El Tribunal Supremo ha declarado firme la condena de 49.049,08 euros a un consultor del ICEX por vulnerar el pacto de confidencialidad suscrito con la mercantil valenciana Garanfruit Agro. La Sala de lo Civil inadmite el recurso de casación 7789/2024 y agota la vía civil ordinaria sin revisión del fondo.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sección de Admisión de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo inadmite el recurso de casación 7789/2024 mediante providencia de 15 de julio de 2026 y declara firme la condena de 49.049,08 euros dictada en apelación.
- ¿Qué base jurídica aplica? Defectos de formulación, acumulación indebida de cuestiones e introducción de argumentos nuevos, conforme al régimen de admisión de los artículos 477 y 483 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; el intento de revisar los hechos probados resulta improcedente en casación.
- ¿Qué impacto tiene? Cierra el litigio con imposición de costas y pérdida del depósito. La resolución no atribuye responsabilidad al ICEX ni consta actuación de la entidad pública respecto del consultor.
De una reclamación de 880.215 euros a la condena de la Audiencia de Valencia
El conflicto se remonta a diciembre de 2017. David Carnicer Sospedra fue asignado, dentro del programa ICEX NEXT, al proyecto de internacionalización de Garanfruit Agro, sociedad de Algemesí especializada en productos gourmet, microbrotes y flores comestibles. El programa lo desarrolla ICEX España Exportación e Inversiones, entidad pública empresarial estatal, con el objeto de facilitar la expansión exterior mediante asesoramiento especializado y subvenciones. El consultor firmó un compromiso que le obligaba a proteger la información empresarial obtenida y a no utilizarla para fines ajenos al programa.
En febrero de 2018 Carnicer participó en la feria Fruit Logistica de Berlín, donde Granafruit promocionaba sus productos. Allí recibió información comercial recopilada por Miquel Soriano, comercial autónomo de la compañía, destinada a elaborar estudios de mercado sobre Alemania y Francia. La relación profesional concluyó el 17 de julio de 2018. Nueve meses después, el 18 de abril de 2019, Carnicer, Soriano y Antonio Vicente Masiá Llorca constituyeron Massa Greens, S.L., con actividad coincidente con la de la asesorada; el primero asumió el 50 % del capital y los otros dos, el 25 % cada uno.
La demandante, representada por el abogado Alberto Cantó, accionó por incumplimiento de los deberes de confidencialidad, reserva y buena fe, además de compentencia desleal, y cuantificó su pretensión en 880.215,67 euros. El Juzgado de lo Mercantil número 4 de Valencia desestimó íntegramente la demanda. La cifra inicial y el resultado de la primera instancia delimitan el objeto del proceso: el debate se desplazó a la prueba del uso del know-how y a la valoración del daño.
La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia revocó parcialmente esa decisión mediante la SAP Valencia 185/2024, de 4 de julio. Los magistrados Rosa María Andrés Cuenca, presidenta, Purificación Martorell Zulueta, ponente, y Eduardo Pastor Martínez condenaron a Carnicer a abonar 49.049,08 euros, más intereses procesales, en concepto de lucro cesante, y absolvieron a Massa Greens. El tribunal tuvo por acreditado que Soriano había ofrecido productos similares a clientes de Garanfruit a precios inferiores y que José Domingo Segura, representante de Chef Fruit Food Service, recibió aquellas ofertas, aunque no cambió de proveedor.
El pacto de confidencialidad suscrito al amparo de un programa público genera deberes exigibles tras la extinción del asesoramiento y su quebranto se resarce por la vía del lucro cesante.
La inadmisión del recurso y la firmeza de la condena
Carnicer y Massa Greens interpusieron recurso de casación. La Sección de Admisión de la Sala de lo Civil lo inadmite mediante providencia de 15 de julio de 2026, dictada en el recurso 7789/2024 por Ignacio Sancho Gargallo como presidente, Manuel Almenar Belenguer y Nuria Auxiliadora Orellana Cano como ponente.
