EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Senado invocó este lunes la cloture (la moción que cierra el debate e impide el bloqueo por filibusterismo) sobre la Bipartisan American Affordability and Jobs Act por 73 votos a favor y 25 en contra. La votación final de la ley sigue pendiente.
- ¿Quién está detrás? Los negociadores Shelley Moore Capito, Mike Lee, Sheldon Whitehouse y Martin Heinrich, con el respaldo explícito de Donald Trump y el voto favorable de 22 senadores demócratas.
- ¿Qué impacto tiene? Menos plazos y menos litigios para gasoductos, redes eléctricas y plantas en EE. UU.; para España, un mercado de gas natural licuado con menos cuellos de botella y un precedente directo para su propia reforma de permisos.
El Senado desbloquea por 73-25 la ley de permisos energéticos que reordena gasoductos, redes y plantas en EE. UU.
Qué se votó el lunes y por qué hacen falta 60 votos
La votación llegó el lunes por la noche y era, en apariencia, un trámite: invocar la cloture, la moción que cierra el debate y abre la puerta a la votación final. El texto, de casi 500 páginas, necesitaba 60 votos para superar el filibusterismo —el mecanismo del Senado que exige una mayoría cualificada para cerrar cualquier debate y bloquea así la mayoría simple de 51—. Obtuvo 73. La ley se llama Bipartisan American Affordability and Jobs Act y en el Capitolio todo el mundo la conoce por sus siglas: BAAJA.
Veintidós demócratas votaron a favor. Solo un republicano, Mike Rounds (Dakota del Sur), votó en contra. Detrás del acuerdo hay cuatro nombres que llevan meses cosiendo el texto: Shelley Moore Capito (Virginia Occidental), Mike Lee (Utah), Sheldon Whitehouse (Rhode Island) y Martin Heinrich (Nuevo México).
Eso sí, el sí del lunes no es un compromiso con la ley. Varios senadores que votaron a favor de cerrar el debate han avisado de que todavía no han decidido su voto final. Los promotores calculan que necesitan entre 15 y 20 demócratas firmes para después mover la Cámara de Representantes, donde el texto afronta su verdadera cuesta.
Lo que cambia de verdad: de la NEPA a los centros de datos
La ley reforma la NEPA —la Ley de Política Medioambiental Nacional que Richard Nixon firmó en 1970 y que obliga a evaluar el impacto ambiental de cualquier gran actuación federal—, además de la Ley de Aguas Limpias, la Ley de Preservación Histórica Nacional, y la Ley de Especies Amenazadas. Acorta la ventana para litigar contra esos estudios y empuja la construcción de líneas de transmisión.
Dos cláusulas explican por qué el texto ha sobrevivido. Una dificulta al presidente revocar permisos ya concedidos, una exigencia demócrata ante los frenazos de Donald Trump a la eólica. La otra impide que los centros de datos trasladen su factura eléctrica a los consumidores domésticos.
La reforma de permisos no es una ley de energía: es la ley que decide si Estados Unidos puede seguir construyendo algo.
El texto que se votó no es el original. El fin de semana, los negociadores presentaron una enmienda de gestión (manager’s amendment, el mecanismo con el que se retoca un proyecto sin volver a empezar) con ajustes pactados con tribus, eléctricas y ecologistas: más plazo para objetar estudios y un programa de asistencia a comunidades con centros de datos en el Departamento de Energía, además de la retirada de la definición más polémica de ‘propiedad de importancia religiosa o cultural tradicional’.
La enmienda no desarmó a la oposición ecologista. Sierra Club, League of Conservation Voters y The Wilderness Society mantuvieron su rechazo y pidieron a los senadores que no corrieran. Las asociaciones tribales siguen en contra, aunque el activista Julian Brave Noisecat habló de ‘un esfuerzo real de compromiso’. El Edison Electric Institute, que agrupa a las grandes eléctricas del país, sí dio su apoyo: es la primera vez que el sector respalda una reforma así después de haber tumbado la de Joe Manchin y John Barrasso.
Minutos antes del voto, Donald Trump dijo que no aprobará ningún parque eólico y llamó a esos proyectos ‘perdedores’. Horas antes había respaldado la ley en un comunicado de la Casa Blanca que la calificaba de ‘GRAN VICTORIA PARA LA INDEPENDENCIA Y EL DOMINIO ENERGÉTICO DE EE. UU.’ y prometía codificar su agenda America First para gasoductos, minas y centrales.
La Lógica de Washington
En Washington la pregunta no es si la ley es buena para el clima o para el petróleo. Es si el país puede seguir construyendo algo. Los centros de datos de la inteligencia artificial han disparado la demanda eléctrica, la red tiene tramos con medio siglo encima y la NEPA, pensada para otra economía, se ha convertido en el cuello de botella que atasca desde una línea de transmisión hasta una planta de gas. Trump necesita la ley porque su promesa de dominio energético no se cumple sin tuberías ni cables.
La coalición que la sostiene es la misma que naufragó en 2024 con Manchin y Barrasso: gas de Appalachia, suelo federal de Utah, eólica marina y transmisión. El precedente está en 1973, cuando el Congreso tuvo que aprobar una ley específica, la del gasoducto de Alaska, para saltarse los litigios ambientales que bloqueaban la obra. Washington repite el manual: cuando el país no puede construir, el Legislativo legisla proyecto a proyecto. Y lo hace con una coalición que no es ideológica sino física.
Para España el impacto llega por dos vías. La primera es el gas: España es uno de los mayores compradores europeos de gas natural licuado estadounidense, y cada gasoducto o terminal que se desatasque abarata el precio de referencia que pagan industrias y hogares. La segunda es la red. Iberdrola, a través de Avangrid, opera transmisión y renovables en EE. UU. y compite por permisos federales; ACS, vía Turner, construye centros de datos; Ferrovial puja por infraestructura de transporte. Un marco federal más rápido les da calendario.
La lectura estratégica es otra. Bruselas lleva dos años discutiendo su propia reforma de permisos y mira lo que hace el Senado. Si Washington demuestra que se pueden acortar plazos sin desmantelar la evaluación ambiental, el argumento europeo cambia de sitio. El calendario manda. La votación final del Senado debe llegar en los próximos días y después el texto pasa a la Cámara, que es otro país. Varios demócratas preferirían esperar al Congreso que se constituye el 3 de enero de 2027, convencidos de que allí negociarán mejor. Los promotores replican que no habrá otro texto que Trump firme. Si la ley cae ahora, la próxima ventana realista se aleja años.
Ficha del Caso
- El caso: El Senado cerró el debate de la Bipartisan American Affordability and Jobs Act, la mayor reforma federal de permisos en medio siglo, con respaldo de republicanos, demócratas, eléctricas y parte del movimiento ecologista.
- Datos clave: 73-25 en la votación de cloture; 22 demócratas a favor y un solo republicano en contra (Mike Rounds); umbral de 60 votos; texto de casi 500 páginas que reforma la NEPA, la Ley de Aguas Limpias y la de Especies Amenazadas; votación final pendiente y después la Cámara de Representantes.
- Para España: un mercado de gas licuado estadounidense con menos cuellos de botella y un precedente directo para la reforma de permisos que discute Bruselas; Iberdrola, ACS y Ferrovial compiten por licencias y contratos en EE. UU.
