), hecho que sucedió y tuvo lugar el 27 de noviembre de 2025 y procediera allí a denunciar al Juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, presentándose a sí mismo como víctima de las ‘cloacas del Estado'», algo que efectivamente sí ocurrió.
