La cúpula de la cooperativa de Les Naus niega ante la jueza sus contactos con el PP y responsabiliza al promotor del reparto de los pisos.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El presidente, la vicepresidenta y la secretaria de la cooperativa de Les Naus, en la Playa de San Juan de Alicante, declararon el lunes 9 de noviembre como investigados ante la jueza que instruye las adjudicaciones.
- ¿Quién está detrás? Compromís-Front Valencià exige expropiar las viviendas; el PP de Alicante, con el alcalde Luis Barcala, acumula una comisión de investigación cerrada en el consistorio y otra abierta en las Corts Valencianes.
- ¿Qué impacto tiene? La causa suma 18 investigados y al menos tres dimisiones, entre ellas la de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y la del funcionario autonómico que revisaba los expedientes.
Cuarenta y cinco minutos ante la jueza y una versión que se repite
El presidente de la cooperativa, Luis Alberto Merler, la vicepresidenta, Vanesa Quero, y la secretaria, Trinidad Box Rodríguez, comparecieron el lunes 9 de noviembre ante la titular del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, en los juzgados de Benalúa. El residencial se levanta en la Playa de San Juan de Alicante. Fueron 45 minutos de declaración. Los dos primeros contestaron a sus abogados y a la magistrada; la secretaria, solo a su letrada.
Merler llegó a la presidencia por una llamada. Según fuentes jurídicas, relató que llevaba años trabajando comercialmente con el promotor Francisco Ordiñana y su mercantil Fraorgi, y que fue este quien le contactó en julio de 2018 para que encabezara la cooperativa. Admitió que compró uno de los doce áticos —donde reside— y negó haber tenido ventaja alguna para acceder a él. Ni contacto con concejales ni con cargos públicos del Ayuntamiento de Alicante.
La vicepresidenta ofreció la misma versión. Vanesa Quero, propietaria de otro de los áticos, situó su llegada a la promoción en unas visitas previas a la oficina de Ordiñana, cuando buscaba comprar una vivienda. La secretaria fue más escueta: «Fraorgi se encargaba de todo». Y añadió que ella nunca realizó gestiones con el ayuntamiento.
Los tres se negaron a responder a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones populares, entre ellas las ejercidas por Ciudadanos, a través del letrado Eduardo García-Ontiveros, y por el PSPV-PSOE. La causa acumula ya 18 investigados, después de que la cúpula de la cooperativa se sumara a la lista. El silencio, en un procedimiento con tantas partes personadas, no es un detalle menor.
Un escándalo urbanístico no se mide por los investigados que suma, sino por la confianza pública que se lleva por delante. Y aquí ya van dieciocho.
La pancarta de Compromís, la expropiación y el rédito de un escándalo
En la puerta de los juzgados de Benalúa, Compromís-Front Valencià desplegó una pancarta con los rostros de Alberto Núñez Feijóo y del expresident de la Generalitat Carlos Mazón bajo una sola palabra: «cómplices». «El PP decidió que era una oportunidad de negocio para sus amigos y sus familiares», sostuvo la cabeza de lista al Congreso por Alicante, María Teresa Pérez, que exigió explicaciones también «en la vía política». Su propuesta pasa por expropiar los pisos adjudicados e incorporarlos al parque público.
El paquete de vivienda de la coalición va más allá del caso. En la provincia de Alicante hay casi 210.000 viviendas vacías, según los datos que maneja la formación, que quiere empezar por incorporar esas casas y las de la Sareb al parque público. A eso se suma la prohibición de que las empresas y los fondos buitre, puedan seguir comprando vivienda, la expropiación a los grandes tenedores, el alquiler indefinido y una meta: destinar el 1% del PIB a políticas de vivienda para acercarse a la media europea. El número dos por Valencia, Alberto Ibáñez, lo detalló. Àgueda Micó apuntó al PSOE: «No están a la altura» en vivienda.
El caso saltó a finales de enero de 2026 y desde entonces el Ayuntamiento de Alicante no ha dejado de recibir golpes. Dimitió la concejala de Urbanismo; dimitió la directora general municipal; dimitió el funcionario autonómico que examinaba los expedientes. Son al menos tres salidas y «entre otros», según las fuentes jurídicas consultadas. La comisión de investigación municipal ya ha terminado. La de las Corts Valencianes sigue su curso. El propio alcalde fue quien habló por primera vez de «escándalo».
El Escenario Valenciano
A València, el ruido de Alicante llega por dos vías. La primera es parlamentaria: la comisión de investigación de las Corts mantiene abierta la revisión del papel del funcionario autonómico que validaba expedientes, y ahí el PSPV y Compromís tienen argumento para interpelar al Consell de Juanfran Pérez Llorca. La segunda es de desgaste: cada comparecencia judicial refuerza el marco que la oposición quiere instalar, el de un PP que habría convertido la vivienda protegida en un negocio para los suyos. El pacto con Vox no se ha movido por este asunto, pero el expresident Carlos Mazón —diputado en las Corts y protagonista del proceso judicial de la DANA— vuelve a aparecer en una pancarta antes que en un escaño.
La dimensión nacional es evidente. Feijóo figura en el cartel de Compromís y el PP ha convertido la vivienda en uno de sus ejes de confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez. El urbanismo alicantino, además, ya vivió su propio precedente: el caso Brugal, que durante años investigó la relación entre promotores y cargos del PP en la ciudad. Entonces el debate fue de financiación irregular; ahora es de acceso a la vivienda, un terreno donde el Ejecutivo central y las comunidades se disputan competencias y relato.
Queda el calendario. La instrucción sigue abierta, con nuevas diligencias por delante; la comisión de las Corts no ha cerrado sus trabajos; y el ciclo electoral asoma con candidatos ya designados. El PP de Alicante necesita que el caso deje de ser noticia antes de que empiece la campaña. Compromís ya ha decidido que sea uno de sus temas.
Ficha del Caso
- El caso: el reparto de los pisos de Les Naus, promoción de vivienda protegida en la Playa de San Juan de Alicante, está bajo investigación judicial desde principios de 2026.
- Datos importantes: 18 investigados; 45 minutos de declaración de la cúpula de la cooperativa; 12 áticos en la promoción; al menos tres dimisiones, entre ellas la de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez.
- Resumen: la cooperativa desliga al PP del reparto y Compromís exige expropiar los pisos para el parque público. El caso judicial y la comisión de las Corts siguen abiertos.
