EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El sindicato CSIF reclama una auditoría externa de Recursos Humanos en la Autoridad Portuaria de Las Palmas y pide revisar las competencias de su presidenta.
- ¿Quién está detrás? La jefa de Recursos Humanos, Carmen Gloria Rodríguez Torres, señalada por la Fiscalía por prevaricación y con una condena firme por acoso laboral.
- ¿Qué impacto tiene? Varias vistas señaladas en los juzgados de lo Social y una causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción 6 mantienen la política de personal del puerto bajo lupa judicial.
El sindicato CSIF reclama una auditoría externa de Recursos Humanos en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ahogada por los frentes judiciales.
Una jefa de Recursos Humanos con la Fiscalía encima
La Fiscalía sitúa a Carmen Gloria Rodríguez Torres, responsable de Recursos Humanos del organismo, como autora de un delito de prevaricación administrativa (resolver a sabiendas contra la ley) por su propio nombramiento. La designación se cerró años atrás, cuando el puerto lo presidía Luis Ibarra.
Sobre ella pesa, además, una sentencia firme por acoso laboral del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (el TSJC, el máximo órgano judicial del archipiélago) desde 2023. A esa condena se han ido sumando nuevas denuncias por el mismo comportamiento. Nadie la ha movido de su silla.
En febrero de 2024, los sindicatos CSIF y Comisiones Obreras impugnaron los procesos selectivos por los que el puerto contrató al hijo de la jefa de Recursos Humanos y a su cuñado. La denuncia describe irregularidades llamativas: la participación directa de Carmen Gloria Rodríguez en la redacción de las bases de de esos procesos, el cambio del temario después de que se presentara su hijo y la adjudicación de un puesto al cuñado sin la formación exigida.
Los juicios que llegan y el silencio de la presidenta
Los juzgados de lo Social de Las Palmas de Gran Canaria vuelven a citar al organismo portuario. En el Juzgado de lo Social 3 está señalado un juicio por acoso laboral impulsado por un policía portuario; en el Juzgado de lo Social 11, otra causa que apunta de lleno a la responsable de personal. Los expedientes se apilan sin que nadie dé un paso.
El 15 de octubre de 2025, el abogado de la víctima se dirigió por escrito a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, para reclamar la apertura de un expediente disciplinario y la suspensión cautelar de funciones de la jefa de Recursos Humanos. El letrado advertía de que la infracción prescribía el 12 de enero de 2026. No se hizo nada.
En el puerto de La Luz, la política de personal se ha convertido en un sumario permanente: cada decisión abre un juzgado y cada juzgado, una nueva vista.
En 2023, la trabajadora Elena Marín presentó una querella por presuntos delitos de prevaricación y acoso laboral, que se tramita en el Juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria, en las diligencias previas 3747/2023. El patrón se repite expediente tras expediente.
Preguntada por este medio, la presidenta del organismo, Beatriz Calzada, ha declinado aclarar si piensa apartar a la jefa de Recursos Humanos mientras se resuelven los procedimientos. La paradoja es notable: destituyó a la gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, Betsabé Rodríguez, por un nombramiento ilegal, y sin embargo mantiene a Rodríguez Torres en su puesto.
El Pulso Territorial
La Autoridad Portuaria de Las Palmas no es un organismo autonómico: forma parte del sistema portuario estatal, agrupa los puertos de La Luz y de Las Palmas y depende de Puertos del Estado, el ente público que coordina las autoridades portuarias del país. Su presidenta, Beatriz Calzada, llegó al cargo por designación, y es ahí donde el caso adquiere una dimensión política incómoda. Mientras el resto de los puertos del sistema ajustan su personal con procesos reglados, aquí la responsable de Recursos Humanos acumula una condena firme por acoso y una investigación de la Fiscalía sin que se haya abierto un expediente disciplinario. Canarias cuenta con dos autoridades portuarias, la de Las Palmas y la de Santa Cruz de Tenerife, y la del archipiélago oriental concentra buena parte del tráfico de tránsito del Atlántico. Lo que viene ahora depende de tres frentes: las vistas señaladas en los juzgados de lo Social, el rumbo de la investigación penal en el Juzgado de Instrucción 6 y la decisión, aún pendiente, de la propia presidenta sobre si mantiene o aparta a su jefa de personal.
Ficha Autonómica
- El caso: El sindicato CSIF pide una auditoría externa de Recursos Humanos en la Autoridad Portuaria de Las Palmas ante la acumulación de causas judiciales que afectan a su jefa de personal.
- Datos importantes: La Fiscalía señala a Carmen Gloria Rodríguez Torres por prevaricación administrativa; pesa sobre ella una sentencia firme del TSJC por acoso laboral desde 2023; en 2024 se impugnaron los procesos de contratación de su hijo y su cuñado.
- Resumen: Hay vistas señaladas en los juzgados de lo Social de Las Palmas y una causa penal viva en el Juzgado de Instrucción 6. La presidenta, Beatriz Calzada, no ha aclarado si apartará a la responsable de personal.
