El PP ha presentado su programa de reconstrucción nacional con la vista puesta en un punto de inflexión definitivo para el devenir político y económico del país. Bajo la premisa de que España transita por un momento decisivo que exige respuestas a su altura, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha estructurado una hoja de ruta orientada a desmontar las costuras de la última etapa de gobierno y redefinir los cimientos del Estado. El documento, concebido como un contrato directo con los ciudadanos, prioriza la regeneración democrática, la cohesión territorial y la reactivación económica mediante compromisos tasados legislativamente.
La diagnosis de los populares parte de una premisa contundente: el debilitamiento simultáneo de los cuatro pilares que sostienen la nación. Según el argumentario del partido, el Estado ha perdido capacidad operativa mientras crecía sin control, la democracia se ha visto tensionada por la colonización de instituciones y el control partidista, la Nación común se ha empleado como moneda de cambio parlamentaria, y los ciudadanos se han visto abocados a convivir con la resignación económica. Frente a este escenario, la formación opositora plantea un plan de acción urgente dividido en cuatro grandes bloques estratégicos que buscan devolver la eficacia a la administración y la centralidad al ciudadano.
Reparar el Estado: auditoría general y simplificación burocrática
El primer gran eje del programa se centra en la rehabilitación de una administración que, a juicio del Partido Popular, se ha vuelto asfixiante para el contribuyente y deficiente en sus servicios esenciales. El compromiso más inmediato anunciado por la formación contempla la realización de una auditoría integral del gasto público en los primeros cien días de gobierno. Este análisis exhaustivo examinará el destino de cada euro, la concesión de subvenciones y el estado real de los servicios públicos con el propósito de erradicar duplicidades, recortar estructuras políticas innecesarias y someter el presupuesto a un riguroso control de sostenibilidad bajo la supervisión de la AIReF.
«Queremos un Estado fuerte en lo importante, ágil en la respuesta y que deje de tratar como sospechoso a quien trabaja o emprende.»
En el plano normativo y administrativo, el PP introduce una fórmula de contención burocrática denominada la regla del tres a uno: por cada norma nueva que se apruebe, se eliminarán tres vigentes. Asimismo, el plan prevé una reducción de las cargas administrativas generales en un 25% antes de 2029, elevando este alivio hasta el 35% para las pequeñas y medianas empresas. El modelo busca consolidar una administración basada en la confianza ciudadana, ampliando los supuestos de silencio administrativo positivo y garantizando que los plazos de devolución de impuestos y ayudas públicas se cumplan con la misma diligencia con la que el Estado recauda.
Regeneración institucional y blindaje de la separación de poderes
La respuesta a la degradación democrática percibida durante los últimos años ocupa un lugar central en la estrategia popular. El partido plantea un rediseño de las reglas del juego para evitar que el poder ejecutivo instrumentalice las instituciones o condicione su estabilidad a cesiones territoriales. Entre las medidas de mayor calado político destaca la derogación de la Ley de Amnistía y la prohibición expresa de que el derecho de gracia se utilice como contraprestación para alcanzar o sostener la presidencia del Gobierno.
«La democracia española ha resistido embates sin precedentes desde el propio poder; ha llegado la hora de garantizar que el abuso no salga gratis.»
En paralelo, el programa endurece los controles sobre el gasto y la función pública mediante un mecanismo de disolución automática de las Cortes: dos prórrogas presupuestarias consecutivas obligarán a convokcar elecciones generales. La independencia judicial y de los organismos reguladores también experimentará modificaciones sustanciales. Los populares proponen que el Fiscal General del Estado cuente con un mandato no coincidente con el del Ejecutivo y que los jueces elijan directamente a los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial, blindando además el estatus técnico de instituciones como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y RTVE frente a cualquier injerencia partidista.
Cohesión territorial y fin de los privilegios bilaterales
Frente a la fragmentación de la soberanía y la asimetría en el reconocimiento de derechos, el Partido Popular reivindica una ciudadanía común en la que el lugar de residencia no suponga una merma en el acceso a prestaciones, sanidad o educación. El documento descarta de manera rotunda la salida de ninguna comunidad autónoma del régimen fiscal común y rechaza la negociación bilateral de privilegios al margen de los foros multilaterales.
Para coser las brechas territoriales, los populares proponen la convocatoria inmediata de la Conferencia de Presidentes para pactar un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice recursos suficientes para la sanidad pública, respaldado transitoriamente por un fondo de nivelación. En el ámbito educativo y lingüístico, el plan garantiza el derecho constitucional a recibir enseñanza en castellano en todo el territorio nacional y establece una Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) única y común que asegure la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes españoles, independientemente de su comunidad autónoma de origen.
El cambio económico: fiscalidad competitiva y vivienda
El bloque económico del programa fía la recuperación de la autoestima nacional al desahogo fiscal de las rentas medias, los autónomos y las familias, contraponiendo el modelo de la resignación a una ambiciosa agenda de reformas productivas. El plan de vivienda constituye uno de los pilares fundamentales, con el compromiso explícito de construir un millón de viviendas a través de la movilización de suelo público y privado, la derogación de la actual Ley de Vivienda y la supresión del IVA en la compra de la primera vivienda para los menores de 40 años, reduciéndolo del 10% al 4%. Del mismo modo, se endurecen las medidas contra la ocupación ilegal, exigiendo el desalojo judicial en un plazo máximo de 48 horas.
«La prosperidad de un país la crean las personas que trabajan, ahorran y arriesgan cuando el Estado deja de penalizar su esfuerzo.»
En materia fiscal y laboral, el Partido Popular promete que quienes cobren el salario mínimo interprofesional (SMI) no pagarán IRPF, adaptando automáticamente el umbral de exención cada vez que este suba para evitar subidas encubiertas por vía de la inflación. Los nuevos autónomos disfrutarán de cuota cero durante su primer año de actividad y aquellos que facturen menos de 85.000 euros quedarán exentos de cobrar y declarar el IVA trimestralmente. Asimismo, en el sector energético, el partido se compromete a eliminar el calendario de cierre de las centrales nucleares extendiendo su vida útil, suprimir el impuesto del 7% a la producción eléctrica y aplicar una tarifa social única para los hogares vulnerables, blindando de este modo la seguridad de suministro y la competitividad de la industria nacional.