El órgano aprecia defectos de formulación, acumulación indebida de cuestiones jurídicas e introducción de argumentos nuevos. El tercer motivo resulta determinante: los recurrentes pretendían modificar los hechos probados y obtener una nueva valoración de las pruebas, algo improcedente en casación conforme al régimen de los artículos 477 y 483 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, consultable en el Boletín Oficial del Estado. La Sección de Admisión no efectúa un nuevo examen del fondo.
La providencia impone las costas a los recurrentes, acuerda la pérdida del depósito constituido y declara expresamente la firmeza de la sentencia de apelación, consultable a través del CENDOJ. Contra la resolución no cabe recurso. Carnicer deberá indemnizar a Garanfruit con 49.049,08 euros más los intereses correspondientes. La resolución no atribuye responsabilidad al ICEX y no consta si la entidad pública adoptó medida alguna respecto del consultor.
La Doctrina del Tribunal
La inadmisión consolida una regla de alcance limitado pero operativa: el pacto de confidencialidad asumido por un consultor en el marco de un programa público de internacionalización despliega deberes exigibles una vez extinguida la relación de asesoramiento, y su quebranto se canaliza por el incumplimiento contractual con reparación del lucro cesante acreditado. La doctrina precedente no discutía la vigencia de esos deberes, sino su prueba. El fallo de la Audiencia y la posterior inadmisión confirman que la carga probatoria se satisface con la acreditación de ofertas a clientes de la asesorada a precios inferiores, aunque no llegue a consumarse el desplazamiento efectivo de la cartera.
El soporte normativo se sitúa en los artículos 1101 y 1107 del Código Civil, sobre indemnización de daños y perjuicios y su extensión al lucro cesante, y en el artículo 1258 del mismo texto, que impone la buena fe como criterio de integración del contrato. La demandante acumuló además la competencia desleal conforme a la Ley 3/1991, de 3 de enero, si bien la condena se ancló en el incumplimiento contractual. En el plano procesal opera el artículo 24.1 de la Constitución Española en su vertiente de tutela judicial efectiva, sin que la inadmisión vulnere el derecho a la revisión: el régimen de los artículos 477 y 483 de la LEC configura la casación como control de la infracción normativa, no como tercera instancia.
El impacto se mide en la práctica de la consultoría subvencionada. Los asuntos de esta naturaleza pendientes en los juzgados de primera instancia y en las audiencias provinciales afrontan dos cuestiones: la extensión del deber de reserva tras la finalización del programa y la cuantificación del lucro cesante cuando no consta pérdida efectiva de clientela. La sentencia de apelación resolvió con un perímetro indemnizatorio estrecho —49.049,08 euros frente a los 880.215,67 reclamados—, lo que reduce su valor de precedente en materia de cuantificación. La vía civil queda agotada y no consta que se haya planteado recurso de amparo.
FICHA DEL CASO
- El caso: Litigio civil por incumplimiento de deberes de confidencialidad, reserva y buena fe y por competencia desleal entre Garanfruit Agro, S.L., y un consultor del programa ICEX NEXT, con intervención de la sociedad Massa Greens, S.L. Procedimiento: juicio ordinario, apelación y recurso de casación.
- Datos importantes: SAP Valencia 185/2024, de 4 de julio, y providencia de la Sección de Admisión de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2026, recurso 7789/2024. Condena de 49.049,08 euros más intereses, costas y pérdida del depósito. Absolución de Massa Greens. Artículos 1101, 1107 y 1258 del Código Civil.
- Fecha de los juicios: Asignación del consultor en diciembre de 2017; extinción de la relación el 17 de julio de 2018; sentencia de apelación de 4 de julio de 2024; providencia de inadmisión de 15 de julio de 2026.
- Personas acusadas y por qué: David Carnicer Sospedra, consultor del ICEX NEXT, condenado por incumplimiento contractual; Massa Greens, S.L., absuelta. No se trata de un procedimiento penal.
