El PSPV ha denunciado ante la Fiscalía al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por las adjudicaciones al abogado David Serra.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El PSPV presenta una denuncia ante la Fiscalía contra el president Pérez Llorca por dos contratos del Ayuntamiento de Finestrat al despacho de David Serra, valorados en unos 400.000 euros.
- ¿Quién está detrás? Firman el escrito Vicent Mascarell y José Muñoz, por el PSPV; el PP lo atribuye a una campaña de difamación.
- ¿Qué impacto tiene? La Fiscalía deberá decidir si abre diligencias; el asunto salpica al pacto PP-Vox y llega hasta la dirección nacional del PP.
La denuncia se ha registrado este martes, 10 de noviembre, a primera hora de la mañana, ante el ministerio público. La firman el secretario de Organización del partido, Vicent Mascarell, y el síndic del grupo en les Corts Valencianes —el portavoz parlamentario en el parlamento autonómico de 99 escaños—, José Muñoz.
En el centro del escrito están dos contratos del Ayuntamiento de Finestrat al despacho Estudi General Advocats i Assessor, vinculado a David Serra, antiguo diputado del PP condenado en el caso Gürtel. Los socialistas cifran en unos 400.000 euros el importe de esas adjudicaciones, repartidas entre las licitaciones de 2018 y 2023.
Los socialistas sostienen que los hechos podrían ser constitutivos de prevaricación administrativa, fraude a la Administración en la contratación pública y cohecho. El escrito señala «particularmente» las actuaciones de Pérez Llorca, que entonces era alcalde de la localidad y órgano de contratación del consistorio.
Mascarell ha desglosado las anomalías que, a su juicio, deben mirarse con lupa. La exclusión en 2018 de la oferta más barata por un supuesto incumplimiento de plazo. Las dudas sobre la solvencia económica del despacho en la licitación de 2023 y sobre el seguro exigido. La adscripción comprometida de diez letrados, sin que la documentación societaria reflejara una estructura de personal equivalente. Y la concesión de puntos por una prestación —la defensa de autoridades y empleados municipales— que estaba expresamente excluida del contrato.
Una denuncia no es una sentencia: lo que el PSPV pone sobre la mesa son indicios que la Fiscalía deberá decidir si convierte en investigación.
La denuncia pide además investigar si el despacho o sus socios prestaron servicios jurídicos a familiares del president o a sociedades vinculadas a sus negocios, en qué condiciones se hicieron esos trabajos y quién los pagó. El escrito lo formula como un posible conflicto de intereses «que debe esclarecerse», no como un hecho acreditado. Ninguno de los extremos ha sido validado por un juez.
La respuesta del PP: técnicos, baremación y campaña de difamación
La réplica del PP ha llegado en forma de comunicado. Los populares sostienen que la acción del PSPV forma parte de «una campaña de difamación de Pérez Llorca». Su argumento es que se trata de «contratos de concurrencia pública», que la mesa de contratación está formada por «técnicos y ningún político» y que el contrato «se adjudica de acuerdo a la baremación de los técnicos».
Sobre la mesa hay un elemento incómodo para el partido que gobierna: el dosier del que parte la denuncia es anónimo. Muñoz lo ha convertido en su principal arma retórica. «Si dentro del propio partido no confían en Pérez Llorca y le hacen un dosier, ¿por qué tenemos que fiarnos nosotros?», ha preguntado. Y ha añadido que «la sombra de la corrupción vuelve a estar presente en la Generalitat Valenciana».
El síndic ha apelado directamente a Feijóo: «Si él no se fía de Pérez Llorca, ¿por qué tenemos que hacerlo los valencianos y las valencianas?». La pregunta tiene recorrido nacional porque el PP valenciano es el que sostiene, junto a Vox, el Consell que preside Pérez Llorca desde el 2 de diciembre de 2025.
El Escenario Valenciano
El caso aterriza en el peor momento posible para el Consell de Pérez Llorca. El president llegó a la Generalitat el 2 de diciembre de 2025, tras la dimisión de Carlos Mazón por su gestión de la DANA, con el encargo de abrir una etapa de normalidad institucional. Once meses después, afronta su primera gran prueba de integridad.
En el capítulo de la oposición, Compromís no figura entre los firmantes: la iniciativa es exclusivamente socialista. El PSPV, en cambio, ha decidido jugar la carta de la Gürtel, un nombre que en la política española funciona como un disparador automático de sospecha.
Y ahí está la dimensión que desborda Valencia. David Serra fue diputado del PP condenado en una causa que marcó más de una década de política española; la sentencia de su primera época, en 2018, precipitó la moción de censura contra Mariano Rajoy. Que el apellido reaparezca ahora en una denuncia contra el president valenciano obliga a la dirección nacional del PP a decidir si respalda sin matices o deja correr el asunto.
Ahora la pelota está en la Fiscalía, que deberá decidir si abre diligencias de investigación o archiva. No hay plazo público para esa decisión. Queda por ver si el asunto llega al pleno de les Corts y con qué temperatura lo recibe un hemiciclo donde el pacto con Vox sostiene al Consell desde hace casi un año.
Para una Comunitat Valenciana que todavía digiere la reconstrucción de la DANA, cualquier caso que roce la contratación pública pesa el doble. La transparencia dejó de ser un adorno de discurso.
Ficha del Caso
- El caso: El PSPV presenta ante la Fiscalía una denuncia contra el president Pérez Llorca por dos contratos municipales de Finestrat a un despacho vinculado a David Serra, condenado en la Gürtel.
- Datos importantes: Unos 400.000 euros en adjudicaciones de 2018 y 2023; posibles delitos de prevaricación, fraude en la contratación y cohecho. La denuncia parte de un dosier anónimo y no está avalada por ningún juez.
- Resumen: El PP lo atribuye a una campaña de difamación y el PSPV interpela a Feijóo. El asunto queda en manos del ministerio público y amenaza con contaminar la agenda del Consell.
