Alberto Núñez Feijóo propone un plan de choque contra las mafias de la ruta Argelia–Baleares con más Guardia Civil y Frontex permanente.
El presidente del PP presentó el lunes 9 de noviembre el programa con el que concurrirá a las elecciones generales del 29 de noviembre, en el que la política migratoria ocupa uno de los ejes centrales. Las medidas se habían avanzado la tarde anterior en Palma, ante 2.500 personas, junto a la presidenta balear, Marga Prohens. El anuncio tiene traducción directa sobre el despliegue de la Guardia Civil en la vigilancia marítima del archipiélago.
Un plan con la vigilancia marítima como eje
«Aprobaremos un plan específico para proteger las fronteras marítimas», proclamó el candidato. El documento contempla el refuerzo del control marítimo, la persecución de las redes que gestionan el tráfico de personas y la aplicación de los reglamentos de retorno. El tercer eje es europeo: el PP trasladará a Bruselas la petición de activación permanente de Frontex en la ruta Argelia–Baleares. «No dejaremos sola a ninguna parte de España», resumió.
La propuesta llega con cifras sobre la mesa. En 2018 Baleares registraba una veintena de pateras y alrededor de 200 personas al año; el pasado ejercicio cerró con 7.300 llegadas, máximo histórico, y los servicios sociales de islas como Formentera quedaron desbordados. En lo que va de 2026 esa cifra ya se ha igualado, y aún falta diciembre, uno de los meses de mayor tránsito.
El control de esa frontera corresponde al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, la unidad que patrulla las aguas de competencia española con patrulleras de interceptación y apoyo aéreo. Su trabajo se apoya en dos frentes: la detección temprana de embarcaciones y la investigación de las estructuras que las fletan. La presencia permanente de Frontex, la agencia europea de guardia de fronteras y costas, implicaría medios navales, aéreos y de análisis de riesgo sobre una ruta que hoy se refuerza con operaciones conjuntas de duración determinada.
El paquete migratorio comparte protagonismo con otras promesas del mismo acto, como la rebaja del IVA a los jóvenes que compren su primera vivienda o una ley contra la okupación. Pero el eje que afecta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es el de las fronteras. La ruta Argelia–Baleares es hoy una de las principales vías de entrada irregular por mar a España, con un volumen que se ha multiplicado en la última década.
La vigilancia marítima de la Guardia Civil es la primera barrera contra unas redes que han multiplicado por más de treinta su volumen de llegadas en siete años.
De 200 llegadas en 2018 a 7.300 en 2025
El salto cuantitativo tiene traducción operativa inmediata. Cada embarcación detectada implica una movilización completa: localización, interceptación, traslado a puerto, identificación de los ocupantes y, cuando procede, apertura de diligencias contra los patrones. A esa carga se suma la investigación de las redes que operan desde el norte de África, estructuras que fragmentan el negocio en células independientes para dificultar el rastro policial.
El desbordamiento de los servicios sociales en Formentera y la presión sobre los recursos de acogida explican por qué la inmigración irregular se ha convertido en asunto de primer orden político en el archipiélago. La Guardia Civil mantiene el dispositivo con independencia del calendario electoral: la vigilancia marítima no se suspende durante la campaña.
Los datos dibujan un cambio de escala: de las 200 personas contabilizadas en 2018 a las 7.300 de 2025, un factor superior a treinta en siete años. La comparativa no mide solo volumen, sino la transformación de una vía residual en una ruta industrializada, con embarcaciones cada vez más capaces y salidas concentradas en las ventanas de buen tiempo.
El Contexto Operativo
El marco de amenaza es claro: el tráfico ilícito de personas es una actividad criminal con estructura empresarial, no una suma de travesías aisladas. Europol (la agencia policial de la Unión Europea que coordina operaciones transnacionales entre los cuerpos policiales de los Estados miembros) incluye el tráfico ilícito de migrantes entre las prioridades de su ciclo político contra la delincuencia organizada. Las redes del Mediterráneo occidental se caracterizan por su capacidad de adaptación: cambian de puerto de salida, de embarcación y de horario en función de la presión policial. Esa elasticidad explica que ninguna ruta pueda darse por cerrada y que el refuerzo de un tramo desplace la presión al siguiente.
El trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre esa ruta se mide en dos planos. En el mar, la Guardia Civil sostiene un dispositivo que combina patrulleras, medios aéreos y coordinación con Salvamento Marítimo para llegar antes que la siguiente salida. En tierra, las investigaciones se dirigen contra los organizadores: el criterio operativo es perseguir a quien fleta la embarcación, no solo interceptarla. Los registros de llegada miden presión migratoria, no falta de vigilancia; cuando el dispositivo se estrecha, las salidas se desplazan, y esa es precisamente la lógica que un plan de presencia permanente pretende romper.
La proyección depende de dos calendarios. El político, con las elecciones del 29 de noviembre y un programa que, si se cumple, redefiniría el reparto de medios entre España y la Unión Europea en la vigilancia de la ruta. Y el operativo, con diciembre como mes de alta presión y un dispositivo que la Guardia Civil mantendrá activo con independencia del resultado electoral. Cualquier decisión sobre Frontex pasa por Bruselas y por el mandato de la agencia, de modo que el aterrizaje del plan, en caso de formarse gobierno, exigiría primero negociar el despliegue y después integrarlo con los medios españoles ya presentes en la zona.
