El Gobierno de Madrid recurrirá el real decreto de centros de datos que prepara el Ejecutivo central. Lo anunció el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, durante la colocación de la primera piedra del CPD MAD01, en San Blas-Canillejas.
El Ejecutivo autonómico sostiene que la norma estatal invade competencias autonómicas y genera inseguridad jurídica en un sector que ya forma parte del relato económico de la región. Un centro de procesamiento de datos es, en simple, la nave donde se alojan los servidores que sostienen la nube, la inteligencia artificial y las bases de datos de empresas y administraciones. Madrid cuenta con 59 proyectos: 40 en funcionamiento y 19 en construcción, según la Consejería.
Los 15.000 millones que Madrid dice tener en cartera
A esa base instalada se suma una cartera declarada de más de 45 nuevas instalaciones: una potencia superior a los 3.467 megavatios, una inversión aproximada de 15.000 millones de euros y más de 17.000 empleos asociados, según los datos que maneja la Consejería de Digitalización.
El consejero detalló que la semana pasada la Comunidad presentó sus alegaciones ante el Consejo de Estado. Los argumentos son tres: que la norma vulnera la legislación europea, que invade competencias autonómicas y que impone requisitos, y un régimen sancionador que el sector considera inasumible.
El riesgo que Madrid pone sobre la mesa es de competencia entre países. En su intervención, López-Valverde advirtió de que las exigencias del proyecto estatal pueden desviar inversiones hacia Francia o Portugal y comprometer la posición de la capital como uno de los grandes nodos digitales de Europa. La cita es suya: los requisitos ‘pueden comprometer el volumen de inversión y empleo.
Madrid no discute el marco ambiental: discute quién pone las reglas y a qué precio se le cobran al inversor que ya tiene el suelo comprado.
San Blas-Canillejas, el escaparate del modelo que se quiere proteger
La primera piedra sirvió también de escenario. El CPD MAD01 de la multinacional Goodman se levantará en San Blas-Canillejas con 200 millones de euros en una primera fase de 6 MW, potencia que previsiblemente crecerá hasta los 11,7 MW en 2028.
La instalación se proyecta con certificación LEED Platino, recuperación de calor residual y generación renovable para autoconsumo. Es el ejemplo que la Comunidad pone sobre la mesa para defender que crecimiento y sostenibilidad caben en el mismo suelo. La escala ayuda a entender el pulso: los 15.000 millones declarados en cartera multiplican por 75 los 200 millones de esta primera fase.
El argumento de fondo es que un CPD no se instala donde hay una subvención, sino donde hay fibra, latencia baja y técnicos disponibles. La región acumula los tres elementos desde hace una década, y eso explica que el corredor del este se haya convertido en el principal polo de servidores del país. El modelo que defiende el consejero se resume en tres ideas: colaboración institucional, diálogo con las empresas y soluciones técnicas que compatibilicen el crecimiento con la protección del medio ambiente.
El pulso competencial que decidirá dónde van los servidores de Europa
Conviene tener presente un precedente. Cada vez que Madrid ha recurrido una norma estatal con impacto económico —del alquiler a la energía—, el recurso ha funcionado más como posición política que como herramienta jurídica rápida: los tribunales tardan años y, mientras tanto, la norma se aplica. Con el decreto de centros de datos ocurrirá algo parecido. El recurso no detiene la tramitación; encarece políticamente aprobarla tal cual.
Y Madrid no juega sola. Otras comunidades con suelo industrial más barato y conexión eléctrica disponible compiten por el mismo tipo de inversión, con la diferencia de que la capital parte con ventaja en conectividad internacional y talento. La pregunta que ninguna de las dos administraciones ha respondido por escrito es cuánto margen de red eléctrica y de agua le queda al este de la región para absorber 3.467 megavatios adicionales.
Nuestra lectura es que el fondo del conflicto no es ambiental, sino de reparto de poder regulatorio. Un marco estatal homogéneo beneficia al conjunto del país, aunque también es verdad que Madrid llega con ventaja construida y no quiere perderla por una regla que aterriza tarde. Al argumento autonómico, eso sí, le falta concreción: si la norma genera inseguridad jurídica, la Comunidad debería publicar qué requisitos considera desproporcionados y con qué informes técnicos los compara. Hasta ahora hay adjetivos, no expedientes.
Queda por ver el calendario. La Comunidad no ha precisado cuándo formalizará el recurso ni ante qué instancia, y el sector mira de reojo el dictamen del Consejo de Estado: de su redacción final depende que los 15.000 millones sigan en cartera o aterricen en Francia o Portugal.
