Alberto Núñez Feijóo propone sustituir el ingreso mínimo vital y los subsidios por una renta de activación ligada a buscar empleo. Lo anunció este martes en Madrid, al presentar el programa electoral del PP para el 29 de noviembre.
El documento se presenta bajo el lema de la reconstrucción y ordena sus 249 medidas en cuatro objetivos: reparar el Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación y recuperar la ambición de España. Otras ocho propuestas se irán desvelando durante la campaña, según explicó el propio candidato del PP.
Una sola puerta y una contrapartida: así funcionaría la prestación
La arquitectura es sencilla de explicar y complicada de ejecutar. El IMV y los actuales subsidios por desempleo dejarían de ser compartimentos separados para integrarse en un único sistema. La renta sería compatible con el empleo desde el primer día, de manera que aceptar un trabajo suponga siempre una mejora de los ingresos del hogar.
La contrapartida llega en forma de compromiso firmado. Quien pueda trabajar deberá participar en acciones de formación y búsqueda de empleo, con un seguimiento verificable de esas obligaciones. Rechazar de forma reiterada ofertas adecuadas y sin causa justificada tendrá consecuencias: el programa contempla la pérdida gradual de la ayuda.
«Trabajar tiene que compensar más que no hacerlo», defendió Feijóo al presentar la medida. El diseño conserva, eso sí, dos excepciones intactas: quienes no puedan trabajar por incapacidad o dependencia mantienen una protección específica, y la ayuda a la infancia seguirá funcionando como prestación independiente.
El paquete añade la evaluación de los servicios públicos de empleo en función de los puestos de trabajo que consigan para los demandantes, junto a medidas contra el absentismo laboral fraudulento. La lógica, por tanto, no es solo la del beneficiario vigilado: es también la del servicio público que responde por resultados.
Feijóo convierte la prestación en un contrato: cobrar deja de ser una posición pasiva y pasa a ser una obligación compartida con el servicio público de empleo.
El resto del programa y el flanco que se abre
El IMV nació en 2020 como prestación estatal de último recurso, en plena pandemia, y desde entonces convive con los subsidios por desempleo y con las rentas mínimas de las comunidades autónomas. La propuesta popular no discute esa red de protección. Discute su arquitectura y, sobre todo, su administración.
Alrededor de la renta, el texto despliega la artillería económica: aprobar los Presupuestos cada año, revalorizar las pensiones conforme al IPC, reducir la deuda pública, rebajar la presión fiscal y auditar el gasto público si el PP llega al Gobierno.
En el plano institucional, Feijóo anunció reformas en el funcionamiento del Tribunal Constitucional, y del Consejo General del Poder Judicial, además de comprometerse a no indultar a políticos condenados por corrupción. En migración defiende endurecer las leyes frente a lo que considera un regalo de la nacionalidad, aunque también aboga por impulsar la llegada de trabajadores para cubrir necesidades de sectores como la construcción.
«No me refugiaré en la herencia recibida», afirmó ante los asistentes. La frase marca el tono: un programa que se quiere vender como ruptura de gestión y no como continuidad administrada.
El Laboratorio Gallego
Quien haya seguido la política gallega reconoce el gesto. Feijóo gobernó la Xunta de Galicia, el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela, entre 2009 y 2022 con mayorías absolutas, y construyó allí un perfil de gestión que ahora traslada a Madrid como argumento. Galicia cuenta desde hace años con su propia prestación autonómica de inserción, la Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA), de modo que el PPdeG no habla de una materia desconocida: habla de un terreno que lleva años administrando. Esa es la fortaleza del mensaje y su contradicción, porque si el modelo gallego ya existe, el anuncio se juzga por resultados y no por novedad.
El segundo dato incomoda a cualquier diseño de activación. Galicia es una de las comunidades con mayor porcentaje de población de 65 y más años del país, según el IGE, y buena parte de los perceptores de ayudas no son empleables en ningún sentido razonable del término. La condición de buscar trabajo encaja en un mercado denso y joven; en el rural gallego, con dispersión, envejecimiento y una oferta concentrada en el litoral, el mismo requisito puede volverse un trámite imposible de cumplir.
En el Parlamento de Galicia, la cámara legislativa gallega con 75 escaños, el PPdeG dispone de 40 de los 75 escaños desde 2024, con el BNG como primera fuerza de la oposición y el PSdeG en tercer lugar. Esa mayoría permite ensayar sin socios lo que después se propone en Madrid, y explica que cada política de empleo de la Xunta se lea como un borrador nacional. La proyección inmediata es doble: la cita del 29 de noviembre y, después, la adaptación de la RISGA si la renta estatal llega a existir. Nadie ha explicado aún qué ocurre con las competencias autonómicas si ambas prestaciones conviven.
Ficha del Caso
- El caso: Feijóo presenta un programa de 249 medidas que sustituye el IMV y los subsidios por una renta de activación condicionada a la búsqueda de empleo y con retirada gradual de la ayuda.
- Datos importantes: elecciones generales el 29 de noviembre; compatibilidad con el empleo desde el primer día; protección específica para incapacidad y dependencia; ayuda a la infancia como prestación independiente; evaluación de los servicios públicos de empleo por resultados.
- Resumen: El PP traslada a escala nacional un esquema de activación que la Xunta ya administra vía RISGA, con el reto del envejecimiento gallego y la incógnita competencial como principales flancos.
